Comenzó el juicio a un abogado por intento de chantaje vinculado a un caso de violencia de género

Este lunes comenzó en Esquel un juicio con fuertes implicancias éticas y jurídicas: el abogado Enrique Haroldo Paredes está siendo juzgado por tentativa de chantaje, acusado de exigir una suma millonaria a un cliente ajeno, bajo amenaza de formular denuncias penales que, según él, podrían “arruinarle la vida”. La causa es llevada adelante por la fiscal María Bottini y la procuradora Cecilia Bagnato, quienes consideran que el acusado utilizó su rol profesional para presionar y obtener un beneficio económico ilegítimo.

El caso se remonta al 7 de febrero de 2024, cuando Paredes, abogado de una mujer que había sido pareja del hombre en cuestión, llamó a la abogada que lo representaba para exigirle entre cinco y seis millones de pesos. Afirmó que, en caso de no obtener el dinero, iniciaría una demanda por violencia de género y, si esta no prosperaba, avanzaría con una denuncia penal por abuso sexual agravado. A lo largo de la conversación, expresó con contundencia que contaba con pruebas suficientes para lograr una condena y subrayó su experiencia como ex policía, lo cual fue interpretado como un elemento intimidatorio.

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Según la acusación, la presión fue constante y se reiteró el 4 de marzo, cuando envió un mensaje de voz insistiendo en que, si no recibía una respuesta positiva, procedería con la presentación judicial. Esta conducta, para la Fiscalía, configura un claro intento de chantaje que, aunque no se concretó por la negativa de la abogada y su cliente a pagar, quedó en grado de tentativa y amerita reproche penal.

Uno de los puntos clave del debate gira en torno a la legalidad del planteo realizado por Paredes. La defensa del imputado sostiene que se trató de una propuesta de acuerdo transaccional y que el cuestionamiento es de orden “ético o moral”, pero no constituye un delito. Sin embargo, tanto la Fiscalía como la querella particular fueron enfáticas al sostener que la legislación argentina prohíbe acuerdos económicos como salida alternativa en casos de abuso sexual, por tratarse de delitos de acción pública y especialmente protegidos por su gravedad y contexto.

De acuerdo con los fiscales, la intención original de la clienta de Paredes era efectivamente realizar una denuncia, pero fue el abogado quien propuso cambiar el curso del procedimiento judicial por un beneficio económico. Para la acusación, esto pone en evidencia una conducta incompatible con el ejercicio profesional y con los principios de justicia.

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El juicio no solo pondrá a prueba los límites entre la negociación extrajudicial y el delito de coacción o chantaje, sino que también reaviva el debate sobre la responsabilidad de los abogados en casos sensibles como los de violencia de género. En este sentido, el caso cobra una dimensión ejemplar por tratarse de un intento de manipulación del sistema judicial y de las víctimas a través de presiones indebidas.

Los próximos días serán clave para el desarrollo del proceso, ya que se espera la declaración de testigos, la presentación de las grabaciones y mensajes de audio como prueba, y el análisis del contexto profesional en el que se produjo el hecho.

Si se comprueba la culpabilidad del abogado, podría enfrentar una condena penal y sanciones disciplinarias que podrían inhabilitarlo para ejercer. Mientras tanto, la abogada denunciante y su cliente decidieron exponer la maniobra ante la Justicia en lugar de someterse a la extorsión, un gesto que ha sido destacado por los fiscales como un ejemplo de integridad frente a la presión.

 Fuente: MPF Chubut