Gobernadores de Neuquén y Río Negro
La Nación destrabó finalmente la reprivatización de cinco represas hidroeléctricas del Comahue, gracias a un acuerdo político con Neuquén y Río Negro. Ambas provincias recibirán un canon del 1% por el uso del agua de los ríos Limay y Neuquén. El pacto viabiliza el proceso licitatorio postergado desde abril por disputas sobre la titularidad de los recursos naturales.
Las centrales involucradas son Chocón-Arroyito, Alicurá, Piedra del Águila y Planicie Banderita, que generan el 25% de la energía hidroeléctrica nacional. El Gobierno nacional publicará los pliegos de licitación en los próximos días. El Ministerio de Economía y las gobernaciones cerraron filas para evitar un nuevo obstáculo político.
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Durante meses, las provincias exigieron participación accionaria en base al artículo 124 de la Constitución, que les otorga propiedad sobre sus recursos. Nación no cedió en ese punto, pero aceptó un mecanismo de compensación económica. La presión provincial se sostuvo mediante leyes locales que fijaban cánones por el uso del agua.
En Neuquén se estableció un valor de US$ 0,0050 por metro cúbico. En Río Negro, el canon fue del 5% de lo facturado al Mercado Eléctrico Mayorista. Ninguna de estas normas fue reglamentada, pero funcionaron como herramientas de presión en la negociación.
El presidente Javier Milei firmó en 2024 el decreto 718 que descartó cualquier injerencia provincial en las empresas a reprivatizar. La normativa ordenó a la Secretaría de Energía iniciar la licitación y transfirió las acciones de Enarsa y Nucleoléctrica Argentina. Esto forma parte de la retirada estatal promovida en el marco de la Ley Bases.
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El nuevo esquema de concesión incluye el cobro de regalías del 12% por parte de las provincias, pagaderas incluso en especie. Ese porcentaje proviene directamente de la venta de energía al sistema. Nación defendió este modelo como razonable y compatible con el federalismo fiscal.
Uno de los aspectos técnicos más destacados es el precio diferencial que deberán aplicar las nuevas concesionarias. Durante dos años, deberán vender el 95% de la energía producida para cubrir la demanda residencial a precios regulados. El costo se ubicaría entre US$ 15 y 20 por megawatt hora.
El precio acordado está muy por debajo del promedio actual de mercado, que ronda los US$ 68 por megawatt. Esto apunta a contener las tarifas y reducir la carga de subsidios sobre el Tesoro. El 5% restante podrá venderse a precio libre recién en el último trimestre del año.
A partir de ese punto, se habilitará un mecanismo progresivo que permitirá ampliar el margen de libre comercialización. Cada año o cada 24 meses, el porcentaje de energía que podrá negociarse libremente aumentará un 10%. Esto intenta compatibilizar objetivos fiscales con señales de mercado.
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La estrategia oficial busca evitar aumentos abruptos en las facturas de luz, que podrían generar un fuerte impacto social. También intenta disminuir la necesidad de subsidios en un contexto de ajuste del gasto público. La transición hacia un modelo de precios mixtos busca mantener el equilibrio entre inversión privada y protección al usuario.
El acuerdo con las provincias se presenta como un éxito político de la Casa Rosada, tras varios frentes abiertos con gobernadores patagónicos. La licitación había sido demorada por la falta de consenso. Ahora solo resta completar trámites administrativos para publicarla oficialmente.
Desde el punto de vista de las provincias, se logró al menos un reconocimiento económico concreto por la utilización del agua. Si bien quedaron fuera del paquete accionario, obtuvieron regalías y un canon nuevo. El entendimiento político les permite mantener cierto control sobre los recursos que consideran propios.
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