

Chubut impulsa una ley para crear la figura del agente encubierto digital contra el cibercrimen
Policiales22/06/2025


El Gobierno del Chubut presentó en la Legislatura un proyecto de ley que propone la creación del Agente Encubierto Digital, una figura procesal clave para enfrentar el avance del cibercrimen y el crimen organizado en entornos digitales. Esta herramienta, de carácter excepcional y regulado, permitirá que un funcionario autorizado actúe en redes sociales, foros o plataformas cerradas mediante identidades falsas, con el objetivo de detectar y documentar conductas delictivas ya iniciadas o en preparación.


La propuesta surgió como respuesta a la creciente sofisticación de los delitos cometidos a través de medios digitales, especialmente aquellos vinculados al grooming, la trata de personas, la extorsión online, el fraude informático y la distribución de material ilegal. De aprobarse, colocaría a la provincia entre las pocas jurisdicciones argentinas con un marco legal específico para el uso de agentes encubiertos en la esfera virtual.
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De acuerdo con el texto legislativo, la autorización para desplegar esta figura deberá ser solicitada por el fiscal interviniente y aprobada por un juez, quien evaluará la proporcionalidad, necesidad y legitimidad del recurso. El agente digital podrá infiltrarse en espacios virtuales cerrados, simular transacciones económicas, intercambiar material ilícito o incluso participar de conversaciones comprometedoras, siempre con fines probatorios y dentro de los límites establecidos.
Uno de los aspectos más sensibles del proyecto reside en el uso de identidades falsas y la eventual comisión de delitos por parte del agente. En este sentido, se aclara que el infiltrado no podrá inducir la comisión de nuevos ilícitos, sino que su rol estará limitado a registrar hechos en curso o en preparación. A su vez, si como consecuencia inevitable de su actuación incurriera en un delito, no será penalmente responsable siempre que sus acciones sean proporcionales, necesarias y no causen daños físicos o psicológicos a terceros.
El plazo de actuación será de 90 días, con posibilidad de prórroga por un período similar. Vencido ese lapso, el juez deberá evaluar si corresponde renovar la autorización o si la medida ya cumplió sus objetivos. El agente encubierto digital quedará sujeto a protocolos de documentación estricta y control institucional, con obligación de remitir toda la evidencia recopilada al Ministerio Público Fiscal.
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La iniciativa se encuentra actualmente en análisis en la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia de la Legislatura, donde se estudian sus alcances constitucionales, garantías procesales y mecanismos de control. Desde el Ejecutivo destacan que se trata de una herramienta moderna y necesaria frente a la expansión de delitos que muchas veces no pueden ser detectados por métodos tradicionales de investigación.
La propuesta ha generado interés en distintos sectores del Poder Judicial y de las fuerzas de seguridad provinciales, que advierten la falta de instrumentos legales adecuados para actuar en tiempo real en entornos virtuales. Con la irrupción de redes cifradas, cuentas anónimas y criptomonedas, las prácticas delictivas se han complejizado, lo que demanda marcos normativos capaces de responder con eficacia sin vulnerar derechos fundamentales.
Además, se señala que el agente encubierto digital no sustituye otras herramientas investigativas, sino que se integra como un recurso complementario en casos donde exista una sospecha fundada y se requiera actuar con rapidez para evitar que los hechos se consumen. Su aplicación también deberá seguir principios de estricta legalidad, necesidad, proporcionalidad y supervisión judicial constante.
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De prosperar en la Legislatura, la norma abriría el camino para que Chubut cuente con un esquema legal claro para la infiltración digital, respetando garantías y preservando pruebas que permitan una adecuada persecución penal. La figura del agente encubierto digital representa una frontera jurídica aún en evolución en la Argentina, donde su regulación a nivel federal y provincial es dispar y suele estar rodeada de debates sobre su legitimidad, eficacia y riesgos potenciales.
Con esta propuesta, el gobierno provincial busca fortalecer el sistema de justicia frente a nuevas modalidades de criminalidad digital, preservando el equilibrio entre seguridad y derechos en un escenario tecnológico que avanza más rápido que las normas. La discusión parlamentaria será clave para pulir detalles, garantizar controles eficaces y dotar a Chubut de un instrumento que permita actuar con precisión frente a delitos cada vez más invisibles y dañinos.









