La trama de los molinos: Cómo el viento de Chubut terminó en el bolsillo Macri

El viento patagónico mueve turbinas, pero también movió millones. En pleno mandato presidencial, empresas vinculadas al grupo Macri compraron proyectos eólicos sin pasar por licitación pública.

Las maniobras se hicieron en silencio, sin antecedentes ni control. Las firmas Usir Argentina, Sideli y Sidsel adquirieron seis parques originalmente adjudicados a la española Isolux Corsán.

Los proyectos incluían los parques Loma Blanca I, II, III y IV, ubicados en Chubut, además de otros emprendimientos en Buenos Aires y Miramar. Todas estas operaciones se concretaron en pocos meses.

Las sociedades no tenían experiencia en energía. Se crearon casi al mismo tiempo que las compras y fueron usadas para revender los activos con una ganancia estimada de 48 millones de dólares.

Los indicios apuntan a uso de información privilegiada. Las adquisiciones se dieron mientras el gobierno nacional lanzaba licitaciones bajo el programa RenovAr.

La denuncia llegó al fuero federal. Los diputados Rodolfo Tailhade y Martín Doñate presentaron una demanda penal en Comodoro Py contra Mauricio Macri, su hermano Gianfranco y otros actores cercanos.

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El expediente recayó en el juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi, con intervención del fiscal Eduardo Taiano. Se incorporaron documentos oficiales y declaraciones clave.

Entre los testimonios figura el del entonces ministro de Energía, Juan José Aranguren. También fue citado Mariano Macri, hermano del expresidente, aunque no ratificó las acusaciones que había hecho en su libro El Hermano.

Uno de los puntos más turbios es un préstamo de 5 millones de dólares que Usir Argentina le otorgó a Gianfranco Macri. Para los denunciantes, fue un posible pago encubierto.

Pese a la documentación reunida, la causa sigue estancada. Mauricio Macri nunca fue citado ni como imputado ni como testigo. El expediente continúa abierto, pero sin movimiento.

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La última acción judicial fue en 2021, cuando Tailhade insistió en llamar a indagatoria al exmandatario. El juzgado no respondió.

Mientras tanto, los parques de Chubut siguen generando energía y beneficios. Las empresas que los adquirieron continúan facturando con recursos naturales adjudicados en condiciones dudosas.

Este caso dejó al descubierto una modalidad de negocio con recursos públicos. Se trató de transferencias rápidas, sin controles y sin antecedentes, en medio de una política energética impulsada por el propio gobierno.

La doble vara judicial vuelve a escena. Mientras algunas causas avanzan con celeridad, otras quedan congeladas. El poder económico y político sigue pesando.

Así como la obra pública marcó la agenda judicial del kirchnerismo, ahora los negocios verdes del macrismo también tienen su propio expediente.

Chubut, nuevamente, quedó en el centro de una historia donde el Estado adjudica y el negocio queda en pocas manos. Y la Justicia, como tantas veces, sigue sin resolver.