Chaves, acorralado por acusaciones judiciales y sospechas de financiamiento ilícito

El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, fue acusado esta semana por la Fiscalía junto a seis funcionarios y diputados oficialistas por presunto financiamiento ilegal durante la campaña de 2022, según reveló el podcast Noticias de América de Radio Francia Internacional. Las denuncias apuntan a maniobras que habrían buscado esquivar los controles del Tribunal Supremo de Elecciones.

La acusación sostiene que se usaron estructuras paralelas y cuentas personales para financiar al Partido Progreso Social Democrático, violando los mecanismos de transparencia electoral. La investigación desató un nuevo capítulo de tensión política, con Chaves enfrentado a la Corte Suprema y al Congreso.

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Francisco Dall'Anese, exfiscal general de Costa Rica, advirtió que el mandatario intenta frenar los múltiples procesos judiciales en su contra. “El presidente no tiene solo esa acusación, sino que acumula, creo, más de 60 acusaciones en el Ministerio Público”, afirmó en diálogo con RFI.

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Chaves reaccionó con dureza, acusando a los demás poderes del Estado de bloquear sus planes de gobierno. Para Dall'Anese, se trata de una estrategia para “sustraerse de los controles normales que tiene toda administración pública”.

El caso también salpica al entorno judicial del país. Celso Gamboa, exministro y exmagistrado, fue arrestado por pedido de extradición de Estados Unidos por cargos de narcotráfico. Gamboa ejerció funciones de alto nivel entre 2013 y 2018 y su detención desató un uso político del caso.

El gobierno intentó atribuirse el mérito de la captura, aunque el procedimiento fue ejecutado por la Policía Judicial tras una orden del Poder Judicial. “En nada ha tenido que ver el Poder Ejecutivo”, aclaró Dall'Anese, cuestionando el relato oficial.

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Chaves, además, presentó en dos ocasiones un proyecto de ley que le permitiría eludir controles sobre fondos estatales. La movida encendió las alarmas en sectores políticos y judiciales por su impacto institucional.

En paralelo, Costa Rica atraviesa una crisis de seguridad inédita. En 2024 registró una tasa de homicidios de 16,6 por cada 100 mil habitantes, el doble del promedio mundial, en un país que hasta hace poco era considerado el más seguro de Centroamérica.

El aumento del narcotráfico y el debilitamiento de los controles estatales generan preocupación creciente en una región convulsionada. La figura del presidente, lejos de fortalecerse, parece cada vez más erosionada por sus propios frentes judiciales.

Material publicado por gentileza Radio Francia Internacional