Casa Rosada
La Casa Rosada amaneció este martes bajo un fuerte operativo de seguridad. Javier Milei convocó a una nueva reunión de Gabinete tras el fallo que obliga a la Argentina a entregar el 51% de las acciones de YPF a beneficiarios del litigio por la expropiación de 2012. La decisión fue dictada por la jueza Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York, y dio al país dos semanas para cumplir con la cesión.
El encuentro comenzó a las 9.30 en el Salón Eva Perón. El primero en llegar fue Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación, incluso antes que el propio Milei. Lo siguieron figuras centrales del elenco libertario como el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; la secretaria general, Karina Milei; y los ministros Cúneo Libarona (Justicia), Lugones (Salud) y Luis Caputo (Economía).
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También participó el asesor Santiago Caputo, quien fue visto fumando antes de ingresar al edificio presidencial, donde se cruzó con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. La relación con Menem continúa tensa por el control de las listas para las elecciones legislativas.
Hasta el momento no se sumaron al cónclave los ministros Patricia Bullrich, Luis Petri y Gerardo Werthein. Este último está abocado a la organización de la Cumbre del Mercosur, que se desarrollará en el Palacio San Martín entre el 2 y el 3 de julio con la presencia de cancilleres, ministros económicos y jefes de Estado.
La sentencia de Preska reactivó el conflicto por la nacionalización de YPF y aceleró los tiempos en Balcarce 50. El fallo, en línea con una advertencia de comienzos de año, exige identificar activos estatales como el oro y acciones de otras empresas. La presentación judicial fue impulsada por los demandantes que buscan cobrar el monto fijado por la indemnización pendiente.
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Milei no tardó en reaccionar y apuntó contra Axel Kicillof, autor del anuncio de estatización durante el segundo mandato de Cristina Kirchner. “Yo advertí que el soviético es un pelotudo”, lanzó el Presidente en redes sociales, en alusión al gobernador bonaerense. Además, reafirmó que defenderá “los intereses nacionales” y que apelará el fallo.
La estrategia jurídica está en plena formulación. El equipo legal del Estado será quien encarne la respuesta, aunque el actual procurador del Tesoro, Santiago Castro Videla, se marginó. Su rol genera ruido, ya que integró el estudio de Alberto Bianchi, testigo de Burford Capital en el juicio contra la Argentina.
Con el reloj corriendo y la presión externa en aumento, el Gobierno busca una salida política y legal que contenga el costo económico y simbólico del fallo, al tiempo que reaviva los debates internos sobre la herencia del kirchnerismo y la administración de empresas estatales.
Fuente: Infobae
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