El insólito y verdadero intento de una matanza de pingüinos en Chubut

En 1982, una empresa japonesa impulsó un proyecto para industrializar pingüinos en Camarones. El repudio fue masivo. La polémica cruzó fronteras y terminó archivada... por la guerra.

En febrero de ese año, en plena dictadura militar, la provincia del Chubut fue escenario de uno de los episodios más insólitos y controvertidos en la historia reciente del vínculo entre naturaleza, política y negocios: el intento de industrializar la carne de pingüinos de Magallanes para la elaboración de suplementos proteicos. La empresa japonesa Hinode Penguins, representada en Argentina por el empresario Ricardo Larrea, presentó ante el gobierno del contralmirante Niceto Echauri Ayerra un proyecto que preveía la faena anual de 48.000 ejemplares en una planta a instalarse en las afueras de Camarones, sobre la costa atlántica patagónica.

El contexto de esta propuesta no podía ser más delicado. Por un lado, regía desde 1974 el decreto nacional 1216 que prohibía expresamente la caza y captura de ciertas especies marinas, entre ellas pingüinos, lobos y elefantes marinos. Por otro, los organismos nacionales de conservación como la Dirección Nacional de Fauna Silvestre y el Instituto Nacional de Investigación Pesquera no habían sido consultados formalmente. Aun así, el gobierno nacional, a través de la Secretaría de Recursos Marítimos, había dado señales favorables al avance del plan, lo que generó alarma en sectores conservacionistas y científicos.

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Ricardo Larrea fue el principal impulsor de la iniciativa, que recibió inesperados respaldos de entidades como la Cámara de Comercio de Trelew y parte del empresariado local. En Camarones, el intendente Jorge C. Barrera no sólo apoyó públicamente el proyecto, sino que organizó reuniones para evaluar las posibilidades económicas que ofrecería la planta faenadora. “El pueblo de Camarones no se ha manifestado en contra de esta ni de ninguna otra proyección que signifique el afianzamiento de su economía”, argumentó Barrera en una carta pública, refutando la opinión contraria de su antecesora, Inés Moller de Tschudy.

El debate, que al principio se desarrollaba en las páginas provinciales, estalló a nivel nacional cuando el diario La Nación calificó el plan como un “insólito proyecto” y lo denunció como un atropello ecológico. En su editorial del 18 de febrero, el periódico apuntó directamente contra la permisividad del gobierno chubutense y advirtió sobre el riesgo de repetir experiencias pasadas que casi llevaron a la extinción del lobo marino. El artículo remarcaba que ni siquiera se había solicitado opinión técnica a los organismos pertinentes, como la Dirección Nacional de Fauna.

Mientras tanto, el secretario general de la Gobernación de Chubut, capitán de navío (R) Roque Arbizu, intentaba calmar los ánimos. En una conferencia de prensa celebrada en Comodoro Rivadavia el 23 de febrero, declaró que “no se ha tomado ninguna decisión” y que se promovería un amplio debate, incorporando opiniones científicas, ecológicas y económicas. Arbizu recalcó que “lo importante es el manejo racional del recurso natural” y que la provincia no resolvería el asunto en soledad.

Pero los cuestionamientos se multiplicaban. Organizaciones ambientalistas como la Fundación Vida Silvestre Argentina advertían que Hinode Penguins no desistiría del proyecto, sino que aguardaría una coyuntura política más favorable. La controversia escaló al punto de que el juez contencioso administrativo Adolfo Guido Lavalle recibió un amparo del ciudadano Juan Schroeder solicitando la nulidad del plan y la garantía de cumplimiento del decreto 1216/74. En respuesta, el propio presidente de facto, Leopoldo Fortunato Galtieri, por medio del coronel Adolfo Ernesto Álvarez, contestó que no se proyectaba ninguna modificación de la legislación vigente, y que cualquier reforma debería contar con la aprobación de Fauna Silvestre.

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Sin embargo, algunas expresiones de Echauri Ayerra no hicieron más que agravar el conflicto. En declaraciones públicas, el gobernador afirmó que temía que los pingüinos “avanzaran sobre las ciudades” y los calificó de “aves depredadoras”, en una mezcla de ignorancia y desprecio que despertó burlas de los medios nacionales. La situación tomó ribetes grotescos cuando el diario Jornada publicó una nota sobre la muerte de un pingüino en Playa Unión y difundió una foto trucada de pingüinos caminando por las calles de Trelew, ironizando sobre la supuesta amenaza que representaban.

En paralelo, comenzaron a conocerse otros estudios realizados por el INTA Trelew, esta vez relacionados con el guanaco. Este animal, tradicionalmente considerado una “plaga” por los ganaderos de la meseta y la Península Valdés por su competencia con el ganado ovino por el agua, estaba siendo evaluado como posible fuente de proteínas para la elaboración de alimentos. La sola idea de sumarle al pingüino otra especie patagónica a la lista de recursos “aprovechables” disparó la indignación de naturalistas, ambientalistas y científicos.

A comienzos de marzo, el gobierno de Chubut retrocedió. Echauri Ayerra anunció que, dado que el decreto 1216/74 seguía en vigencia y salvo recomendación científica explícita, no autorizaría la explotación comercial de los pingüinos. El Ministerio de Economía provincial formalizó la prohibición de toda actividad faenadora vinculada a Hinode Penguins. Sin embargo, la empresa no desistió oficialmente del proyecto: anunció que aguardaría un momento más propicio para insistir.

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El tema, que ya había ganado espacio en la prensa nacional e internacional, fue finalmente desplazado de la agenda por un hecho mayor: el desembarco argentino en las Islas Malvinas el 2 de abril de 1982. El estallido de la guerra eclipsó por completo la discusión ambiental, y el proyecto quedó sepultado bajo los escombros de una aventura bélica que marcó a fuego la historia del país.

Así, la historia del intento de matar 48.000 pingüinos de Magallanes para fabricar suplementos proteicos en plena dictadura quedó como una postal absurda del autoritarismo, la codicia empresarial y la falta de sensibilidad ecológica. Un capítulo oscuro que, aunque breve, condensó muchas de las miserias de una época.