La “Operación Langostino”: el día que la Argentina descubrió el narcotráfico a gran escala

El 12 de julio de 1988, la Policía Federal secuestró 587 kilos de cocaína camuflados en cajas de langostinos. Detrás de esa carga estaba el cartel de Medellín. Fue el primer gran operativo antidroga en el país y dejó una sombra que aún persiste.

El martes 12 de julio de 1988, en medio de la rutina portuaria y empresarial, la Argentina se despertó con una noticia que cambiaría su historia criminal. La Policía Federal, con apoyo de la DEA, allanó depósitos en Avellaneda y la Ciudad de Buenos Aires y secuestró 587 kilogramos de cocaína de máxima pureza. La droga estaba cuidadosamente oculta en cajas de langostinos y mariscos congelados, listas para embarcar hacia Estados Unidos.

Ese operativo, bautizado como Operación Langostino, reveló por primera vez el nivel de sofisticación y volumen con el que los carteles internacionales —especialmente el de Medellín— ya operaban en el país.

El informante que destapó la red: La clave para el éxito del operativo fue un hombre, el de Carlos Savignon Belgrano, fotógrafo y colaborador de la DEA. Su papel fue decisivo en identificar las rutas, los depósitos y los nombres involucrados. El gobierno de Estados Unidos lo consideraba un informante confiable y su accionar permitió uno de los decomisos más grandes hasta entonces en el país.

Savignon Belgrano falleció el 10 de abril de 2023, el mismo día en que debía presentarse a una reunión de trabajo en la Aduana, donde seguía vinculado profesionalmente.

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Uno de los condenados fue el colombiano John Alberto Arroyave Arias, señalado por la DEA como el enviado de Pablo Emilio Escobar Gaviria para controlar el embarque. Su papel fue confirmado en la instrucción judicial y recibió una condena de 13 años de prisión. La cocaína había llegado desde Bolivia, otro punto clave de la ruta del narcotráfico en Sudamérica.

La operación no sólo comprometió a actores internacionales. Entre los detenidos se encontraba Emilio José Puerto, dirigente del SOMU (Sindicato de Obreros Marítimos Unidos), quien recibió una condena de 12 años. Puerto era copropietario de la agencia de seguridad VIP’s, que tenía estrechos lazos con Jorge Antonio, dueño de la empresa pesquera Estrella de Mar, señalada como parte de la maniobra exportadora de la droga.

Jorge Antonio era un empresario histórico, íntimo amigo de Juan Domingo Perón, y había retornado al país desde España poco antes del operativo. La empresa Estrella de Mar funcionaba como una pantalla perfecta para el camuflaje del cargamento ilícito.

Recién en 1996, la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico confirmó las condenas para los ocho principales acusados. Las penas fueron ejemplares:

20 años para Jorge Alonso; 18 años para Alberto Fagoaga y Walter Karlikowski; 17 años para Eduardo Ulloa; 13 años para John Arroyave Arias; 12 años para Emilio Puerto; 11 años para Roberto Quesada y 7 años y medio para Eduardo Kobylarz.

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El proceso judicial se extendió por casi ocho años, lo que reflejó la magnitud y complejidad del caso.

Una vez cumplida su condena, Emilio Puerto logró volver a insertarse institucionalmente. Lo hizo en el mismo ámbito que lo había vinculado con la causa: el sector pesquero. Fue incorporado como inspector del Distrito de Pesca de la Nación en Mar del Plata, encargado del control y la fiscalización de embarques y faenas pesqueras.

Ese regreso generó una ola de indignación y críticas, pero también evidenció la ausencia de filtros administrativos y la influencia de ciertos sectores sindicales, como el SiMaPe, que históricamente tuvo peso en las estructuras del distrito.

El Distrito de Pesca, donde trabajó Puerto, ha sido descripto por operadores del sector como una de las “cajas más jugosas de la pesca marplatense”, y los inspectores, como el sostén estructural del SiMaPe. Desde hace años, el gremio promueve nombres propios para dirigir la oficina, y Emilio Puerto ha sido propuesto para ocupar la jefatura.

Hoy, más de tres décadas después, el Distrito de Pesca de Nación en Mar del Plata sigue sin resolverse institucionalmente. Siguen en funciones Jorge Canale, director de la gestión anterior, y Ayelén Fortunato, de Recursos Humanos, que en los hechos comparten la conducción. La ausencia de nombramientos oficiales, a pesar del cambio de Subsecretario de Pesca, genera una situación de anarquía operativa.

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La Operación Langostino sigue siendo, hasta hoy, un hito fundacional del narcotráfico en Argentina. Su huella aparece en múltiples causas posteriores. Uno de los expedientes más resonantes fue la causa 45/2017, instruida por el juez Néstor Barral, donde se procesó al ex futbolista Mauricio “Chicho” Serna, y a la viuda e hijo de Pablo Escobar Gaviria. Allí volvió a surgir el nombre de John Arroyave Arias como nexo histórico entre Colombia y Buenos Aires.

A pesar de su relevancia, la Operación Langostino ha quedado marginada del relato público sobre el narcotráfico en Argentina. No existen placas, no hay recordatorios institucionales y sus protagonistas, incluso los condenados, han podido volver a circular por las estructuras del Estado sin mayores consecuencias.

La historia demuestra que la impunidad también puede ser reciclada, y que cuando no se fortalecen los controles, el pasado siempre puede regresar.