Sandra Arroyo Salgado.
La jueza federal Sandra Arroyo Salgado fue denunciada ante el Consejo de la Magistratura por “mal desempeño en el ejercicio de sus funciones”. La acusan de haber ordenado detenciones arbitrarias, allanamientos sin justificación clara y el uso desproporcionado del sistema judicial para criminalizar a militantes políticos.
La presentación la hicieron los diputados Mariano Recalde y Vanesa Siley, integrantes del Consejo. Ambos señalaron que las acciones de Arroyo Salgado responden a una lógica persecutoria impulsada por el oficialismo nacional.
La causa judicial se originó tras un escrache frente al domicilio del diputado José Luis Espert. Un grupo colocó un pasacalle y depositó bosta en la vereda. Eso bastó para que se activaran operativos policiales, allanamientos y detenciones.
“Lo que hicieron, como máximo, podría representar una contravención municipal”, señalaron Recalde y Siley. A pesar de eso, cinco personas fueron arrestadas e incomunicadas en el penal de Ezeiza, un establecimiento de máxima seguridad.
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Entre las detenidas figura Alesia Abaigar, funcionaria del Ministerio de Mujeres de la Provincia de Buenos Aires. Fue apresada el 27 de junio, alojada en una alcaidía y luego trasladada a Ezeiza. Dos horas después de la denuncia, la jueza ordenó su arresto domiciliario.
Otra de las apresadas es Eva Mieri, presidenta del bloque de concejales de Unión por la Patria en Quilmes. Además, integra La Cámpora y es secretaria general del PJ en ese distrito. Su arresto se produjo tras un allanamiento en su domicilio y su despacho municipal.
La intendenta Mayra Mendoza repudió el accionar de la jueza. “Esto es una persecución a la militancia política promovida por el gobierno de Milei”, denunció públicamente. La gestión local considera que Arroyo Salgado actúa como una pieza judicial del aparato represivo nacional.
La situación generó preocupación en los sectores opositores. Organizaciones políticas, sociales y gremiales comenzaron a exigir la inmediata liberación de los detenidos y el cierre de la causa.
Completan la lista de detenidos Aldana Muzzio y Candelaria Montes, militantes peronistas de 45 y 24 años, respectivamente, junto a Iván Díaz Bianchi, un empleado administrativo de 22 años.
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Desde el entorno de los acusados insisten en que se trató de una expresión política pacífica. No hubo violencia ni daños, y la intervención judicial fue, a todas luces, excesiva.
La Cámara Federal de San Martín revisa las órdenes de Arroyo Salgado. El tribunal podría declarar la nulidad de las detenciones si considera que fueron irregulares.
El Consejo de la Magistratura deberá evaluar ahora la conducta de la jueza. Si la denuncia avanza, podría enfrentar un proceso disciplinario por violar derechos y garantías constitucionales.
Arroyo Salgado aún no respondió públicamente. Su nombre, sin embargo, volvió a quedar en el centro de la escena judicial y política del país.
La denuncia expone un clima de tensión creciente entre el oficialismo y la oposición. La persecución a la militancia aparece como una bandera de alerta para los sectores que resisten las políticas de Javier Milei.
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