
ANSES endurece controles y advierte que dará de baja pensiones por discapacidad
Actualidad07/07/2025

ANSES ajustó los controles sobre las pensiones por discapacidad y anunció que dará de baja a quienes no cumplan con los nuevos requisitos. La medida impacta sobre las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez, y rige tanto para nuevos solicitantes como para quienes ya las perciben.

La resolución 187/2025 fue publicada en el Boletín Oficial y entró en vigencia de inmediato. El texto modifica el Decreto 432/1997 e impone condiciones más estrictas para mantener la prestación.
Entre los nuevos requisitos, ANSES exige una incapacidad laboral igual o superior al 66%, acreditada por un Certificado Médico Oficial (CMO) firmado por profesionales de hospitales públicos o la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
También se exige nacionalidad argentina o residencia mínima de 10 años para extranjeros. En el caso de menores con discapacidad, sus padres deben acreditar al menos tres años de residencia en el país.
No podrán acceder quienes perciban otra jubilación o pensión, ni quienes superen los límites de ingresos establecidos. Para menores, el ingreso familiar no debe superar cuatro jubilaciones mínimas, lo que representa aproximadamente $1.200.000 mensuales.
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Los beneficiarios actuales deberán actualizar sus datos en el sistema de Trámites a Distancia (TAD). Quienes no carguen la información médica y legal requerida, perderán automáticamente el beneficio.
“La documentación debe cargarse en tiempo y forma. De lo contrario, se procede a la baja automática”, advirtieron desde ANSES. El trámite es obligatorio y se realiza de manera online.
Los pasos incluyen ingresar al sistema TAD con clave fiscal, subir el DNI, estudios médicos, turnos, y completar una declaración jurada. La presentación debe ser completa y con datos actualizados.
ANDIS publicó un instructivo detallado para guiar a los usuarios. El CMO debe contener diagnóstico clínico, porcentaje de discapacidad y estar firmado por profesionales autorizados. Sin ese documento, el trámite no avanza.
También se informó que quienes no estén registrados en el sistema TAD no podrán renovar el beneficio. La actualización de datos debe ser periódica y coincide con los cruces de información que realiza el Estado.
La medida apunta a “fortalecer la transparencia y mejorar la distribución de recursos”, según indicaron fuentes oficiales. Pero organizaciones sociales alertan que puede dejar afuera a personas en situación de vulnerabilidad.
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Con la inflación de abril en 2,8%, ANSES actualizó los montos de las prestaciones. La PNC quedó en $213.306,75, mientras que la PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor) asciende a $243.779,14.
Ambas pensiones reciben un bono adicional de $70.000, que se suma al haber mensual y se computa también para el cálculo del aguinaldo. Con este refuerzo, los montos finales alcanzan los $283.286,50 y $313.756,06, respectivamente.
Quedan excluidos quienes trabajen de manera informal, cobren otra pensión o incumplan con la entrega de la documentación médica. Además, no se admitirán certificados emitidos por clínicas privadas ni médicos particulares.
Desde ANSES remarcan que los controles buscan “garantizar que los recursos lleguen a quienes realmente lo necesitan”. Pero en los hechos, miles de beneficiarios deberán adaptarse rápidamente o perderán el ingreso.
La decisión se enmarca en un contexto de recortes y ajuste fiscal. El Gobierno ya había anticipado que revisaría todos los programas asistenciales. Ahora apunta directamente al universo de las pensiones por invalidez.
La presión recae sobre sectores que ya atraviesan situaciones complejas. El acceso al sistema online, la carga de trámites digitales y la disponibilidad de turnos médicos representan obstáculos reales para quienes no cuentan con acompañamiento.
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En barrios populares y zonas rurales, la situación es aún más difícil. Muchos beneficiarios no tienen conectividad, medios digitales ni recursos para afrontar los costos del proceso.
Diversas organizaciones de discapacidad exigen que se garantice un mecanismo presencial alternativo. Y advierten que el recorte automático por sistema puede dejar a familias enteras sin sustento.
Los reclamos ya llegaron al Congreso. Diputados de la oposición impulsan pedidos de informes y plantean que el nuevo esquema vulnera derechos consagrados por leyes vigentes.
Mientras tanto, ANSES mantiene firme su postura. Las bajas serán automáticas y no habrá excepciones fuera del marco de la resolución. Quien no cumpla, se queda afuera.






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