La Corte de EEUU habilita a Trump a ejecutar despidos masivos en agencias federales

La Corte Suprema de Estados Unidos le abrió la puerta al presidente Donald Trump para avanzar con su plan de despidos masivos en el aparato estatal. La decisión del máximo tribunal dejó sin efecto una orden previa de una corte inferior que bloqueaba la ejecución de una directiva firmada por Trump, que instruye a los directores de agencias federales a presentar planes de recorte y reorganización. Con esta habilitación judicial, el mandatario vuelve a poner en marcha una de las políticas más polémicas de su agenda: reducir drásticamente la estructura del Estado federal en nombre de la eficiencia y la austeridad.

En su resolución, la Corte señaló que "es probable que el gobierno tenga éxito en su argumento de que la orden ejecutiva y el memorando son legales", y por ello concedió el pedido de reactivación. Aunque la decisión no se pronuncia sobre la legalidad de los despidos puntuales ni de cada reorganización específica, sí permite que el Ejecutivo avance con el diseño e implementación de los cambios, algo que había quedado frenado desde principios de año. La sentencia no hace más que revitalizar el programa que Trump presentó en febrero.

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Ese mismo mes, el presidente había delineado un memorando en el que exigía a los directores de agencias federales que presentaran sus planes iniciales de despido a la Oficina de Administración y Presupuesto (OGA) y a la Oficina de Administración de Personal (OPA) de Estados Unidos. La orden daba apenas dos semanas para entregar las propuestas, y se apoyaba en un diagnóstico contundente: el gobierno federal era, a su juicio, “costoso, ineficiente y profundamente endeudado”. En ese mismo documento, se culpaba a los programas públicos de ser “improductivos e innecesarios” y se los acusaba de beneficiar exclusivamente a “grupos de interés radicales”, una frase que generó rechazo inmediato entre sindicatos y organizaciones civiles.

Según lo informado por medios locales como ABC News, el plan aprobado contempla la reestructuración de al menos 21 organismos públicos, incluyendo departamentos sensibles como Comercio, Salud y Servicios Humanos, Energía, Tesoro y Estado. Esto implicaría no solo despidos masivos, sino también una redefinición de las funciones y presupuestos asignados a cada área, en una ofensiva que apunta a dejar en evidencia lo que Trump considera como exceso burocrático y gasto improductivo. La decisión judicial representa una victoria política importante para el mandatario, que impulsa un perfil de gobierno más chico y menos regulador.

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Sin embargo, el propio tribunal aclaró que "no expresa ninguna opinión sobre la legalidad de ninguna RIF (reducción de personal a gran escala) ni de ningún plan de reorganización de agencias". Este matiz deja abierta la posibilidad de futuras impugnaciones por parte de sindicatos, empleados públicos o incluso otros sectores del poder judicial. Cada plan presentado por las agencias podrá ser analizado y cuestionado en tribunales de menor jerarquía, lo cual podría generar una nueva ola de litigios e incertidumbre en el plano administrativo.

Desde su primer mandato, Trump ha sido un férreo crítico del tamaño y la función del Estado federal, al que acusa de “intervenir demasiado” y “gastar recursos sin control”. En este nuevo impulso por achicar la estructura pública, insiste en que es necesario eliminar organismos que no rinden y que solo sirven como “refugio” para burocracias políticas o intereses ajenos a la ciudadanía. La narrativa se apoya en una visión empresarial del gobierno, que privilegia el control del gasto, la privatización de servicios y la eficiencia por sobre la permanencia del empleo estatal.

Fuente: NA.