Chubut irá a la Justicia de Nueva York para frenar el embargo sobre sus acciones en YPF

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, anunció que la provincia se presentará ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito en Nueva York para exigir el levantamiento del embargo que pesa sobre sus acciones en YPF. Lo hará tras el reciente fallo de la jueza Loretta Preska, que ordena entregar el 51% del capital accionario de la petrolera a los fondos Burford Capital y Eton Park, como compensación por la expropiación de la empresa en 2012.

Acompañado por el vicegobernador Gustavo Menna y la diputada nacional Ana Clara Romero, Torres difundió el mensaje desde la histórica sede de YPF en Comodoro Rivadavia. Allí dejó en claro que la provincia no aceptará que le embarguen un activo que le pertenece legítimamente: “Vamos a plantarnos y defender hasta las últimas consecuencias lo que es patrimonio de nuestra provincia”, remarcó.

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El mandatario chubutense advirtió que el fallo desconoce que las provincias petroleras, a través de la OFEPHI, son accionistas del 49% de YPF desde la reestatización realizada en 2012. En ese sentido, subrayó: “Nuestra provincia no es parte demandada ni está condenada, por eso no pueden tocar nuestras acciones”.

La presentación judicial apuntará a que se excluya del embargo a las acciones que corresponden a Chubut, cuyo porcentaje actual alcanza el 8% dentro del paquete adjudicado a las provincias. Torres cuestionó además la desprolijidad con la que se manejó la distribución en su momento: “Mendoza recibió el 20% y a Chubut, que era la principal productora, le dieron apenas un 8%”, criticó.

El gobernador también cargó contra la gestión kirchnerista por no haber protocolizado ni hecho aprobar por ley el acuerdo que habilitó la cesión del 49% de las acciones a las provincias. Esa omisión, dijo, dejó en una posición vulnerable a las jurisdicciones productoras frente a una sentencia internacional.

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“No vamos a permitir que una jueza estadounidense, por ignorancia, desconozca que los Estados provinciales son accionistas de YPF”, señaló Torres. El jefe del Ejecutivo provincial apuntó a que la defensa será tanto jurídica como política, porque está en juego “la soberanía y el patrimonio energético de los chubutenses”.

En línea con esa postura, el vicegobernador Menna recordó que la ley de expropiación de 2012 estableció claramente que el 49% del paquete accionario debía ser transferido a las provincias productoras. Sin embargo, ese traspaso formal no se completó en todos los términos legales, lo que ahora se vuelve un flanco débil ante los tribunales internacionales.

La diputada Romero, por su parte, anticipó que también actuará desde el Congreso para proteger los intereses provinciales y que acompañará la presentación ante la corte neoyorquina. “Además de defender a los chubutenses en el Congreso, vamos a pedir el levantamiento del embargo directamente ante la jueza Preska”, dijo.

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El reclamo de Chubut se suma a una creciente tensión entre las provincias y el Gobierno nacional por la forma en que se está gestionando la crisis judicial en torno a YPF. La decisión de Preska implica consecuencias patrimoniales delicadas que podrían extenderse sobre activos clave del Estado, incluyendo participaciones provinciales.

Con esta acción, Torres busca marcar un límite ante lo que considera una injusticia legal y un atropello a los derechos de las provincias petroleras. El Gobierno chubutense, además, confía en que otras jurisdicciones puedan sumarse en defensa de su porción accionaria, a fin de evitar que los embargos afecten a estructuras que no están implicadas en el litigio.