El Gobierno nacional actualizó el régimen de importación de bienes integrantes de Grandes Proyectos

El Gobierno nacional oficializó una actualización del Régimen de Importación de Bienes Integrantes de Grandes Proyectos de Inversión (RIGI), con el objetivo de optimizar su funcionamiento y adaptarlo a nuevas demandas productivas. La medida fue publicada este lunes en el Boletín Oficial a través de una resolución de la Secretaría de Industria y Comercio.

Entre las principales modificaciones, se redefinieron conceptos clave como “línea de producción completa y autónoma”, “procesos biológicos” y “bienes complementarios o accesorios”, buscando clarificar qué equipos e insumos pueden acceder a las ventajas arancelarias. Esta precisión apunta a evitar interpretaciones ambiguas y dar mayor previsibilidad a empresas e inversores.

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Otra novedad es la modificación en el cálculo del porcentaje mínimo de integración nacional, que ahora se establece sobre el valor FOB de los bienes importados, con un piso obligatorio del 10%. Este cambio busca fortalecer el componente local en los grandes proyectos y favorecer la industria argentina vinculada a estos desarrollos.

El texto también incorpora la implementación de un sistema automático para emitir la Constancia de Expediente en Trámite (CET), un documento que certifica la presentación y el estado de la solicitud para ingresar al régimen. La CET tendrá una validez de 180 días y se obtendrá mediante declaración jurada, reduciendo los plazos administrativos aunque sin implicar la aprobación automática de los beneficios.

Vigente desde el año 2000, el RIGI otorga exenciones arancelarias a la importación de bienes destinados a proyectos industriales de gran escala, especialmente en sectores estratégicos que requieren altos niveles de inversión. Con esta actualización, el Ejecutivo busca reforzar su atractivo para capitales nacionales y extranjeros, promoviendo mayor innovación y capacidad productiva.

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Según fuentes oficiales, la intención es “acompañar a los inversores con reglas más claras y procesos más ágiles”, en línea con las políticas de incentivo a la industria y la modernización tecnológica. La medida ya está en vigor desde el día posterior a su publicación y alcanzará tanto a nuevas iniciativas como a proyectos en etapa de planificación.

Los cambios podrían tener un impacto significativo en ramas como la energía, la minería, la agroindustria y la producción de bienes de capital, donde la incorporación de equipamiento avanzado es determinante para la competitividad. Analistas del sector consideran que la mayor claridad normativa y la simplificación de trámites podrían acelerar la llegada de inversiones y la ejecución de obras de gran escala en el país.