Bahía Cracker: del saladero centenario al cerrojo contra la playa pública

Entre 1950 y 1980 no hubo loteos, pero desde fines del siglo XIX funcionaron pesquerías que anticiparon los conflictos por el acceso al mar que estallaron en 2024.

Bahía Cracker fue uno de los primeros puntos habitados de la costa norte de Chubut, mucho antes de que existiera Puerto Madryn como núcleo urbano. Desde la década de 1880, familias pioneras aprovecharon su geografía protegida para instalar las primeras plantas pesqueras y saladeros que abastecían a barcos mercantes y poblaciones del interior.

En esas instalaciones se procesaban centenares de toneladas de pescado, especialmente merluza, lisa y congrio. Las técnicas incluían secado al sol, salado en barriles y posterior envío en goletas hacia Buenos Aires o Montevideo. Apellidos como Eyroa, Solier y Daleoso aparecen en registros de la época ligados a estos emprendimientos, que empleaban mano de obra local y extranjera.

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Los obreros —en su mayoría galeses, españoles y criollos— vivían por temporadas en el paraje, donde improvisaban construcciones con madera y chapa, y levantaban corrales para acopio. Bahía Cracker funcionaba como un nodo productivo costero, en un tiempo donde no había caminos ni ciudades cercanas.

La actividad decayó hacia la década del ’20, con la expansión ferroviaria y la fundación de Madryn. Muchos saladeros quedaron abandonados, y las ruinas de esos tiempos aún se observan en la zona. A pesar de su relevancia histórica, nunca se consolidó una población estable ni una urbanización formal.

Entre 1950 y 1980, Bahía Cracker permaneció casi deshabitada y sin proyectos de loteo o parcelamiento registrado. El sitio conservó un perfil agreste, con uso exclusivo para pesca artesanal y algunas visitas esporádicas de científicos o naturalistas que estudiaban fauna marina.

Ese vacío territorial explica, en parte, la tensión actual por el acceso público al mar. En mayo de 2024, la Secretaría de Pesca del Chubut firmó un convenio con la firma Estancia Bahía Cracker SRL que autorizó el cierre del único camino a la playa con una tranquera con candado.

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El acuerdo desató un conflicto inmediato. Pescadores, clubes náuticos, vecinos y organizaciones sociales presentaron un amparo colectivo. En septiembre, la Cámara de Apelaciones de Trelew ordenó reabrir el camino y anuló el convenio oficial por violar derechos constitucionales y normas ambientales vigentes.

La medida impulsada por el gobierno provincial no solo restringía el ingreso, sino que imponía horarios de circulación, prohibía acampar y condicionaba la navegación. El argumento de la estancia se basaba en el cuidado ambiental, pero la Justicia consideró que se trató de una cesión arbitraria de soberanía.

Casos similares ocurrieron en otras playas de la región, como Punta Pardelas, donde los intentos de privatización también fueron frenados gracias a la acción de vecinos y la vía judicial.

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En julio de 2025, la polémica sumó un nuevo capítulo: la Armada Argentina realizó un desembarco militar en la bahía durante un ejercicio de entrenamiento. La maniobra fue rechazada por vecinos y ambientalistas por su impacto en la fauna marina, en plena temporada de ballenas.

Mientras el Estado provincial cedía el acceso público a manos privadas, la Justicia y la movilización social defendieron el derecho colectivo al mar. La tensión entre los intereses inmobiliarios, el uso productivo y la preservación comunitaria quedó al desnudo.