

El debate sobre la dolarización de la economía argentina volvió al centro de la discusión pública tras el anuncio del paquete de asistencia financiera del Tesoro de Estados Unidos. La posibilidad de adoptar el dólar como moneda única reactivó la controversia entre economistas y especialistas que analizan los efectos monetarios, fiscales y sociales de un cambio estructural de semejante magnitud.


El economista Fernando Baer, de Quantum Finanzas, calculó dos escenarios posibles para eliminar la base monetaria en pesos. En el primero, tomando las reservas brutas del Banco Central por USD 42.330 millones, el tipo de cambio de cobertura sería de $953 por dólar. Sin embargo, al descontar los encajes en dólares (USD 12.700 millones), el nivel de conversión ascendería a $1.362, lo que reflejaría la verdadera capacidad de respaldo. “No parece inviable una dolarización con asistencia externa, aunque su conveniencia es discutible porque resta flexibilidad a la economía”, señaló Baer.
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Entre los defensores del esquema, Alfredo Romano, presidente de Romano Group, aseguró que “Argentina no sabe flotar” y planteó que la dolarización es “una oportunidad histórica” para consolidar la estabilidad. Su propuesta considera un tipo de cambio de $2.000 y prevé una inflación anual del 5% en dólares tras un año de implementación. Según Romano, el ingreso de divisas por Vaca Muerta, reformas impositivas y líneas de crédito privado podrían garantizar la transición.
En sentido contrario, Emiliano Libman, de Fundar y el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (Cedes), advirtió que no hay suficientes reservas para respaldar una conversión total. “Para dolarizar a $2.000 se necesitarían cerca de USD 100.000 millones, y las reservas netas apenas rondan los USD 5.500 millones”, explicó. A su juicio, la discusión resurgió por la insostenibilidad de la política económica y por la expectativa de asistencia desde Estados Unidos, pero insistió en que una adopción parcial o apresurada “podría generar crisis legales, políticas y financieras”.
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La consultora 1816 sumó otra dimensión al debate, señalando que una dolarización “con riesgos controlados” requeriría un préstamo de entre USD 40.000 y 50.000 millones. Con los USD 16.000 millones actuales, advirtió, apenas se cubriría la base monetaria, dejando los depósitos sin respaldo genuino. También planteó que la medida necesitaría una consulta popular no vinculante, ya que el Congreso podría oponerse a un decreto presidencial que disponga el reemplazo del peso.
Por su parte, la Fundación Mediterránea analizó la compatibilidad entre Argentina y Estados Unidos bajo los criterios de las áreas monetarias óptimas. Según el economista Gustavo Reyes, los ciclos económicos de ambos países no están sincronizados: el crecimiento estadounidense explicó solo el 10% del argentino en los últimos 40 años, lo que limitaría la capacidad de ajuste frente a crisis. Además, destacó que la pérdida del señoreaje —los ingresos del Banco Central por emisión— dejaría al país sin una fuente de financiamiento estructural.
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El informe añadió que la dolarización eliminaría la función del Banco Central como prestamista de última instancia, dificultando la respuesta ante crisis de liquidez y exponiendo a la economía a procesos deflacionarios o de endeudamiento. El referente internacional de la fundación, Maximiliano Gutiérrez, señaló que la baja de la inflación reciente redujo el atractivo de dolarizar, pero los costos estructurales se mantienen.
En paralelo, el vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning, calificó la propuesta como “muy compleja de implementar” y recordó que el ministro de Economía, Luis Caputo, había persuadido al presidente Javier Milei de posponer la idea al inicio de su gestión. Según Werning, el debate implicó discusiones internas de gabinete sobre los límites políticos y financieros de eliminar la moneda nacional.
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En medio de un escenario cambiante, la dolarización reaparece como una propuesta polarizante: mientras algunos la consideran una vía definitiva para alcanzar estabilidad, otros alertan sobre sus riesgos financieros, institucionales y sociales. La falta de consenso técnico y político mantiene abierta una discusión que vuelve cada vez que el dólar sube y la confianza en el peso se debilita.
Fuente: Infobae.



















