Detenidas de la secta rusa.
El Gobierno nacional respondió a Elena Makarova, la mujer rusa que pidió quedar afuera del expediente por la presunta secta investigada en San Carlos de Bariloche, y marcó un límite: el Poder Ejecutivo no puede meterse en una causa judicial. En la misma respuesta, le sugirió que, si considera que hubo irregularidades, avance con una denuncia ante el Consejo de la Magistratura.
La contestación salió desde la Dirección Nacional de Integración a las Víctimas y Atención a la Justicia, después de que el presidente Javier Milei recibiera una carta firmada por Makarova el 10 de noviembre. Esa presentación fue el disparador del intercambio.
En su escrito, la mujer pidió una medida concreta dentro del expediente. “Pido que se me excluya de la lista de damnificados de la causa”, solicitó. Además, acusó a la fiscalía de “inventar argumentos” para sostener su detención y afirmó que la Argentina la trató de manera “injusta”.
El texto también incluyó un relato que mete ruido en la discusión pública. Makarova negó sentirse víctima, pero describió un cuadro que la investigación observa con lupa: sostuvo que fue secuestrada en un lugar del que “no pudo salir”, que “no podía hablar español” y que sólo le permitían hablar con su madre “20 o 30 minutos al día”. “Me alegra volver a casa”, agregó.
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Ante ese escenario, el Ministerio de Justicia respondió con una línea institucional: el Ejecutivo no tiene facultades para influir en procesos judiciales. La cartera citó la Constitución Nacional para reforzar que ni el Presidente ni funcionarios pueden intervenir en el accionar de fiscales ni condicionar una causa en trámite.
Por eso, la recomendación fue otra: si Makarova entiende que existieron faltas o mal desempeño, que presente la denuncia en el Consejo de la Magistratura, el órgano que evalúa la conducta de los jueces y tramita acusaciones cuando hay sospecha de irregularidades.
El trasfondo del caso sigue abierto. La investigación apunta a una presunta organización con fines de explotación sexual y reducción a la servidumbre en Bariloche, atribuida a un grupo que tendría como figura central al ruso Konstantin Rudnev. El imputado permanece detenido en el penal de Rawson con prisión preventiva hasta abril de 2026.
La carta de Makarova le suma una capa sensible al expediente: el choque entre lo que ella dice de sí misma y el encuadre procesal que le adjudica la causa. En investigaciones de trata, ese punto suele ser parte del núcleo probatorio y se analiza con contexto, pericias, testimonios y formas de control.
Por ahora, el Gobierno eligió correrse del terreno judicial y marcar una vía formal para reclamos. La definición de fondo —si hubo delito, si hubo víctimas y cómo se prueba— queda en manos de la Justicia.
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