CIPPEC propone una reforma jubilatoria y presiona el esquema previsional de Milei

El debate por una reforma previsional volvió a meterse en la agenda económica y política del gobierno de Javier Milei a partir de una propuesta técnica elaborada por CIPPEC. El documento instala un diagnóstico duro sobre el funcionamiento del sistema jubilatorio argentino y empuja una discusión que el oficialismo mira con atención. En el centro del planteo aparecen el gasto, la desigualdad entre beneficiarios y la dificultad de sostener el esquema con restricciones fiscales.

El diagnóstico de CIPPEC sostiene que el sistema jubilatorio resulta caro, desigual y difícil de sostener en el tiempo, con el envejecimiento de la población como telón de fondo. El informe ubica el gasto previsional en torno al 10% del PBI y describe un entramado fragmentado que combina moratorias, regímenes especiales y beneficios que muchas veces no se alinean con los aportes realizados. La lectura del centro de estudios pone el foco en la falta de reglas comunes que ordenen el acceso y el cálculo de haberes.

En esa línea, el texto señala que el esquema convive con más de 200 regímenes especiales y con moratorias que funcionan como salida recurrente. El informe sostiene que el requisito de 30 años de aportes para la prestación contributiva deja afuera a trayectorias laborales incompletas o atravesadas por la informalidad. Esa rigidez, según el planteo, empuja parches sucesivos y termina igualando beneficios entre personas con historias laborales muy distintas.

CIPPEC identifica tres fuentes principales de ineficiencia que encarecen el sistema y multiplican excepciones. Por un lado, marca la proliferación de reglas que permiten que aproximadamente 2,8 millones de personas cobren beneficios antes de la edad mínima reglamentaria, que hoy se ubica en 60 años para mujeres y 65 para varones. Por otro lado, cuestiona reglas de pensiones por fallecimiento que derivan en duplicación de beneficios para más de un millón de personas. Además, apunta a esquemas de excepción con condiciones muy favorables, ya sea por edad de retiro o por fórmula de cálculo, con impacto directo sobre el costo agregado.

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En el plano de la desigualdad, el documento afirma que el sistema produce resultados muy distintos para trayectorias laborales similares. CIPPEC sostiene que una persona puede terminar con beneficios diferentes según la provincia donde vivió, el sector en el que trabajó y si su ocupación quedó clasificada como “especial”. Esa dispersión, según la propuesta, también erosiona legitimidad porque mezcla reglas generales con atajos normativos que se superponen. La discusión, entonces, no queda solo en cuánto cuesta, sino también en cómo reparte.

La propuesta ya circula en el equipo económico y se ubica “sobre la mesa” del ministro Luis Caputo, según el texto base. En su planteo, CIPPEC imagina un sistema previsional más simple, armado sobre dos componentes. El primero consiste en una prestación básica universal para toda persona que alcance la edad jubilatoria, que garantice un ingreso mínimo en la vejez y funcione como piso de protección social. El segundo componente propone una prestación contributiva proporcional, calculada con todos los años efectivamente aportados, para que cada trabajador reciba un haber acorde a su historia laboral.

Ese cambio toca un punto sensible: el fin del requisito de 30 años de aportes como condición para jubilarse. CIPPEC plantea que, con un esquema proporcional, el sistema puede ampliar cobertura sin depender de moratorias como mecanismo permanente. La propuesta busca que el haber contributivo refleje aportes reales, sin saltos bruscos entre quienes llegan o no llegan a un umbral fijo. En ese enfoque, la universalidad se apoya en un piso común y la proporcionalidad ordena diferencias por trayectoria.

En materia de pensiones por fallecimiento, el documento apunta a cambios en elegibilidad, duración y cálculo. La propuesta plantea un esquema de elegibilidad universal, que reemplace condiciones ligadas a regularidad de aportes en trabajadores activos. También propone una duración limitada para cónyuges jóvenes, con plazos vinculados a la edad del sobreviviente, y menciona como ejemplo dos años para menores de 30. Además, plantea que, si una persona cobra jubilación y pensión, se mantenga el cobro de una sola prestación básica y que la pensión se vincule solo a la parte proporcional del fallecido.

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Otro tramo concentra la discusión política más áspera: el cierre de moratorias como herramienta repetida y la revisión de regímenes especiales y cajas profesionales. CIPPEC sostiene que las moratorias resolvieron urgencias de corto plazo, pero consolidaron un esquema inequitativo al otorgar beneficios similares a trayectorias muy diferentes. En paralelo, propone revisar y eliminar la mayoría de los tratamientos diferenciales, con integración al régimen general y excepciones acotadas para tareas insalubres o de alto riesgo. El texto describe el objetivo como el reemplazo de un modelo fragmentado basado en excepciones y “parches normativos” por reglas comunes.

La propuesta también incluye una reconfiguración de la protección por invalidez, con absorción de pensiones no contributivas por invalidez en el régimen contributivo. Allí plantea reglas de otorgamiento con evaluación médica bajo Baremo y un cálculo de haber alineado al esquema de vejez, con combinación de prestación básica y proporcional. El objetivo declarado se orienta a mayor transparencia y equidad, con criterios comunes y menor dispersión entre regímenes. Ese apartado se integra a la idea general de simplificación del sistema.

En cuanto a la edad mínima, CIPPEC propone dos cambios graduales que apuntan a modificar el mapa actual de retiros. Primero, una equiparación de género con suba progresiva de la edad de las mujeres de 60 a 65 años, con incrementos de seis meses por año durante diez años. Segundo, una actualización por expectativa de vida con aumento de un mes por año para toda la población, según la evolución demográfica. Además, el esquema proporcional introduce un incentivo: postergar el retiro puede elevar el haber al considerar la expectativa de vida restante al momento de jubilarse.