Conjueces de la Corte dejan tribunales de la AFA por posibles conflictos de interés

La renuncia de Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci a los tribunales de la AFA sumó un nuevo episodio a la discusión sobre la compatibilidad entre funciones judiciales y cargos dentro del fútbol argentino. Ambos integran la lista de conjueces de la Corte Suprema y también ocupaban lugares en el circuito interno de ética y disciplina de la entidad. La decisión se tomó en un contexto de disputas judiciales y cuestionamientos públicos que se intensificaron en las últimas semanas.

En el centro del planteo aparece la posibilidad de un conflicto de interés: los dos magistrados podían quedar sorteados para intervenir en causas penales vinculadas a la propia AFA. El texto que circuló sobre el caso menciona investigaciones en curso por fraude, evasión impositiva y lavado de dinero, un marco que vuelve más sensible cualquier superposición de roles. Con ese escenario, la salida se interpretó como un intento de despejar dudas sobre imparcialidad.

La presión institucional también se apoyó en un reclamo formal de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), que a mediados de diciembre pidió a la Corte Suprema el cese inmediato de jueces en funciones dentro de los organismos disciplinarios y éticos de la AFA. La ONG sostuvo que la participación de magistrados en una estructura que administra fondos y sanciones de alto impacto podía condicionar la independencia judicial. El planteo quedó asentado en una presentación firmada por su codirectora ejecutiva, Celeste Fernández.

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En ese escrito, ACIJ dejó una frase central para su postura: “El ejercicio de la doble función de jueces de la Constitución y jueces de la AFA viola normativas vigentes sobre la exclusividad de la magistratura, y compromete la imparcialidad judicial”. El argumento se enfocó en el régimen de incompatibilidades y en el riesgo de que un juez quede involucrado, directa o indirectamente, en decisiones que luego puedan cruzarse con expedientes en tribunales del Estado. La renuncia de Barroetaveña y Pérez Curci se leyó como una respuesta ante ese planteo.

La organización también incluyó un fragmento legal que refuerza el marco de restricciones para quienes integran el Poder Judicial. En el documento se citó: “Es incompatible la magistratura judicial con toda actividad política, con el ejercicio del comercio, con la realización de cualquier actividad profesional, salvo cuando se trate de la defensa de los intereses personales, del cónyuge, de los padres y de los hijos, y con el desempeño de empleos públicos o privados, excepto la comisión de estudios de carácter honorario”. En la misma línea, se recordó que la docencia universitaria queda como excepción, con autorización expresa.

El debate sobre conjueces también se conecta con el funcionamiento actual de la Corte Suprema, que opera con tres jueces en funciones por la existencia de dos vacantes. El texto señala que, cuando aparece una divergencia entre ministros, el mecanismo prevé sortear conjueces para completar la integración del tribunal y alcanzar la mayoría necesaria. Con solo tres miembros activos, la exigencia de unanimidad vuelve más relevante cada posible incorporación.

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La inquietud no se limita a cargos generales dentro de la AFA, sino que apunta a funciones concretas en tribunales internos de ética, disciplina y resolución de disputas. El texto menciona que Barroetaveña presidía un tribunal hasta su salida y que Pérez Curci intervenía en órganos vinculados a controversias. Ese lugar institucional, dentro de una organización privada con alta exposición pública, quedó en el foco del reclamo por sus efectos sobre la apariencia de neutralidad.

En el mismo clima, otros magistrados también abandonaron cargos dentro de la estructura de la entidad deportiva. El texto menciona a Martín Peluso, juez en lo Criminal y Correccional Nº 9 de la Ciudad de Buenos Aires, y a Néstor Barral, camarista federal de San Martín, con una salida que se vinculó a un fallo disciplinario que alcanzó al dirigente Sebastián Verón. Esas renuncias se sumaron como antecedentes recientes dentro de una práctica que, según distintas voces, se extendió durante décadas.

Aun con esas bajas, la presencia de jueces en la organización que preside Claudio “Chiqui” Tapia siguió bajo cuestionamiento. El documento de ACIJ sostuvo: “La presencia de jueces en esa organización deportiva profesional es una práctica que acumula décadas de antigüedad, y que se intensificó pese a la incompatibilidad legal y a los riesgos éticos que supone”. También remarcó los conflictos judiciales y administrativos por el manejo de fondos y la incomodidad que genera que la magistratura participe de ese entramado institucional.

La situación queda abierta porque, según el texto, todavía existen otros magistrados federales que continúan ejerciendo en órganos de la AFA. En paralelo, el trasfondo judicial sobre las finanzas y la gobernabilidad de la entidad mantiene el tema en primer plano. Con la renuncia de Barroetaveña y Pérez Curci, el foco se corre ahora hacia cómo se reorganizan esos tribunales internos y qué impacto tiene el reclamo presentado ante la Corte.