El artículo de licencias en la reforma laboral puso al Gobierno a negociar contrarreloj

La Casa Rosada quiere sancionar la ley el 27 de febrero, pero el cambio en el artículo 208 abrió resistencias y obligó a redefinir el camino en Diputados y el Senado.

La reforma laboral volvió a quedar atrapada en una cuenta regresiva donde los números parlamentarios importan tanto como una línea del texto. En el oficialismo creen que todavía existe margen para cerrar el trámite y llegar a una sanción el 27 de febrero, pero el problema ya no es solo el calendario. La discusión se corrió hacia un punto sensible: qué pasa con el sueldo cuando una persona se enferma y cuánto se paga después del período inicial.

Según fuentes oficiales citadas por la Agencia Noticias Argentinas, el Gobierno aceptaría las modificaciones introducidas en Diputados para aprobar el proyecto este jueves 19 de febrero. El plan inmediato incluye devolverlo a la Cámara alta un día después, en una dinámica acelerada que busca evitar que el debate se desmadre. En esa ruta, el objetivo final es que el Senado lo convierta en ley el viernes 27 de febrero.

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El operativo político se apoya en una estrategia de trámite rápido dentro del cronograma libertario. Desde el núcleo de la mesa política oficialista señalan que, luego de la sesión del jueves, el texto se enviará al Senado “rápidamente” para lograr dictamen en comisión al día siguiente. La pieza clave en ese esquema es la senadora y jefa de bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, a quien le adjudican la tarea de dictaminar el viernes 20.

La urgencia se explica por un conflicto que, hasta hace poco, no estaba en el centro de la discusión pública. Un artículo en particular pasó casi inadvertido en el Senado y de repente se transformó en el foco de una disputa con potencial de trabar el avance. Ese artículo es el 208 de la Ley de Contrato de Trabajo, cuya modificación quedó asociada a la reducción del pago de licencias por enfermedad o accidente no laboral.

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La redacción propuesta introduce un cambio que afecta el bolsillo de manera directa. Establece que, ante una enfermedad o accidente no vinculado al trabajo, luego de los tres meses la persona cobraría el 50% del salario, sin detallar qué sucede en los casos de enfermedad grave. También fija un 75% si el trabajador tiene personas a cargo, un punto que abre otra discusión sobre criterios y controles.

Ese vacío sobre la enfermedad grave se transformó en un detonante político. En el oficialismo reconocen que, durante el lunes, evaluaron una salida alternativa: modificar el tema por vía de reglamentación o con una ley complementaria. Sin embargo, esa opción no habría tenido el visto bueno de un sector de los bloques dialoguistas, que presionan para que el alcance quede definido en el propio texto.

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Bullrich, en ese contexto, buscó marcar una línea de contención en el punto más delicado. Dijo que la idea es mantener “para el pago de enfermedades graves el 100% del pago de los salarios”, pero con exigencias adicionales. Entre ellas, la necesidad de un certificado “fehaciente” o la intervención de una junta médica, un mecanismo que abre otra discusión: quién valida, cómo se valida y qué pasa con los tiempos administrativos cuando la urgencia es médica.

La polémica se amplificó a partir de una intervención externa al Congreso que reordenó la agenda mediática. Según el texto fuente, el artículo quedó “bajo la lupa” tras declaraciones del ministro de Modernización, Federico Sturzenegger. Ese movimiento instaló el tema donde antes no estaba: en el centro del debate público, con capacidad de arrastrar apoyos o encender resistencias.

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En ese escenario, el Gobierno enfrenta un dilema clásico de la política legislativa: acelerar para cerrar una ley o abrir un tramo de negociación que garantice votos pero altere el calendario. Si el artículo 208 queda tal como está, corre el riesgo de convertirse en un punto de quiebre con sectores que acompañan otras partes del proyecto. Si se reescribe con precisión para contemplar enfermedad grave y controles, puede destrabar apoyos, pero también sumar enmiendas y demoras.

El plan oficial, de todos modos, sostiene una hoja de ruta clara: aprobación en Diputados el 19, vuelta al Senado, dictamen el 20 y sanción el 27 de febrero. La viabilidad de ese esquema depende de un detalle que no luce menor: cómo queda redactado el régimen de licencias y qué garantías ofrece para no recortar ingresos en situaciones críticas.

Fuente: NA.