La pesquisa tomó nuevo volumen con un pedido fiscal sobre licitaciones de sillas de ruedas, camas ortopédicas e implantes auditivos.
Veintinueve nuevas citaciones a indagatoria volvieron a mover la causa que investiga presuntas irregularidades en las compras de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). El expediente, que ya venía golpeado por procesamientos previos, sumó ahora otra escala sobre el área de insumos médicos. La nueva ofensiva judicial apunta a funcionarios y empresarios por maniobras de sobreprecios, licitaciones direccionadas y posibles pagos de coimas.
El eje de esta etapa no pasa por contrataciones menores ni por operaciones aisladas, sino por adquisiciones sensibles y de alto valor económico. Según lo expuesto sobre la investigación, los movimientos bajo sospecha alcanzan compras de sillas de ruedas, camas ortopédicas e implantes auditivos, entre otros insumos. La dimensión del caso crece justamente porque se trata de elementos caros, de provisión delicada y vinculados a prestaciones esenciales.
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Durante una intervención pública, el periodista Omar Lavieri sostuvo que la percepción de los investigadores sobre el funcionamiento del organismo es especialmente severa. “La impresión que tienen los investigadores es que todo el sistema de compras de ANDIS, desde que asumió Javier Milei en el Gobierno Nacional, fue un negocio”, afirmó. Esa frase sintetiza el cambio de escala del expediente, que ya no mira una contratación puntual, sino un mecanismo más amplio dentro del sistema de adquisiciones.
La reconstrucción que hoy aparece en la causa describe una operatoria repetida en distintas licitaciones. Lavieri explicó que, en varios casos, “estos nuevos veintinueve pedidos de indagatoria son en el área de compra de insumos” y agregó que esas adquisiciones se hacían mediante “licitaciones amañadas”. Según esa descripción, el esquema incluía empresas de un mismo dueño que competían entre sí para simular legalidad, inflar precios y garantizar adjudicaciones previamente orientadas.
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El expediente también volvió a rozar a varios nombres que ya habían quedado comprometidos en una etapa anterior de la investigación. Entre quienes deberán volver a declarar aparecen Diego Spagnuolo, Daniel Garbellini, Miguel Ángel Calvete, Andrés Arnaudo y Federico Santich, todos mencionados como piezas relevantes del engranaje examinado por la Justicia. Sobre ellos ya pesaban procesamientos firmados meses atrás en el marco de lo que Lavieri definió como un “negocio obsceno de coimas, sobre precios y licitaciones arregladas”.
A la par de las nuevas indagatorias, los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez pidieron medidas patrimoniales de peso. Según se detalló, solicitaron al juez federal Ariel Lijo, que subroga el juzgado de la causa, el embargo de bienes sobre los convocados a declarar y también sobre 16 compañías vinculadas al expediente. Esa decisión muestra que la pesquisa ya no se limita a reconstruir responsabilidades penales, sino que busca también bloquear activos mientras avanza sobre la trama económica.
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El volumen documental reunido hasta ahora explica por qué la causa tomó este nuevo impulso. Lavieri remarcó que el dictamen fiscal tiene “doscientas treinta páginas”, donde se cruzan datos públicos y privados y se incorporan testimonios que describen cómo operaban las maniobras. También señaló que hubo personas que “fueron y declararon en alguno de los casos y contaron cómo eran las maniobras”, una base testimonial que refuerza la estructura acusatoria con algo más que papeles y expedientes administrativos.
La lógica que aparece en esa reconstrucción tiene un patrón reiterado. “El mecanismo era claro”, sostuvo Lavieri al describir que una misma familia podía presentar varias firmas en una licitación para darle apariencia de competencia a un proceso que ya tenía ganador. En ese esquema, la empresa elegida se quedaba con el contrato, mientras las demás ayudaban a elevar el precio final y a cubrir la maniobra con una fachada de legalidad.
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La dimensión económica de esas contrataciones también ayuda a entender por qué el caso escala. Según lo expuesto, “estamos hablando de cinco mil, seis mil, siete mil millones de pesos en un año en contratos de este tipo”, una cifra que vuelve más pesado cada movimiento judicial de las últimas semanas. El expediente no se está deteniendo en desvíos menores, sino en una posible estructura de contrataciones direccionadas montada alrededor de compras millonarias dentro de un organismo sensible.
La investigación, además, no parece agotarse en esta tanda de medidas. Lavieri anticipó que esta es la “segunda andanada” de la causa ANDIS y dejó abierta la posibilidad de una tercera e incluso una cuarta etapa, con otros actores todavía bajo observación. En ese recorrido, mencionó que la droguería suizoargentina podría aparecer más adelante, una señal de que el expediente todavía no terminó de desplegar toda su amplitud.
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Por ahora, la causa entra en una fase donde los fiscales buscan traducir esa acumulación de pruebas en nuevas declaraciones, embargos y definiciones judiciales. La sospecha que recorre el expediente es que, desde diciembre de 2023 y hasta la salida de Spagnuolo, las compras del organismo habrían sido utilizadas como un circuito de negocios irregulares. Lo que viene ahora es el tramo más delicado: convertir esa hipótesis en responsabilidad penal concreta y determinar hasta dónde llegó una maniobra que, por el tipo de insumos involucrados, toca uno de los sectores más sensibles del Estado.
Fuente: Infobae.
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