Pergamino llega a juicio con productores acusados por fumigar cerca de casas

PODCASTS Radio Francia Internacional06/04/2026

El podcast Vida en el Planeta, de RFI, puso en primer plano un proceso que expone denuncias por glifosato, daños en la salud y posible alcance nacional.

Nueve personas quedaron sentadas en el banquillo en un juicio que empezó a correr el eje desde la discusión agronómica hacia una acusación penal por contaminación y daño sanitario. La fuente de esta reconstrucción es el podcast Vida en el Planeta, de Radio Francia Internacional, que siguió el caso abierto por fumigaciones en Pergamino y mostró cómo una denuncia nacida dentro de una casa terminó empujando a productores, un ingeniero agrónomo y funcionarios municipales a responder ante la Justicia. Lo que hoy se discute en el tribunal de Rosario no es una infracción menor ni un conflicto vecinal aislado, sino el modo en que el uso de pesticidas junto a zonas habitadas impactó sobre cuerpos, embarazos, infancias y barrios enteros.

La causa tiene un peso que supera a los acusados porque perfora una frontera muy sensible en la Argentina productiva. En el expediente aparecen seis productores agropecuarios, un ingeniero agrónomo y dos funcionarios municipales, todos investigados por su posible responsabilidad en el uso de sustancias tóxicas en un distrito rodeado por cultivos de soja. Esa combinación entre actores privados y estatales vuelve más espesa la discusión, porque ya no se trata sólo de qué se aplicó sobre los campos, sino también de quién debía controlar, prevenir o impedir que la fumigación se acercara a la vida cotidiana de los vecinos.

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El corazón humano del caso está en la historia de Sabrina del Valle Ortiz, una de las tres personas que impulsaron la demanda por las consecuencias sufridas entre 2011 y 2020. Su relato muestra que la denuncia no nació como bandera pública ni como consigna militante, sino como reacción desesperada frente a un deterioro prolongado dentro de su propia familia. Ella misma lo resumió ante RFI con una frase que explica el origen del expediente: “Esta causa inicia como una casa particular sobre mis hijos y mi familia”.

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La secuencia que describe Sabrina ubica el arranque del problema bastante antes del juicio y bastante antes de que el caso ganara visibilidad pública. Contó que todo se agravó “cuando comienzan a sembrar soja frente a mi casa”, y que desde ese momento empezaron a aparecer cuadros respiratorios y problemas en la piel, sobre todo en su hija, entonces muy chica. Lo que para el exterior podía verse como un lote más dentro del mapa sojero, para quienes vivían al borde de ese avance productivo pasó a convertirse en una fuente repetida de afecciones físicas y temor constante.

El episodio más brutal de esa historia ocurrió en 2011, cuando Sabrina cursaba un embarazo de casi seis meses. En su testimonio relató: “Se me quemó la nariz, se me quemó la garganta, la boca me inflamé. Empecé con mareos, náuseas, dolor de cabeza”, hasta que, pese a haberse retirado del lugar, murió el bebé que llevaba en la panza. Esa declaración no quedó sola dentro del relato general del podcast, porque fue acompañada por la referencia a científicos, toxicólogos y médicos especialistas que también expusieron en el tribunal de Rosario.

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La dimensión sanitaria del caso aparece todavía más dura cuando se suman los números que rodean al barrio y a la familia denunciante. En dos manzanas de Pergamino, según la fuente, los vecinos contabilizaron 53 casos de cáncer, un dato que por sí solo ya tensiona cualquier intento de minimizar lo ocurrido. Pero además Sabrina relató un recorrido desesperante por 14 instituciones médicas hasta que finalmente una profesional encontró una pista concreta y la derivó a estudios que midieron la magnitud de la exposición tóxica en su casa.

Los resultados que menciona el reportaje funcionan como uno de los puntos más delicados del juicio porque convierten la sospecha en un registro cuantificable sobre los cuerpos. Sabrina explicó que a su hija le detectaron “100 veces más de veneno de lo que su cuerpo podía tolerar”, que su hijo tenía “120 veces más de lo que su sistema podía tolerar” y que ella misma presentaba “58 veces más”. A eso le agregó una precisión decisiva para la causa, porque dijo que en esos análisis aparecieron “glifosato y su metabolito AMPA”, una referencia que une el drama familiar con la sustancia utilizada de forma masiva en los cultivos que rodeaban la vivienda.

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El juicio, de todos modos, no se agota en el dolor de una sola familia ni en el impacto de un solo testimonio. La propia pieza de RFI subraya que el expediente de Pergamino es seguido con atención por decenas de familias afectadas por fumigaciones y por abogados especializados en casos de envenenamiento con pesticidas, que ven en este proceso la posibilidad de abrir un antecedente para otros pueblos expuestos al mismo modelo. Ahí es donde la historia particular empieza a tocar una discusión mayor sobre la agricultura de exportación, los límites del uso de agrotóxicos y la respuesta de la Justicia frente a daños denunciados durante años.

Ese posible efecto expansivo explica por qué el caso no entra cómodo en una lectura puramente local. Pergamino aparece en la fuente como un núcleo sojero del norte bonaerense, un detalle que vuelve todavía más incómoda la causa porque coloca en tensión uno de los engranajes más potentes del esquema agroexportador argentino con un reclamo sostenido por salud y ambiente. Cuando la denuncia sale del margen y llega a un tribunal con productores, técnicos y funcionarios imputados, lo que se pone bajo examen no es sólo una práctica concreta, sino el modo en que se toleraron, ignoraron o naturalizaron ciertas consecuencias en territorios donde producir y vivir quedaron demasiado cerca.

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Sabrina cerró su intervención pública con un deseo que funciona como síntesis moral de todo el proceso, aunque el expediente todavía está abierto y la definición judicial no llegó. Dijo: “Espero y confío en que la justicia falle a favor de la vida y de la salud”, una frase que condensa el sentido del reclamo pero no clausura lo que viene. Lo que queda por delante no es menor: una sentencia que deberá resolver responsabilidades penales en un caso con fuerte carga probatoria, alto impacto social y un límite operativo claro para el país que produce, exporta y al mismo tiempo convive con denuncias cada vez más duras sobre lo que pasa alrededor de los campos fumigados.

Material publicado por gentileza Radio Francia Internacional