Las ciudades que le dicen ‘no’ a Uber: por qué los municipios de Chubut prohíben las apps de transporte

Actualidad11/04/2026

Mientras en varias jurisdicciones se avanza hacia la regulación de Uber, Cabify y DiDi, otros municipios argentinos optan por prohibir su funcionamiento y reforzar los controles contra el transporte de pasajeros no habilitado. De Villa Gesell a Puerto Madryn, Trelew y Comodoro Rivadavia, qué dicen las ordenanzas y fallos.

El mapa del conflicto entre la regulación y la prohibición

En la Argentina, el avance de las plataformas de transporte abrió una disputa fragmentada, en la que cada municipio decide qué hacer con Uber, Cabify y otras aplicaciones. Mientras algunas ciudades exploran esquemas de registro, control y encuadre normativo, otras avanzan con ordenanzas para declarar ilegales a los servicios que operan por fuera del sistema tradicional de taxis y remises.

En ese escenario, se consolidó un argumento central: el transporte urbano de pasajeros es un servicio público de carácter local, que solo puede prestarse con habilitación municipal y bajo las reglas que fija cada jurisdicción. A partir de esa idea, muchas ciudades consideran que ninguna plataforma puede reemplazar por sí sola el permiso estatal requerido para circular legalmente.

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Villa Gesell: “una práctica no regulada ni habilitada”

En Villa Gesell, la Ordenanza Municipal 12188/18 se convirtió en la base normativa para perseguir el transporte de pasajeros por aplicación. La norma sostiene que la “red de transporte privado de personas en vehículos particulares, a través de una app” constituye una práctica que no se encuentra regulada ni habilitada dentro de la comunidad.

El municipio argumenta que ese servicio viola las normas que regulan el transporte local y perjudica a quienes sí están debidamente habilitados para la actividad, como taxis y remises. También remarca que, en esa ciudad, para brindar transporte de pasajeros resulta indispensable contar con habilitación municipal, y que hacerlo por fuera de ese marco “atenta contra la seguridad de las personas”, además de configurar una competencia desleal frente a choferes que afrontan seguros específicos, exámenes y permisos. La ordenanza prohíbe todo servicio no regulado por normas previas y prevé multas e inhabilitación para conducir de tres a doce meses.

Allen: la primera en prohibir Uber en Río Negro

En Allen, el Concejo Deliberante la convirtió en la primera ciudad de Río Negro en prohibir formalmente los servicios de transporte no habilitados, incluidas las apps. La ordenanza establece que todo transporte de pasajeros sin habilitación municipal es ilegal y que esa actividad vulnera a los prestadores habilitados.

La norma se complementa con controles, secuestro de vehículos, inhabilitaciones y multas, dentro de una estrategia explícita para frenar el transporte informal por aplicación. La señal política y normativa fue clara: sin autorización municipal, el servicio no puede funcionar.

Mar del Plata: controles sobre el “transporte ilegal”

En Mar del Plata, la Ordenanza 23.928 apunta de manera directa al “transporte ilegal mediante plataformas como Uber, Cabify y DiDi” y obliga al municipio a desplegar controles. Allí, un fallo del Tribunal de Trabajo N°4 rechazó suspender el funcionamiento de las apps, pero al mismo tiempo intimó a la Municipalidad a controlar y sancionar el transporte sin habilitación local.

Ese caso dejó una situación particular: las aplicaciones no quedaron completamente bloqueadas por vía judicial, pero sí se reforzó el deber estatal de fiscalizar a los vehículos que operan por fuera del sistema municipal. El punto central volvió a ser el mismo: la app no reemplaza la habilitación exigida por la ciudad.

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Puerto Madryn: prohibición formal y discusión por una eventual derogación

En Puerto Madryn, Uber está prohibida por ordenanza municipal desde 2018. La medida fue impulsada en gran parte por la presión de los propietarios de taxis, que denunciaban el avance del transporte de pasajeros por fuera de las licencias tradicionales.

Las autoridades locales recuerdan que la app “está prohibida por ordenanza municipal”, pero, aun así, Uber anunció su desembarco y comenzó a operar de hecho en la ciudad. En paralelo, el Concejo Deliberante discute proyectos para derogar o modificar las ordenanzas que hoy prohíben las apps, impulsados por sectores de la oposición que plantean la necesidad de regular en lugar de prohibir, frente a un escenario en el que ya se calcula la existencia de cientos de autos trabajando con aplicaciones.

El conflicto en Madryn se ordena alrededor de dos ejes muy claros. Para el municipio, hoy la app no está habilitada y su uso se encuadra como transporte ilegal o no autorizado. Para taxistas y remiseros, la entrada de Uber sin marco regulatorio implica una competencia desleal frente a quienes pagan licencias, tasas y seguros especiales.

Trelew: prohibición por plataforma digital y sanciones más duras

En Trelew, el Concejo Deliberante dio un paso preventivo en 2018, cuando prohibió expresamente “la prestación de servicios de transporte público y privado urbano de pasajeros al estilo Uber, bajo la modalidad de captación por plataforma digital”. La normativa reforzó el criterio de que solo pueden circular los vehículos con habilitación municipal y que la utilización de plataformas digitales no puede habilitar por sí sola a autos no registrados como taxis, remises u otro servicio regulado.

La lógica adoptada en ese momento fue precisa: se pueden desarrollar plataformas tecnológicas para ser utilizadas por vehículos habilitados, pero lo que se prohíbe es que esas herramientas funcionen como canal para el transporte no habilitado. En 2025, además, el Concejo modificó la Ordenanza 12.842 para endurecer las sanciones contra el transporte clandestino, muchas veces mencionado en la discusión pública como “Uber”, aunque el concepto abarque cualquier servicio por app sin registro municipal.

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De ese modo, la ciudad consolidó un esquema de multas elevadas y mayores facultades de control, profundizando la idea de que el transporte por aplicación sin autorización local constituye transporte ilegal. La discusión en Trelew no pasa por la tecnología en sí misma, sino por quién está autorizado a usarla para trasladar pasajeros.

Comodoro Rivadavia: app no autorizada, sanciones altas y un proyecto de regulación

En Comodoro Rivadavia, Uber desembarcó y llegó a cumplir un año de funcionamiento sin autorización municipal. El juez de Faltas local advirtió que el uso de aplicaciones para ofrecer transporte de pasajeros “no está autorizado” en la ciudad y que quienes lo hagan pueden enfrentar multas cercanas al millón de pesos.

A partir de esa postura, el municipio intensificó operativos y aplicó sanciones millonarias contra choferes que trabajan con la app, encuadrando su actividad como transporte no autorizado o transporte ilegal. Al mismo tiempo, comenzó a tomar forma un proyecto de ordenanza impulsado desde el espacio político del gobernador Ignacio Torres para regular Uber, con el objetivo declarado de fijar requisitos, controles y tributos que den seguridad jurídica a usuarios y choferes, y que permitan una competencia más equilibrada con taxis y remises.

Comodoro aparece así como un caso bisagra dentro de Chubut. El discurso oficial sigue sosteniendo que Uber no está autorizada, pero ya se discute de qué manera pasar del esquema de persecución por faltas a un régimen de regulación específica.

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Los fundamentos que se repiten en las ciudades que prohíben

La lectura de ordenanzas, fallos y declaraciones oficiales de Villa Gesell, Allen, Mar del Plata, Puerto Madryn, Trelew y Comodoro Rivadavia deja ver una serie de argumentos que se repiten con bastante regularidad. El primero es la competencia municipal: el transporte urbano se concibe como un servicio público local, cuya habilitación y control corresponden a cada municipio. Por eso, cualquier servicio que opere sin autorización explícita pasa a ser definido como ilegal o no autorizado, aun cuando funcione mediante una aplicación.

El segundo argumento es la ausencia de regulación específica para estas plataformas. Muchas normas describen a las apps como prácticas “no reguladas ni habilitadas”, y ese vacío normativo se usa para justificar la prohibición hasta tanto se dicte una regulación propia que las incorpore al sistema local.

También aparece con fuerza la defensa de taxis y remises, sobre la base de que esos servicios deben cumplir con licencias, seguros específicos, controles psicofísicos y obligaciones tributarias. Permitir que autos particulares transporten pasajeros por app sin asumir esas cargas es calificado como competencia desleal y como una afectación concreta a los prestadores habilitados.

A eso se suma la seguridad vial y la protección del usuario. En muchas ciudades se sostiene que, sin habilitación municipal, no existe garantía suficiente sobre el seguro de transporte de pasajeros, la revisión técnica, los antecedentes del conductor o el cumplimiento de normas locales de tránsito y paradas. Por eso, el transporte por app no registrado suele quedar asociado a un riesgo para la seguridad de las personas.

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Un último eje es el orden tributario y económico local. Los municipios plantean que las plataformas y sus choferes deben tributar tasas, inscribirse y respetar el régimen económico del transporte urbano. Operar por fuera de ese marco es visto como una distorsión del sistema local.

El contrapunto entre prohibir y regular

En paralelo a estas prohibiciones, en jurisdicciones como CABA y Córdoba hubo fallos y normas orientados a regular las apps antes que bloquearlas completamente. En esos casos, se cuestionaron ciertos intentos de prohibición por considerarlos desproporcionados o incluso inconstitucionales.

El debate jurídico, entonces, se mueve entre distintas lecturas posibles: Uber como transporte público equiparable a taxis y remises; Uber como un servicio privado de intermediación digital; o una figura híbrida que exige un régimen regulatorio nuevo. Esa discusión todavía está abierta y explica por qué el mapa argentino sigue mostrando respuestas tan distintas según la ciudad.

Una discusión que se define municipio por municipio

La ofensiva normativa de ciudades como Villa Gesell, Allen, Mar del Plata, Puerto Madryn, Trelew y Comodoro Rivadavia muestra que, frente al avance de las apps, muchos municipios eligieron la vía prohibitiva y el encuadre del transporte no habilitado, con multas severas y secuestro de vehículos. Al mismo tiempo, en otras jurisdicciones aparecieron proyectos y fallos que abren una alternativa distinta: reconocer la actividad y regularla, en lugar de seguir negándola mientras crece de hecho.

En esa tensión entre prohibición y regulación se juega hoy el futuro de Uber, Cabify y DiDi en la Argentina. Y también se define, ciudad por ciudad, qué margen tienen los municipios para sostener sus propios sistemas de transporte frente a plataformas que ya circulan en la práctica mucho antes de conseguir un encuadre legal estable.