El primer mapa federal sobre situación de calle mostró una trama más compleja que el estereotipo: mayoría adulta, trabajo informal, documentación vigente y exclusión prolongada.
La calle apareció en el relevamiento con una densidad social más áspera que la mirada simplificada que suele envolverla. El Ministerio de Capital Humano contabilizó 9.421 personas en situación de calle en 19 provincias, a partir de un operativo nacional que buscó construir un diagnóstico común sobre una problemática que hasta ahora venía medida de forma fragmentaria. El dato no quedó encerrado en la cifra total: abrió también un perfil que mezcla documentación, ingresos parciales y trayectorias largas de exclusión.
La composición del universo relevado también rompió algunos lugares previsibles. El 83% de las personas registradas son varones y el 17% mujeres, mientras que el 92% tiene más de 18 años y el 6% es menor de edad. Esa fotografía muestra un predominio claro de personas adultas y deja a la vez una franja de niñez y adolescencia dentro de una situación de vulnerabilidad extrema.
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La carne de burro es una alternativa productiva para el campo, no un signo de necesidad, dijo MerinoEl tiempo acumulado en la calle aparece como uno de los núcleos más duros del informe. Sobre 7.894 entrevistas realizadas en espacios públicos y dispositivos de alojamiento, el relevamiento detectó que el 32% lleva más de dos años en esa situación, un dato que empuja la lectura mucho más allá de la emergencia coyuntural. La persistencia, en este caso, no sugiere un episodio pasajero sino trayectorias de exclusión que ya echaron raíces.
Otro tramo del diagnóstico desarma la idea de una desconexión total con el sistema. El 90% de las personas relevadas tiene DNI, el 53% realiza alguna actividad laboral, el 56% percibe transferencias sociales, el 30% cuenta con ingresos previsionales y el 8% recibe otros ingresos. La presencia de documentación, changas, ayudas estatales o jubilaciones parciales no evitó la intemperie, y ese contraste deja a la vista una pobreza mucho más compleja que la imagen de quien quedó completamente por fuera de todo.
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El perfil educativo refuerza esa misma complejidad. El 52% tiene la primaria completa pero no terminó el secundario, una condición que dialoga con la precariedad laboral y con los obstáculos para sostener ingresos estables. El cuadro que surge no es el de una población homogénea, sino el de personas que conservan algunas herramientas de inserción, aunque sin capacidad real para salir de una situación crítica.
La base legal del operativo ya estaba trazada desde antes. La Ley 27.654 estableció un relevamiento anual de carácter nacional sobre personas en situación de calle, y su decreto reglamentario dispuso que esa tarea debía realizarse de manera coordinada con el INDEC. En paralelo, una resolución de Capital Humano aprobó en 2025 los lineamientos metodológicos, el formulario único y el esquema de adhesión de provincias y CABA para ordenar el trabajo territorial.
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Sobre esa estructura normativa, la cartera nacional buscó darle a los datos una lectura política propia. En el comunicado oficial sostuvo que “contar con esta información es fundamental para planificar, derivar y evaluar políticas públicas de manera eficaz” y remarcó que la recolección se apoyó en un trabajo “conjunto, simultáneo y coordinado con las provincias y los municipios”. Ese encuadre no presenta al relevamiento como una planilla estadística más, sino como un intento por ordenar criterios y pasar del abordaje aislado a una lógica más sistemática.
La comparación con la Ciudad de Buenos Aires agrega otra capa a la lectura del fenómeno. El último relevamiento oficial porteño mostró que entre abril de 2024 y mayo de 2025 la población en situación de calle pasó de 3.560 a 4.522 personas, con un alza del 27% en trece meses; al mismo tiempo, organizaciones sociales difundieron en julio un censo popular preliminar que ubicó en 11.980 a quienes viven en la calle en CABA. Esa distancia entre mediciones deja una discusión abierta sobre alcance, metodología y subregistro, incluso antes de proyectar el debate al resto del país.
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El propio ministerio admitió en su cierre que “los datos demuestran la complejidad de esta problemática, evidenciando perfiles con DNI, empleo informal e ingresos parciales, pero también con vínculos familiares rotos, trayectorias prolongadas de exclusión y problemas de salud o consumo problemático”. Ahí aparece el punto más delicado del relevamiento: la cifra ordena, pero no resuelve por sí sola. Desde junio del año pasado, la atención directa quedó bajo responsabilidad de las jurisdicciones, de modo que el diagnóstico federal ya existe, aunque la respuesta concreta dependerá ahora de cuánto logren hacer provincias y municipios con ese mapa en la mano.
Fuente: NA, Infobae, Medios Rioja, Chequeado.
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