Dos informes de CEPA e IARAF muestran recortes en partidas sociales, obra pública, salud, educación y transferencias, con mayor peso de intereses.
La ejecución del gasto nacional a mayo de 2026 expuso una política fiscal con fuerte contracción real frente a 2023, recortes concentrados en áreas sociales, obra pública, salud, educación, ciencia y transferencias territoriales, y una incidencia creciente de los intereses de deuda en la dinámica presupuestaria. Dos informes recientes, elaborados por CEPA y por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), permiten leer el mismo proceso desde dos planos complementarios: la comparación estructural contra 2023 y el movimiento interanual entre mayo de 2025 y mayo de 2026.
El dato de mayor alcance surge del relevamiento de CEPA, que midió la ejecución presupuestaria de la Administración Pública Nacional en valores constantes de mayo de 2026. Según ese informe, el gasto total acumulado hasta mayo cayó 31% real frente al mismo período de 2023, aunque frente a 2025 mostró una suba leve del 0,5%. La serie muestra un cambio de escala: el gasto pasó de 87,8 billones de pesos en 2023 a 63,6 billones en 2024, luego a 60,2 billones en 2025 y a 60,5 billones en 2026.
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El trabajo de IARAF aporta la foto mensual y distingue dos mediciones importantes: el gasto devengado y el gasto pagado. El primero expresa compromisos asumidos por el Estado; el segundo marca el dinero efectivamente desembolsado. En mayo de 2026, el gasto primario devengado llegó a $10.783.976 millones y cayó 4,4% real interanual, mientras que el acumulado de enero a mayo alcanzó $50.560.009 millones, con una baja real del 4% frente al mismo período de 2025.
La diferencia aparece al incorporar los intereses. IARAF precisó que el servicio de la deuda y la disminución de otros pasivos crecieron 30,1% real en mayo y 52,5% real en el acumulado anual. Ese salto permitió que el gasto total devengado quedara casi estable en mayo, con una baja mínima del 0,1%, y que el acumulado total mostrara una suba real de 0,5%. Dicho de otro modo, el gasto primario bajó, pero la carga financiera empujó el resultado total.
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La composición del gasto confirma ese cambio de prioridades presupuestarias. CEPA indicó que Seguridad Social continuó como la función de mayor peso, con el 59% de la ejecución total, aunque redujo participación frente al 63% previo. Los Servicios de la Deuda Pública alcanzaron el 12% del gasto total ejecutado, por encima de funciones como Educación y Cultura y Salud, que quedaron cerca del 5% cada una, y Energía, Combustibles y Minería, con el 4%.
La comparación contra 2023 exhibe recortes muy marcados en las funciones económicas. CEPA calculó una baja real del 70,8% en Servicios Económicos, con caídas de 90,1% en comercio, turismo y otros servicios; 85% en comunicaciones; 70% en transporte; 69,5% en energía, combustibles y minería; 69% en agricultura, ganadería y pesca; y 82,1% en industria. Ese bloque refleja el retroceso de partidas vinculadas a infraestructura, producción, conectividad, transporte y asistencia a sectores económicos.
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Los Servicios Sociales también tuvieron una contracción significativa, aunque de menor magnitud agregada que los servicios económicos. La baja general fue de 22,8% frente a 2023, con descensos extremos en Vivienda y Urbanismo, que cayó 99,5%, y Agua Potable y Alcantarillado, que retrocedió 92,1%. También bajaron Promoción y Asistencia Social, con 75,8%; Educación y Cultura, con 47,8%; y Ciencia, Tecnología e Innovación, con 39,4%.
La mirada por jurisdicciones muestra recortes en áreas con incidencia directa sobre políticas públicas. La Secretaría de Educación tuvo una caída real del 54,8% frente a 2023, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia bajó 75,1%, el Ministerio de Economía retrocedió 87,8%, la Secretaría de Cultura cayó 49,2% y Obligaciones a Cargo del Tesoro mostró una reducción del 69,1%. En sentido opuesto, la Secretaría de Inteligencia del Estado, dependiente de Presidencia, aumentó 34,2%.
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El informe de IARAF permite ver cómo esa orientación aparece en el movimiento de mayo. En base devengado, solo tres de once rubros principales crecieron en términos reales: incremento de activos financieros, con 126,1%; transferencias a otras entidades del Sector Público Nacional, con 22,3%; y jubilaciones y pensiones, con 7,2%. Las mayores caídas fueron transferencias al exterior, con 98,8%; transferencias a provincias y municipios, con 69,9%; y servicios no personales, con 45,2%.
El acumulado de enero a mayo repite la señal contractiva. Las transferencias a provincias y municipios cayeron 55,4% real, los bienes de uso retrocedieron 33,4%, las transferencias al exterior bajaron 28,1%, los servicios no personales descendieron 17,4% y las ayudas sociales a personas y asignaciones familiares tuvieron una baja del 14,6%. El gasto en jubilaciones y pensiones creció 2% en ese mismo período, aunque dentro de un cuadro general de reducción primaria.
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Las universidades aparecen en ambos informes como un punto sensible del gasto nacional. IARAF calculó que las transferencias a universidades nacionales bajaron 5% real en mayo en base devengado y 7,4% en el acumulado de los primeros cinco meses. En base caja, el pago mensual a universidades subió 77,8%, pero el acumulado hasta mayo mantuvo una caída real del 7,3%, lo que muestra una mejora puntual de pagos sin revertir la pérdida acumulada.
La salud concentró recortes en organismos nacionales, hospitales y programas. CEPA relevó caídas del 64,1% en la Superintendencia de Servicios de Salud, 41,5% en la ANMAT, 33,3% en el Instituto Malbrán y 41,2% en la actual Secretaría Nacional de Discapacidad. Entre hospitales nacionales, el Laura Bonaparte retrocedió 51,4%, el Baldomero Sommer bajó 50,1%, el Dr. Ramón Carrillo cayó 44,6% y el Profesor Alejandro Posadas descendió 33,3%. El INCUCAI marcó la excepción, con un aumento real del 84,7%.
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Los programas sanitarios tuvieron bajas todavía más pronunciadas. Atención Sanitaria en el Territorio y Prevención de Enfermedades Crónicas no Transmisibles registraron caídas del 100%, mientras que Prevención de Patologías Específicas cayó 83,4%, Respuesta al VIH, Hepatitis Virales, Tuberculosis y Lepra bajó 70,3%, Prevención de Enfermedades Endémicas descendió 68,4% y Acceso a Medicamentos, Insumos y Tecnología Médica retrocedió 14,3%.
El capítulo educativo también muestra recortes de gran magnitud. Conectar Igualdad y el Fondo Nacional de Incentivo Docente tuvieron caídas del 100%, mientras que Infraestructura y Equipamiento bajó 96,6%, Acciones de Formación Docente retrocedió 88,8%, Gestión y Asignación de Becas a Estudiantes cayó 87% y Educación Superior descendió 27,9%. En cultura, la Biblioteca Nacional Mariano Moreno bajó 42,7%, el Instituto Nacional del Teatro cayó 61,2% y el Fondo Nacional de las Artes retrocedió 20,6%.
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La ciencia y los organismos técnicos quedaron alcanzados por reducciones persistentes. CEPA registró una baja del 84,9% en el programa de Promoción de la Investigación y la Innovación, junto con caídas de 65,1% en la CONAE, 32,5% en el CONICET, 32,2% en la Fundación Miguel Lillo, 28,7% en el Servicio Geológico Minero Argentino y 27,3% en el Servicio Meteorológico Nacional. En el plano productivo, también bajaron el INTI, el INTA, el INIDEP, el Instituto Nacional de Semillas y el área nacional de industria y producción.
Las políticas sociales combinan caídas en organismos y programas de asistencia. La ANSES bajó 7,3% frente a 2023, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia retrocedió 75,1% y el INAES cayó 82,1%. En programas, Economía Social y el Apoyo al Plan Nacional de Primera Infancia tuvieron bajas del 100%, el Plan Nacional de Protección Social cayó 99%, Comedores Comunitarios y Merenderos bajaron 61% y la Prestación Alimentar retrocedió 39%.
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La obra pública y el transporte integran el bloque de mayores recortes. CEPA informó caídas del 83,8% en la Dirección Nacional de Vialidad, 60,8% en el organismo regulador de aeropuertos, 44,4% en la Agencia Nacional de Seguridad Vial y 40,2% en la Comisión Nacional de Regulación del Transporte. A nivel de programas, Infraestructura en Municipios, Obras de Seguridad en Rutas Nacionales y Consolidación Urbana y Mejoramiento de Barrios llegaron a reducciones del 100%.
Las transferencias territoriales muestran el punto de contacto más claro entre los dos informes. IARAF midió para mayo una baja real del 69,9% en las transferencias devengadas a provincias y municipios, y del 43,8% en las efectivamente pagadas. CEPA, con comparación contra 2023, relevó una baja del 97,3% en cooperación y asistencia técnica a municipios, una caída del 99,3% en asistencia financiera a provincias y municipios y un recorte del 100% en el Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires.
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Las fuerzas federales y las Fuerzas Armadas tampoco quedaron fuera de la reducción real frente a 2023. CEPA registró bajas del 34,1% en la Policía Federal Argentina, 30,7% en la Prefectura Naval Argentina, 30,4% en Gendarmería Nacional y 18,6% en la Policía de Seguridad Aeroportuaria. En Defensa, la Armada Argentina cayó 19,3%, la Fuerza Aérea bajó 18,3% y el Ejército retrocedió 14,6%.
La base caja de IARAF agrega una lectura operativa sobre los pagos concretos de mayo. El gasto primario pagado creció 1,9% real en el mes, aunque acumuló una baja del 4,1% entre enero y mayo. El gasto total pagado subió 5,4% en mayo y 0,5% en el acumulado, otra vez por el peso de los intereses. Dentro de esa medición, crecieron los pagos a universidades en mayo, pero siguieron muy por debajo las transferencias a provincias y municipios, los bienes de uso, los servicios no personales y las ayudas sociales.
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Los dos informes construyen una misma conclusión desde enfoques distintos. CEPA muestra que el gasto nacional conserva una reducción profunda frente a 2023, con deterioro en programas sociales, sanitarios, educativos, científicos, productivos y de infraestructura; IARAF confirma que, aun en la comparación corta contra 2025, el gasto primario continúa por debajo de la inflación, mientras los intereses de deuda empujan el gasto total. El resultado es una ejecución con menos peso para la administración cotidiana del Estado, menos transferencias territoriales y mayor incidencia de los compromisos financieros.
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