

CONFLICTO MAPUCHE: AMENAZAS Y TENSIÓN CON NACIÓN
La derogación de la Ley 26.160 por parte del Gobierno Nacional desató amenazas de comunidades mapuches y encendió alarmas en la Patagonia.
Actualidad11/12/2024

El Gobierno Nacional eliminó la emergencia territorial para las tierras indígenas, generando un fuerte rechazo de comunidades mapuches en Neuquén y Río Negro. “Esta decisión traerá consecuencias que todos lamentarán”, advirtieron.
La Confederación Mapuche de Neuquén calificó la medida como un retroceso en los derechos indígenas y anticipó “enfrentamientos sin control”.
El decreto, firmado por el presidente Javier Milei, argumenta que la emergencia había creado inseguridad jurídica y dificultado el desarrollo económico en varias provincias.
La Ley 26.160, promulgada en 2006, frenaba desalojos y buscaba regularizar las tierras indígenas mediante un relevamiento territorial que quedó inconcluso.
Desde el Gobierno señalaron que las sucesivas prórrogas de la ley propiciaron “abusos del sistema” y conflictos territoriales en lugar de resolverlos.
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“El Estado tiene ahora vía libre para desalojarnos y vender nuestras tierras a intereses capitalistas”, denunciaron desde Río Negro.
En Neuquén, la decisión coincidió con una protesta de la Confederación Mapuche frente a la Casa de Gobierno, liderada por Jorge Nahuel.
Los manifestantes exigieron al gobernador Rolando Figueroa suspender concesiones petroleras en territorios comunitarios sin consulta previa.
“La derogación nos deja librados a una batalla por nuestra existencia”, declaró Nahuel.
La explotación de Vaca Muerta es uno de los puntos más críticos. Desde el Gobierno señalaron “oportunismo inmobiliario” en varias zonas reclamadas por los mapuches.
En Villa La Angostura, miembros de la comunidad Paicil Antriao ocuparon tierras para frenar la obra de la ruta de Circunvalación.
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“Buscan negociar indemnizaciones y lotes fiscales”, denunciaron fuentes oficiales.
Referentes de derechos humanos advirtieron que la medida aumentará los desalojos y los conflictos sociales en el país.
La Confederación Mapuche calificó la decisión de Milei como “un acto regresivo en los derechos de los pueblos originarios”.
En Río Negro, la comunidad advirtió que esta política del Gobierno generará tensiones que podrían escalar en enfrentamientos violentos.
Desde sectores oficialistas, aseguran que la medida busca restablecer la seguridad jurídica y fomentar el desarrollo en áreas de conflicto.
La derogación también eliminó el Decreto 805/2021, que prorrogaba la emergencia territorial y limitaba desalojos.
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“Esta situación no resolverá los problemas, los agravará”, señalaron expertos en derechos indígenas.
Las comunidades mapuches argumentan que la emergencia territorial protegía sus derechos sobre tierras ocupadas ancestralmente.
Los sectores críticos sostienen que muchas comunidades inscritas no cumplían con los requisitos legales para reclamar tierras.
El conflicto incluye intereses económicos ligados a la explotación de recursos naturales y la ocupación de tierras estratégicas.
Las tensiones también se reflejan en el desarrollo de obras de infraestructura como rutas y proyectos turísticos.
Los mapuches sostienen que sus territorios ancestrales no han sido respetados por las autoridades en las últimas décadas.
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La falta de un relevamiento territorial completo es una de las críticas más recurrentes hacia la gestión de la Ley 26.160.
“El Estado nunca cumplió con su parte, pero ahora nos quita la única herramienta de defensa que teníamos”, señalaron referentes mapuches.
La región enfrenta un escenario complejo, con comunidades dispuestas a endurecer sus reclamos y un Gobierno decidido a mantener su postura.
El diálogo parece una opción lejana en un conflicto que se agrava día a día, alimentado por tensiones históricas y políticas.
El impacto de esta decisión podría extenderse más allá de la Patagonia, afectando la relación del Estado con los pueblos originarios en todo el país.




