

RECHAZAN DEMANDA CONTRA PARTIDOS DE IZQUIERDA
El juez Roberto Gallardo falló contra el reclamo del Gobierno porteño, que exigía a agrupaciones políticas el pago de 17 millones de pesos por los destrozos.
Actualidad15/02/2025

La Justicia de la Ciudad de Buenos Aires desestimó la demanda del Gobierno porteño contra partidos de izquierda. El fallo impide que se les cobre los daños generados en las protestas del 18 de diciembre de 2017.
Ese día, mientras la Cámara de Diputados debatía la reforma previsional, se produjeron violentos incidentes en las inmediaciones del Congreso. Las protestas dejaron destrozos en la Plaza de los Dos Congresos y sus alrededores.
El gobierno de la Ciudad exigía que los partidos y manifestantes identificados cubrieran los costos de reparación. Los daños ascendieron a 17.337.639 pesos, según el reclamo oficial.
Entre los demandados figuraban el Partido Obrero (PO), el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT), el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) y el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS).
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También fueron señalados César Arakaki y Sebastián Romero, quienes ya habían sido condenados penalmente por intimidación pública y atentado contra la autoridad agravado.
El juez Gallardo argumentó que las agrupaciones políticas no pueden ser responsables por los actos individuales de sus afiliados o simpatizantes.
“El daño no fue provocado por las personas jurídicas sino, en todo caso, por individuos actuando por cuenta propia”, sostuvo el magistrado.
El fallo también rechazó la demanda contra las 17 personas acusadas. No se presentaron pruebas directas que las vinculen con los destrozos específicos.
El juez explicó que para atribuir responsabilidad a los partidos políticos, debe existir una relación de dependencia o subordinación con quienes cometieron los hechos.
Gallardo destacó que los artículos del Código Civil y Comercial invocados por el Gobierno colisionan con la Constitución. Sostuvo que su aplicación afectaría el derecho a la protesta y la libertad de expresión.
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El magistrado enfatizó que el derecho a manifestarse está protegido por tratados internacionales. Argumentó que responsabilizar colectivamente a partidos políticos atentaría contra el pluralismo democrático.
En su resolución, declaró inconstitucionales los artículos 1761 y 1762 del Código Civil y Comercial, utilizados por el Gobierno porteño en su demanda.
El fallo generó reacciones dispares. Sectores de la oposición criticaron la decisión judicial y exigieron que los responsables cubran los daños.
Desde los partidos de izquierda celebraron el rechazo del reclamo. Consideran que el fallo protege el derecho a la protesta y evita sanciones arbitrarias.
El Gobierno porteño aún no definió si apelará la sentencia. Podría recurrir a la Cámara en lo contencioso administrativo y tributario.
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El debate sobre los costos de los destrozos en manifestaciones sigue abierto. Algunos sectores sostienen que los organizadores deben hacerse cargo de los daños.
Otros creen que obligar a pagar a partidos políticos sienta un precedente peligroso. Consideran que puede usarse para criminalizar la protesta social.
El fallo del juez Gallardo refuerza la jurisprudencia en favor de la libertad de manifestación. Señala límites claros a la responsabilidad colectiva de agrupaciones políticas.
En diciembre de 2017, las protestas contra la reforma previsional fueron masivas. Hubo enfrentamientos con la policía, destrozos y represión en distintos puntos de la ciudad.
Las imágenes de la jornada mostraron una fuerte confrontación entre manifestantes y fuerzas de seguridad. El gobierno de la Ciudad denunció a varios participantes, pero la Justicia consideró insuficientes las pruebas.
El costo de la reparación de la Plaza de los Dos Congresos se incluyó en el presupuesto porteño del año siguiente. Los trabajos de reconstrucción se realizaron entre 2018 y 2019.
El caso plantea interrogantes sobre la responsabilidad en actos de protesta. Determinar quién debe asumir los costos de los daños sigue siendo un tema polémico.
Las protestas en Argentina han sido históricamente un medio de expresión social y política. Sin embargo, los incidentes violentos generan discusiones sobre los límites del derecho a la manifestación.
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Las autoridades buscan mecanismos para evitar daños sin afectar el derecho a la protesta. Algunos proponen que los organizadores de marchas registren garantías económicas previas.
Otros sostienen que el Estado debe garantizar tanto el orden público como la libertad de expresión. El equilibrio entre ambos derechos sigue siendo un desafío en la gestión de protestas.
El fallo podría influir en futuras demandas contra organizaciones políticas. Sentará un precedente para casos similares en el ámbito judicial.
Mientras tanto, la Ciudad analiza estrategias legales para lograr el resarcimiento. No descartan insistir con nuevas acciones judiciales.



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