María Servini y Sandra Arroyo Salgado
La Cámara Federal de San Martín resolvió este jueves que la investigación por el caso $Libra pase al juzgado de María Servini, en la Ciudad de Buenos Aires. La decisión implica que la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, deberá remitir el expediente completo, iniciado tras una publicación del presidente sobre la fallida criptomoneda desde la residencia de Olivos.
El Tribunal de Apelaciones entendió que la justicia federal porteña se encuentra en mejores condiciones para llevar adelante el caso.
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La medida fue dictada por el camarista Juan Pablo Salas, quien dio lugar a una apelación presentada por el fiscal federal de San Isidro. El eje del reclamo era una cuestión de competencia territorial, ya que si bien el origen del expediente radica en Olivos, los hechos investigados se vinculan directamente con una causa previa que ya tramita en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. “Está claro que la Justicia federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue la que previno”, sostuvo el magistrado.
Salas también argumentó que desde el punto de vista procesal y de eficiencia investigativa, “la justicia federal de CABA hoy se encuentra en una mejor posición” que su par de San Isidro. Con esta resolución, la jueza Servini tendrá ahora bajo su órbita ambas líneas de investigación relacionadas al escándalo de $Libra, una criptomoneda lanzada con bombos y platillos, pero que nunca se consolidó en el mercado.
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El caso había tomado notoriedad luego de que el presidente promocionara públicamente el proyecto desde la residencia oficial, lo que motivó una denuncia por posible utilización indebida de instalaciones públicas para beneficios privados.
La criptomoneda, asociada a un esquema que muchos catalogaron como fraudulento, generó pérdidas para cientos de pequeños inversores y levantó sospechas de lavado de dinero.
Aunque la promoción oficial del activo digital fue breve, su impacto fue inmediato. Usuarios de redes sociales acusaron a figuras públicas de fomentar inversiones riesgosas, mientras se multiplicaban los testimonios de afectados por la caída abrupta del valor de $Libra. La justicia intenta establecer si hubo delitos financieros, uso indebido de recursos del Estado y posibles vínculos con estructuras de evasión.
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Con la causa ya radicada en el juzgado de Servini, se espera un avance más coordinado de la instrucción penal. La magistrada ya había ordenado medidas de prueba en un expediente paralelo relacionado con el mismo tema. Ahora, con los casos unificados, se abre la posibilidad de una investigación más amplia y robusta.
Por el momento, no se han definido imputaciones formales contra funcionarios. Sin embargo, fuentes judiciales señalan que el entorno presidencial podría ser convocado a declarar como parte del proceso. También se evalúan movimientos financieros vinculados al ecosistema de $Libra, que podrían derivar en nuevas acusaciones.
La Cámara remarcó que la unificación de causas busca “una administración de justicia más rápida y eficiente”, especialmente en un contexto donde la causa comienza a mostrar ramificaciones complejas. Los querellantes habían pedido este paso desde hace semanas, al considerar que Servini ya había avanzado con medidas clave.
El escándalo de $Libra no solo pone en foco la regulación del mercado cripto, sino también el rol del Estado frente a nuevas tecnologías financieras. El caso podría sentar un precedente sobre cómo se promueven inversiones desde figuras institucionales, y sobre los límites entre lo público y lo privado.
Fuente: N A
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