Alberto Fernandez
Alberto Fernández sigue acumulando complicaciones judiciales tras dejar el poder. Esta vez, la Cámara Federal porteña ratificó su procesamiento en una causa por violencia de género. La denunciante es su expareja, Fabiola Yáñez, madre de su hijo menor.
El fallo fue firmado por los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah, integrantes de la Sala II de Comodoro Py. El camarista Roberto Boico votó en disidencia, pidiendo falta de mérito. Sin embargo, la mayoría decidió avanzar con el procesamiento.
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La causa lo acusa de lesiones leves, lesiones graves agravadas y amenazas coactivas. Todo en el marco de un vínculo con violencia de género. El contexto habría sido la Quinta de Olivos durante su mandato presidencial.
La defensa del expresidente había apelado la decisión de primera instancia. Buscaba revertir el procesamiento y frenar el embargo. Ninguno de esos planteos fue aceptado por la Cámara.
El tribunal también confirmó un embargo de $10.000 millones sobre los bienes de Fernández. El monto busca cubrir eventuales responsabilidades económicas. Se trata de una de las medidas más duras dictadas contra un expresidente.
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Según el fallo, “es probable que los delitos se hayan cometido como relató la víctima”. Los jueces destacaron la situación de desigualdad entre Yáñez y Fernández. “Estaba en una posición de poder abrumadora frente a ella”, expresaron.
El documento judicial también menciona el aislamiento que habría sufrido Yáñez. Se la habría obligado a permanecer en una habitación de huéspedes. Declaraciones de familiares respaldaron este relato ante la justicia.
“No guiaba sus acciones otro propósito que pedir auxilio”, sostuvieron Irurzun y Farah. Valoraron el contexto de reclusión dentro de un espacio estatal altamente custodiado. El hecho de que ocurriera en la Quinta de Olivos le da mayor gravedad institucional.
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Boico, en cambio, consideró que las pruebas no son concluyentes. Señaló que no se pudo precisar la fecha de las imágenes y videos presentados. También cuestionó la falta de otras evidencias que corroboren los hechos.
“La carencia de pruebas debilita la acusación”, afirmó el juez en su voto disidente. Sostuvo que el fallo carece de fundamentos suficientes para avanzar a juicio. Su postura no logró inclinar la decisión final del tribunal.
Ahora el futuro judicial de Fernández queda en manos del juez federal Julián Ercolini y del fiscal Ramiro González. Ambos deberán decidir si elevan el caso a juicio oral. De hacerlo, el expresidente enfrentaría cargos ante un tribunal penal.
Fuente: Ámbito
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