
El Gobierno apelará el fallo judicial que frenó la disolución de Vialidad Nacional
Política17/07/2025

La disputa por el futuro de Vialidad Nacional ingresó en una nueva fase luego de que el Gobierno anunciara que apelará la medida judicial que suspendió por seis meses su disolución, en el marco del controvertido Decreto 461/2025, impulsado por la administración de Javier Milei.

La decisión fue comunicada este jueves por el vocero presidencial Manuel Adorni a través de la red X (antes Twitter), y pone en marcha una estrategia legal para revertir el fallo de la jueza Martina Forns, del Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N°2 de San Martín, quien hizo lugar a una medida cautelar presentada por el gremio SEVINA (Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional).
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La jueza había ordenado frenar por seis meses la ejecución del decreto, en tanto no se resuelva su validez constitucional. El argumento central fue que el Estado no puede modificar unilateralmente las condiciones de trabajo ni suprimir organismos creados por normas con rango legal o autárquico.
El decreto oficial, publicado hace dos semanas en el Boletín Oficial, prevé también la disolución de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y de la Comisión Nacional del Tránsito, como parte del paquete de medidas impulsado por el ministro Federico Sturzenegger en su rol de titular de Desregulación y Transformación del Estado.
Desde SEVINA plantearon que Sturzenegger no tenía facultades para eliminar Vialidad, ya que este organismo fue creado por decreto-ley y goza de autarquía administrativa, lo que impide su disolución por simple acto administrativo. “No se puede eliminar de facto un ente con funciones estratégicas en la infraestructura nacional”, advirtió la secretaria general del sindicato, Emiliana Mcnamara, en declaraciones a Canal Abierto.
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Por ahora, la medida cautelar implica que Vialidad seguirá funcionando con normalidad, y que ningún empleado podrá ser removido, trasladado ni pasado a disponibilidad, hasta que se expida la Justicia sobre el fondo de la cuestión: la legalidad del decreto de disolución.
Mientras tanto, la situación del organismo queda suspendida en un limbo jurídico, que afecta no solo a sus trabajadores, sino también al conjunto de la ciudadanía que depende de la planificación y ejecución de obras viales en todo el país.
La apelación del Gobierno podría elevar la discusión a la Cámara del fuero, y eventualmente a instancias superiores, lo que anticipa una pulseada prolongada entre el Ejecutivo y el Poder Judicial, con fuerte implicancia política, institucional y gremial.






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