Menores y las redes sociales
Tras la conmoción por el caso de Ruby Franke, una youtuber condenada por abuso infantil, Utah sancionó una nueva ley para proteger a niños y adolescentes que participan en contenidos monetizados en redes sociales. La norma establece límites para padres que generan ingresos mostrando a sus hijos, pero también despertó cuestionamientos: especialistas en violencia familiar advierten que podría reforzar el control de adultos abusivos.
La legislación responde a casos como el de Franke, quien durante años mostró una vida familiar ideal en su canal 8 Passengers, mientras en la intimidad sus hijos sufrían castigos extremos, desnutrición y maltrato psicológico. Fue condenada a 30 años de prisión tras ser denunciada por su propio hijo, de 12 años, que logró escapar y pedir ayuda.
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Utah se sumó a estados como Illinois y California, que exigen depositar en fideicomisos hasta el 65% de las ganancias generadas por menores en plataformas como YouTube o TikTok. El dinero estará disponible al cumplir 18 años y puede ser reclamado en caso de incumplimiento.
Los requisitos incluyen llevar registros de la participación de los menores, mantener documentación sobre los ingresos y permitir que los propios chicos puedan iniciar acciones legales si no se respetan sus derechos económicos. También se regula cómo deben dividirse los ingresos cuando hay más de un niño en escena.
Sin embargo, organizaciones de protección infantil y especialistas en violencia doméstica alertan que la normativa no contempla los riesgos del control coercitivo. Esta forma de abuso implica manipulación emocional, aislamiento, humillación y el uso de los hijos como herramientas para someter a otras personas del entorno familiar.
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La experta Emma Katz remarcó que en muchos juicios de familia, estas situaciones son minimizadas como simples conflictos entre padres. Pero las investigaciones demuestran que el 88% de las madres que sufren violencia reportan que sus hijos fueron usados como forma de chantaje o intimidación.
La ley de Utah podría, según Katz, reforzar ese desequilibrio si otorga más poder legal a adultos que en realidad ejercen control y abuso bajo apariencia de autoridad familiar. Por eso, plantea que es necesario repensar la aplicación práctica del sistema, incorporando herramientas como supervisión judicial, acompañamiento terapéutico y protocolos para detectar dinámicas coercitivas en entornos digitales.
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Desde el entorno legal, se sugiere que los tribunales exijan pruebas concretas de daño en los menores para considerar estas situaciones como parte de la violencia familiar. También destacan la necesidad de que el sistema priorice la voz de los niños, muchas veces relegada detrás de la figura del adulto proveedor de contenido.
El debate sobre los límites del “influencer parenting” no es nuevo, pero el caso Franke y las nuevas leyes están catalizando una revisión ética sobre qué rol ocupan los menores en el ecosistema digital, y hasta qué punto están verdaderamente protegidos.
Fuentes: CBS News, Time, Youtube, Fisher Phillips
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