Lázaro Báez (Foto: CNN en Español)
El fiscal federal Abel Córdoba pidió al Tribunal Oral Federal 4 que Lázaro Báez cumpla en prisión los años restantes de su condena. El empresario santacruceño permanece con arresto domiciliario en una estancia del sur. La condena quedó firme la semana pasada cuando la Corte Suprema rechazó todos sus recursos.
El escrito fue presentado formalmente ante el juez Norberto Costabel, encargado de ejecutar la sentencia. Córdoba también pidió que se calcule el tiempo ya cumplido en detención. Solicitó que el resto se cumpla efectivamente en una unidad penitenciaria.
La fiscalía también reclamó prisión efectiva para el abogado Jorge Chueco y el contador Daniel Pérez Gadín, ambos condenados a seis años. Ellos participaron activamente del esquema de lavado que involucró a la empresa Austral Construcciones. Martín Báez, hijo del empresario, podría acceder a la libertad condicional por haber cumplido dos tercios de su pena.
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El caso sumó nuevas detenciones luego del fallo de la Corte. Se entregaron Fabián Rossi, César Fernández, Carlos Molinari, Eduardo Castro y Juan Alberto de Rasis. Todos integraron la estructura utilizada para lavar más de 60 millones de dólares.
Julio Mendoza, exgerente de Austral Construcciones, aún no fue detenido por estar internado en una clínica de Resistencia. La Justicia ordenó consigna policial en su habitación mientras se evalúa su estado de salud. El juez Costabel pidió informes médicos al cuerpo forense y al Servicio Penitenciario Federal.
La Corte Suprema confirmó la condena a Báez con los votos de Rosatti, Lorenzetti y dos conjueces. El juez Carlos Rosenkrantz votó en disidencia y planteó enviar el caso a la Procuración. La maniobra probada fue el lavado sistemático de fondos entre 2010 y 2013.
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La causa tuvo como evidencia central las imágenes difundidas en televisión en “La Rosadita”. En esos videos se veía a los imputados contando grandes sumas de dinero en efectivo. La financiera SGI fue el centro operativo del circuito ilícito.
La estructura incluía empresas locales y extranjeras, cuentas bancarias en paraísos fiscales y movimientos bursátiles simulados. El dinero salía del país, ingresaba a bancos del exterior y volvía disfrazado de inversiones. El circuito permitía lavar millones evadiendo controles fiscales.
La investigación comenzó en 2016 con la detención de Báez y sus colaboradores. Fue instruida por el juez Sebastián Casanello y llevó a juicio a 25 personas. La sentencia se conoció en 2021 y fijó 12 años de prisión para Báez, luego reducida a 10 por la Cámara.
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Los jueces consideraron que existió una organización criminal con fines económicos ilícitos. El lavado se realizó mediante operaciones financieras nacionales e internacionales. Austral Construcciones fue el canal por donde circularon los fondos blanqueados.
Fuente: LA NACION.
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