Guillermo Francos
El Gobierno nacional rechazó el proyecto aprobado en Diputados que mejora los haberes jubilatorios. Guillermo Francos sostuvo que implica un riesgo fiscal que la administración de Milei no está dispuesta a asumir. El texto incluye un aumento de emergencia y una actualización del bono mínimo de la Anses.
“Es de una irresponsabilidad política muy grande”, afirmó el jefe de Gabinete al cuestionar a los diputados. Remarcó que el Estado no puede absorber ese gasto sin recurrir a mayores impuestos. “¿Quieren que aumentemos impuestos?”, lanzó al aire en diálogo con Radio Mitre.
El proyecto contempla un incremento del 7,2% por la inflación de enero y una suba del bono mínimo de $70.000 a $110.000. Fue aprobado con mayoría opositora en la Cámara baja, pero aún debe pasar por el Senado. La Casa Rosada ya anticipó que, si se convierte en ley, será vetado.
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Francos defendió el equilibrio fiscal como un objetivo innegociable para el Gobierno. Dijo que “todos sienten sensibilidad”, pero que esa sensibilidad debe expresarse con responsabilidad financiera. “No podemos cargarle al Estado una decisión que no tiene respaldo presupuestario”, sostuvo.
Además, apuntó contra las moratorias previsionales implementadas por gestiones anteriores. Señaló que 3,8 millones de los 5,7 millones de beneficiarios actuales no realizaron aportes. Cuestionó que se haya prorrogado ese sistema sin contemplar los recursos necesarios.
Según el oficialismo, el objetivo opositor es forzar al Ejecutivo a vetar la ley para exponerlo públicamente. “Nos quieren dejar en una situación incómoda frente a la sociedad”, dijo Francos. “El problema no es solo el aumento, sino el mensaje de romper con la disciplina fiscal”, agregó.
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El proyecto fue acompañado por Unión por la Patria con respaldo de otros bloques y abstenciones clave. La prórroga de la moratoria previsional por dos años también fue aprobada. Encuentro Federal y Democracia para Siempre no acompañaron, pero facilitaron el avance del dictamen.
Francos pidió a los senadores que evalúen con responsabilidad el impacto económico de la iniciativa. “Que digan de dónde sacamos los fondos”, reiteró con firmeza. También mencionó que los refuerzos presupuestarios que recibieron otros organismos no pueden reasignarse sin consecuencias.
La oposición planteó fuentes alternativas de financiamiento que, según afirman, no comprometen el equilibrio fiscal. Entre ellas, la eliminación de exenciones impositivas a sectores concentrados. También propusieron redireccionar partidas destinadas a la SIDE hacia la Anses.
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Además, destacaron que el ahorro por la reducción del costo de deuda externa podría destinarse a jubilaciones. Se trata de unos 3.200 millones de dólares que Argentina no deberá pagar por decisión del FMI. Esa suma, aseguran, podría cubrir el costo de las reformas previsionales.
Francos minimizó estos argumentos y reiteró que el enfoque del Ejecutivo no va a modificarse. “El Presidente vetará cualquier norma que atente contra el equilibrio fiscal”, aseguró. La meta es bajar el gasto, reducir la inflación y consolidar la actividad económica formal.
La tensión entre poderes se profundiza mientras el Senado define su posición. El oficialismo busca frenar el avance del proyecto antes de que se convierta en ley. La oposición apuesta a la presión social sobre el Gobierno.
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Desde la Casa Rosada anticipan que no habrá cambios en la política de austeridad fiscal. Rechazan ceder ante lo que consideran una maniobra política para afectar la imagen presidencial. Milei considera que cualquier desviación fiscal pondría en riesgo su programa económico.
Fuente: LA NACION.
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