Senadores Argentina
Un grupo de senadores de Unión por la Patria presentó un proyecto que podría impactar de lleno en el patrimonio declarado de funcionarios nacionales. La iniciativa exige que quienes integran los tres poderes del Estado repatríen al menos el 50% de sus fondos y activos financieros radicados en el exterior en un plazo de 30 días desde la entrada en vigencia de la norma.
La propuesta, denominada “Ley de recuperación de la confianza financiera”, plantea que los funcionarios que incumplan deberán renunciar a sus cargos. Además, quienes sean designados para una función pública estarán obligados a cumplir con ese requisito antes de asumir, o bien quedarán inhabilitados.
El texto señala que el objetivo es reducir la distancia entre los discursos públicos y las prácticas privadas. Según argumenta el documento, “la repatriación de fondos mostraría la alineación entre lo que se predica y lo que se practica, reduciendo la percepción de casta”.
En sus fundamentos, el proyecto menciona el llamado a confiar en el peso y a usar los dólares ahorrados que formuló el ministro de Economía, Luis Caputo. “Cuando el gobierno pide a la sociedad que reactive la economía con sus dólares, es coherente que los propios funcionarios lideren con el ejemplo”, subraya el texto.
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La norma aplicaría a los tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Es decir, alcanzaría a ministros, secretarios, legisladores, jueces y funcionarios designados de todo nivel. Aclara, además, que la exigencia se limita a los fondos declarados oficialmente por los funcionarios ante los organismos de control.
El artículo segundo del proyecto complementa esta exigencia con una cláusula para los nuevos nombramientos. Si un funcionario electo o designado no cumple con el requisito de repatriar, no podrá asumir. De aprobarse, esto modificaría el criterio habitual de idoneidad y antecedentes patrimoniales.
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Los autores del proyecto no se limitaron a una crítica genérica. Apuntaron directamente a funcionarios actuales y anteriores que, pese a sus cargos, mantienen una parte importante de su patrimonio fuera del país. El texto sugiere que esta práctica afecta la credibilidad de cualquier convocatoria al sacrificio colectivo.
Según los senadores que impulsan la iniciativa, se trata de un gesto político con valor simbólico y práctico. Alegan que no hay compromiso real si quienes administran el Estado se resguardan de sus propias decisiones económicas.
fuente: Ámbito Financiero
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