


ARCA aplica una medida extrema que ya genera alarma en contribuyentes y empresas: la suspensión inmediata de tarjetas de crédito, débito, cuentas bancarias y billeteras virtuales de personas físicas y jurídicas identificadas como “no confiables”. La decisión se oficializó mediante la Comunicación A 8144/2024 y cuenta con el respaldo del Banco Central, lo que refuerza su ejecución en todo el sistema financiero nacional. El organismo fiscal busca frenar maniobras sin respaldo documental y cortar el flujo de dinero con origen sospechoso.

La disposición afecta directamente a quienes figuran en una lista especial elaborada por ARCA, en la que se agrupan CUITs que presentan movimientos irregulares, evasivos o directamente ilegales. El bloqueo no distingue tamaño de actividad: impacta desde pequeños comerciantes hasta grandes sociedades, dejando sin acceso a medios de pago tradicionales, transferencias electrónicas, códigos QR e incluso el uso habitual de sus cuentas corrientes y cajas de ahorro. El circuito comercial, en muchos casos, queda paralizado.
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Mientras tanto, el bloqueo se mantiene firme y sin excepción, lo que obliga a muchos a operar en efectivo o simplemente detener su actividad hasta resolver su situación administrativa. Una vez enviada la documentación, el expediente pasa a evaluación interna y la decisión llega a través del domicilio fiscal electrónico, mecanismo por el cual ARCA notifica cada resolución. La lentitud o rigurosidad del proceso puede acarrear consecuencias económicas severas.
El comercio formal observa con preocupación los alcances de esta política, que si bien apunta a combatir el fraude, también genera efectos colaterales en quienes dependen de herramientas digitales para operar a diario. Profesionales, pequeños negocios y pymes reclaman mecanismos más ágiles para salir del listado y evitar quedar fuera del circuito por errores o demoras injustificadas.
Especialistas en tributación advierten que se inaugura una nueva etapa en la fiscalización digital, donde el cumplimiento tributario ya no solo se mide por la presentación de declaraciones juradas, sino también por la percepción de confiabilidad que otorgue el fisco. Estar en regla ya no basta: ahora se exige una trazabilidad clara y una reputación fiscal sólida para poder mover dinero o vender productos.
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En este contexto de mayor tensión, los indicadores financieros siguen marcando presión. El dólar oficial se ubica en $1.180, mientras el MEP cotiza a $1.176,39 y el informal se mantiene en $1.200. Las tasas de interés también permanecen altas, con un promedio del 31,41% en plazos fijos. A esto se suma un riesgo país en 714 puntos, que refleja la creciente incertidumbre sobre la economía nacional.
La lista de CUITs bajo sospecha promete ampliarse de manera constante, alimentada por cruces de información entre ARCA, AFIP, bancos y billeteras digitales. Cada transacción fuera de los parámetros habituales puede activar alertas automáticas que derivan en un congelamiento preventivo. Esta modalidad, según fuentes oficiales, llegó para quedarse y será parte de un sistema de control más automatizado y permanente.
Quienes consideren injusto el bloqueo pueden presentar un recurso formal de reconsideración, siempre que acompañen la solicitud con los respaldos necesarios. Sin embargo, el tiempo de resolución sigue siendo incierto y el impacto inmediato, demoledor para muchos sectores que ya venían golpeados por la caída del consumo y las restricciones crediticias.









