Envenenamiento impune: la tragedia de la clordecona en las Antillas francesas

El uso del pesticida clordecona en los cultivos de plátanos de Martinica y Guadalupe dejó una herida abierta que aún no cierra. Según el podcast Vida en el Planeta de Radio Francia Internacional, el Parlamento francés debate por estos días una ley que solo reconoce la "responsabilidad parcial" del Estado, pese a las consecuencias devastadoras de haber permitido el uso de una sustancia que ya era conocida como tóxica desde los años 70.

“Fumigaban por vía aérea. Todo el mundo resultó envenenado”, recuerda una extrabajadora de los campos de Martinica, donde la clordecona se aplicó sin protección durante más de 20 años. A pesar de los estudios que advertían sus efectos neurotóxicos, cancerígenos y hormonales, Francia mantuvo su autorización hasta 1993 y no reconoció el problema sanitario sino hasta 2007.

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Las consecuencias son gravísimas. El 92% de la población de Martinica tiene clordecona en la sangre, según datos oficiales de 2018. Las enfermedades incluyen desde trastornos neurológicos hasta cáncer de próstata, cuya tasa es la más alta del mundo en esa región. “A mí me operaron del estómago. Me quitaron todo”, relata otro jornalero en diálogo con RFI.

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El impacto ambiental es irreversible. Más de 20.000 hectáreas siguen contaminadas, la pesca está prohibida en amplias zonas costeras y los estudios estiman que el veneno persistirá en la naturaleza hasta 2070. El ‘plan clordecona’, implementado recién en 2007, intenta mitigar los daños con fondos para salud, educación y agricultura, pero las víctimas lo consideran tardío e insuficiente.

“Durante 50 años se aplicó clordecona sin guantes. Ha habido muchas parálisis faciales y cánceres”, denuncia Yvon Serenus, referente del colectivo de exjornaleros intoxicados. Muchos siguen reclamando compensaciones. Hasta ahora, solo un centenar recibe indemnizaciones mensuales de 300 euros, un monto irrisorio frente al costo de vida local.

El escándalo también evidencia una fractura social: los bekés, descendientes de colonos franceses, controlan la mitad de las tierras en Martinica. “Nos envenenaron para lucrar”, afirma Serenus, señalando la complicidad entre el sector agrícola y el Estado.

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En febrero pasado, un fallo judicial reconoció por primera vez la responsabilidad del Estado francés, aunque solo otorgó un resarcimiento moral. El nuevo proyecto de ley aprobado por el Senado no contempla indemnizaciones automáticas ni un reconocimiento pleno. La reparación sigue lejos.

Material publicado por gentileza Radio Francia Internacional