Gobernadores del centro productivo rechazaron la suba de retenciones al agro

La reciente decisión del Gobierno nacional de aumentar las retenciones a productos agropecuarios reavivó el conflicto con las provincias productivas del centro del país. A partir del 1° de julio, entrará en vigencia el decreto 439/2025 que repone los derechos de exportación para la soja, el maíz, el girasol y el sorgo, luego de una rebaja temporal que regía desde principios de año. Solo se mantendrá la prórroga de beneficios para el trigo y la cebada, una medida que fue considerada insuficiente por los mandatarios provinciales.

Los gobernadores Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos) manifestaron su rechazo de manera categórica. En una serie de comunicados y publicaciones en redes sociales, los tres coincidieron en que la medida es injusta, afecta directamente a las economías regionales y pone en riesgo la sustentabilidad del sector agroindustrial, uno de los motores principales de la economía argentina.

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Desde Córdoba, Llaryora fue enfático en su postura y definió el aumento como “una medida regresiva y perjudicial”. En su publicación, expresó: “Quiero manifestar mi más enérgico rechazo y preocupación ante la reciente decisión del Gobierno nacional de oficializar el aumento de las retenciones al agro. En el complejo contexto que atraviesa nuestro país, esta medida resulta profundamente regresiva y perjudicial para el desarrollo productivo de la Argentina”. El gobernador cordobés no solo criticó la decisión, sino que además contrastó con orgullo las políticas fiscales aplicadas en su territorio, mencionando la eliminación de Ingresos Brutos a la producción, la supresión del Impuesto a la Mera Compra y la inversión del 98% del impuesto inmobiliario rural en infraestructura y servicios para el campo.

Llaryora también advirtió que subir las retenciones significa volver a “frenar” al campo en un momento donde se necesita dinamismo y previsibilidad. Señaló que el campo genera empleo y crecimiento, y que castigar al sector productivo implica trasladar los efectos negativos al interior del país, donde se vive del esfuerzo de las familias rurales. En ese marco, cerró su mensaje con una frase contundente: “Esta decisión asfixia al agro en un momento crítico”.

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Desde Santa Fe, el gobernador Maximiliano Pullaro fue igual de directo en su crítica. Consideró la suba como “un error”, y remarcó que representa una falta de visión sobre el interior productivo. En declaraciones públicas, expresó: “Es no mirar al interior productivo de la República Argentina. Todo lo que se genera en el campo debe quedar en los pueblos y en las ciudades del campo, fundamentalmente. Los gringos, los trabajadores, no se llevan la plata al exterior, no la ponen en cuentas offshore, no la ponen en criptomonedas”. Con ese mensaje, Pullaro defendió la identidad rural y puso el foco en la necesidad de una distribución equitativa que beneficie a las comunidades locales.

Por su parte, Rogelio Frigerio utilizó una estrategia más institucional y se reunió con los referentes de la Mesa de Enlace en Entre Ríos para analizar el impacto de la medida. Luego del encuentro, expresó: “Entre Ríos es el campo, por eso estamos siempre al lado de los productores y vamos a seguir estándolo con hechos concretos, como la reducción de la presión impositiva y el acompañamiento permanente para que Nación empiece a bajar las retenciones hasta su eliminación”. El entrerriano ratificó así su alineamiento con el sector agropecuario y anticipó que sostendrá una postura firme frente a cualquier intento del Gobierno central de avanzar sobre los ingresos del interior.

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Las entidades del agro, que venían dialogando con el Ejecutivo, advirtieron que la medida podría romper los canales de entendimiento. Según trascendió, el malestar en la Mesa de Enlace se profundizó, y varias agrupaciones ya planean movilizaciones en distintos puntos del país. La falta de previsibilidad y el cambio intempestivo en las condiciones fiscales generan desconfianza en los productores, que vienen arrastrando problemas estructurales como la sequía, la inflación en insumos y la caída de precios internacionales.

El Gobierno nacional argumentó que la medida busca sostener el equilibrio fiscal y que las retenciones constituyen una herramienta de recaudación necesaria. Sin embargo, esa justificación no alcanzó para contener el rechazo en las provincias que dependen directamente de las actividades agrícolas. La crítica apunta a que se trata de una decisión unitaria que no contempla las realidades diversas del país productivo, especialmente en un contexto donde se necesitan estímulos y no obstáculos.

Fuente: NA.