Diputados exigen a CGC un informe completo sobre inversiones, empleo y ambiente en Santa Cruz
Actualidad18/08/2025
Sergio Bustos
Legislatura de Santa Cruz.
La Cámara de Diputados de Santa Cruz vivió una sesión cargada de tensión política pero con un desenlace inédito: la unanimidad. Todos los bloques aprobaron el proyecto impulsado por Daniel Peralta, del PJ, que exige a la Compañía General de Combustibles (CGC) un informe integral sobre su actividad en la provincia.
El legislador planteó seis pedidos puntuales. El primero obliga al Ministerio de Energía y Minería a presentar un detalle de las inversiones realizadas, los compromisos asumidos y cualquier incumplimiento de la petrolera en las áreas concesionadas. “Queremos información clara y verificable sobre lo que CGC hizo y lo que todavía debe hacer”, sostuvo Peralta.
El segundo punto se enfoca en el empleo. La Legislatura quiere conocer la cantidad de puestos de trabajo que genera CGC en Santa Cruz, con la precisión de cuántos corresponden a trabajadores locales. El reclamo abarca tanto al personal directo como al que depende de contratistas y proveedores.
La cuestión ambiental aparece en el tercer artículo. Los diputados solicitan a la Secretaría de Ambiente y al Ministerio de Salud un informe sobre el grado de cumplimiento de las normas vigentes. El pedido incluye documentación certificada en relación con la Ley General del Ambiente y la Ley de Residuos Peligrosos.
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En materia fiscal, el cuarto artículo es contundente. El Ejecutivo deberá informar el monto de regalías, cánones e Ingresos Brutos percibidos desde diciembre de 2021 hasta hoy. “Queremos saber cuánto aportó CGC a las arcas de Santa Cruz en los últimos años”, remarcaron en el recinto.
El proyecto también exige conocer el plan de inversiones de la empresa para 2025 y si existen iniciativas de Responsabilidad Social Empresaria en la provincia. Con este pedido, los diputados buscan medir no solo el impacto económico de la petrolera, sino también su aporte social y comunitario.
La aprobación por unanimidad tuvo una explicación concreta. CGC fue citada dos veces por la Comisión de Asuntos Constitucionales y no asistió. La ausencia de la compañía, propiedad de Eduardo Eurnekian, generó malestar en todos los bloques y terminó uniendo incluso a oficialistas y opositores.
El proyecto contempla además la creación inmediata de la Comisión de Seguimiento de Acuerdos Hidrocarburíferos de la provincia, en línea con la Ley 3117. Se trata de un órgano con facultades para controlar en tiempo real la actividad de las empresas que operan en la cuenca austral.
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El trasfondo político incluye también a las gestiones anteriores. Los diputados recordaron que durante los gobiernos de Alicia Kirchner se otorgaron extensiones de áreas a CGC con decisiones polémicas del Instituto de Energía. En aquel entonces, el diputado Matías Mazú se opuso en duros términos, pero las concesiones quedaron firmes.
“Lo que pedimos ahora es una rendición de cuentas total, que abarque tanto la actual gestión de Claudio Vidal como lo hecho en las administraciones anteriores”, señaló Peralta. El pedido apunta a transparentar la relación entre la provincia y una de las operadoras más poderosas del país.
CGC es hoy la mayor operadora en zona norte tras la salida de YPF. Además, integra junto al gobierno provincial y la petrolera estatal el proyecto de explotación no convencional en Palermo Aike, un emprendimiento considerado estratégico para el futuro energético de Santa Cruz.
La salida parcial de YPF dejó a CGC en una posición dominante en la cuenca austral. Ese escenario explica la insistencia de los diputados en exigir información detallada, ya que se trata de la compañía con mayor incidencia en los recursos hidrocarburíferos provinciales.
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En el recinto, varios legisladores remarcaron que la transparencia no puede quedar en manos de las empresas. “La provincia tiene derecho a saber qué se invierte, qué se produce, qué se paga y cómo se cuida el ambiente”, fue la síntesis de la votación unánime.
La pelota queda ahora en el campo de CGC y del Ejecutivo provincial, que deberá canalizar los pedidos a través de los ministerios correspondientes. La presión política es evidente: todos los bloques legislativos esperan una respuesta rápida y precisa.
Santa Cruz abre así un capítulo de control más estricto sobre su principal operadora petrolera. La votación unánime marcó un límite y dejó claro que la Legislatura no aceptará más silencios por parte de la compañía.
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