El caso Cardoso: crónica de un conflicto portuario que escaló hasta el homicidio (1989–1994)

De la unidad sindical en la Cooperativa Solidaridad (1989) a la desregulación portuaria, los choques en el Storni y el asesinato de Néstor “Bocha” Cardoso (julio de 1992). 

 El caso Cardoso fue una herida abierta en la historia gremial de Puerto Madryn y un retrato fiel de los años en que el país debatía su modelo económico, entre la desregulación y la pérdida de certezas. En noviembre de 1989, dos sectores enfrentados del Sindicato Unidos Portuarios Argentinos sellaron la unidad a través de la Cooperativa Solidaridad. Néstor Alfredo Cardoso, conocido como “El Bocha”, asumió la presidencia acompañado por Jorge Méndez, con el propósito de devolver estabilidad a la actividad portuaria. Entre los integrantes de aquella conducción también figuraba Benigno “Tito” Hernández, un joven estibador que más tarde sería protagonista trágico de los sucesos.

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Con el paso de los años, las diferencias resurgieron en un contexto adverso. La aplicación del decreto nacional de desregulación portuaria a comienzos de 1992 cambió las reglas de juego, permitiendo a las empresas operar con personal propio o con nuevas cooperativas. El puerto de Madryn se convirtió en escenario de tensión. La pesquera Harengus contrató a la cooperativa CopSur y los hombres de Solidaridad entendieron que sus fuentes de trabajo estaban en riesgo. La Prefectura reforzó la custodia y el ministro de Gobierno, Juan Carlos Altuna, advirtió que garantizaría la libertad de trabajo. Las declaraciones no calmaron el clima.

A mediados de julio de 1992, el conflicto se tornó visible. Hubo disparos, golpes y denuncias cruzadas entre estibadores de distintas cooperativas. Cardoso llamó a la calma y convocó a una movilización pacífica hacia Rawson para pedir la intervención del Gobierno provincial. “Defenderemos nuestra postura cueste lo que cueste”, dijo en esos días, reclamando una conciliación obligatoria. Las familias portuarias se preparaban para marchar mientras la violencia, soterrada, crecía.

El 18 de julio el muelle Storni amaneció rodeado de efectivos armados de la Prefectura y la policía provincial. Cardoso se presentó allí, reclamó el derecho a trabajar y advirtió ante los medios: “Estamos rodeados, y esto puede terminar en una guerra campal”. Lo acompañaban decenas de obreros. A la semana siguiente denunció que una camioneta de seguridad había atropellado a trabajadores y acusó a Prefectura por el incidente. La situación, que él mismo describió como “un callejón sin salida”, se acercaba a su desenlace más oscuro.

El 31 de julio de 1992, al mediodía, Cardoso llegó al muelle Almirante Storni. Lo esperaba Benito “Tito” Hernández, un estibador de treinta años que había sido su compañero en el gremio y su adversario en la Cooperativa Solidaridad. Según testigos, mantuvieron un breve diálogo. Hernández sacó un arma, apuntó y disparó dos veces a quemarropa. Un balazo en el pecho y otro en la cabeza derrumbaron al dirigente portuario. “Tenés que morir”, habría dicho. Cardoso fue trasladado de urgencia a la clínica San Jorge, mientras el agresor se entregaba a Prefectura tras arrojar el arma al mar.

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La ciudad quedó paralizada. En la clínica se reunieron familiares, estibadores y dirigentes políticos. Los partes médicos eran devastadores. El doctor Daniel Schoenfeld informó que el paciente presentaba daño irreversible en el tronco encefálico y respiración asistida. La gente esperaba en silencio, entre lágrimas y rezos. Dentro del hospital, algunos obreros se cruzaron en una pelea breve, frenada por sus propios compañeros: “Ahora más que nunca tenemos que estar unidos”, les dijeron.

El crimen tuvo repercusión inmediata. Los diarios hablaron de viejos rencores, de disputas internas y de denuncias previas por amenazas. Hernández permaneció detenido a disposición del juez federal Esteban Cerra. El ambiente portuario, golpeado por la pérdida, se replegó en el silencio y el miedo. El asesinato de “El Bocha” marcó el fin de una etapa y el comienzo de un largo proceso judicial.

En agosto de 1993, por orden del juez Jorge Raúl Llarena, se realizó la reconstrucción del hecho en el propio muelle. Participaron testigos, peritos y abogados. Las diligencias confirmaron las posiciones y las trayectorias de los disparos. Un año más tarde comenzó el juicio oral y público en Puerto Madryn. La Cámara Primera del Crimen se trasladó al Centro Nacional Patagónico ante la magnitud del caso.

El fiscal Alfredo Pérez Galimberti sostuvo que Hernández había disparado contra un hombre desarmado, sin justificación, y pidió diez años de prisión por homicidio simple. La defensa, encabezada por Antonio Monge, argumentó que el acusado actuó en legítima defensa o bajo una emoción violenta. Monge habló de amenazas previas, de un clima de corrupción y de la falta de respuesta del Estado. “Defenderse cuando la acción del Estado no llega es un derecho natural”, dijo ante los jueces. Hernández pidió la palabra y, con voz quebrada, expresó su arrepentimiento: “Me arrepiento de haber dejado a un hijo sin su padre y a otros tres sin su imagen paterna”.

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El 19 de agosto de 1994, la Cámara condenó a Benito Benigno Hernández a nueve años de prisión por homicidio simple. El fallo ordenó además investigar a testigos por contradicciones. Hernández escuchó la sentencia con la cabeza gacha y rompió en llanto. Fue trasladado a la Unidad 6 de Rawson para cumplir su pena. Afuera, el silencio de los estibadores condensó el peso de la tragedia.

Entre 1989 y 1994, Puerto Madryn transitó de la esperanza sindical a la violencia gremial, de la unidad de la Cooperativa Solidaridad al asesinato de su líder. El caso Cardoso no fue solo una disputa personal: fue el reflejo de una época en que las reformas estructurales y la desprotección del trabajo llevaron la tensión al límite. Aquellos disparos en el Storni no solo mataron a un dirigente, también cerraron una generación de obreros que había creído en la solidaridad como escudo frente al poder y terminó devorada por sus propias fracturas.