El Gobierno ampliará el poder del Ministerio de Seguridad y creará la Policía Migratoria

El Gobierno Nacional trabaja desde hace meses en un esquema de reforma destinado a modificar la estructura actual del Ministerio de Seguridad. El plan contempla la creación de una Policía Migratoria y la reasignación de funciones que hoy se encuentran bajo áreas civiles, entre ellas la Dirección Nacional de Migraciones, dependiente del Ministerio del Interior. La iniciativa reubica ese organismo bajo la órbita de Seguridad, donde el control fronterizo pasará a manos de personal con formación policial.

La ministra Patricia Bullrich impulsa un diseño que incluye nuevas capacidades para intervenir en pasos legales e ilegales del país. El proyecto plantea que quienes controlen ingresos y egresos del territorio tengan entrenamiento equivalente al de las fuerzas federales, lo que representaría una modificación sustancial respecto al sistema actual. A su vez, se analiza un cambio dentro de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que ampliaría su función más allá de los incidentes en aeropuertos.

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El nuevo modelo toma como referencia organismos internacionales como el United States Department of Homeland Security, aunque con los límites presupuestarios y administrativos de Argentina. La propuesta incorpora tareas vinculadas al análisis de redes sociales, la prevención de amenazas internas y la intervención ante emergencias de origen natural o intencional, junto con la vigilancia de infraestructura sensible.

En este contexto, la Policía Federal Argentina también formará parte de los cambios previstos. La idea oficial prevé un cuerpo especializado de investigaciones para delitos complejos, con funcionamiento similar al trabajo realizado por el Federal Bureau of Investigation. La propuesta requiere modificaciones normativas y acuerdos políticos para avanzar en una nueva distribución de funciones.

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El proyecto fue evaluado con el asesor presidencial Santiago Caputo y con la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. Ambos respaldaron la iniciativa que reorganizará competencias entre Seguridad e Inteligencia, debido a que parte del trabajo en ciberdefensa hoy depende de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). La discusión incluye cómo se administrarán los datos sensibles y qué organismo quedará al frente de cada proceso.

De acuerdo con fuentes consultadas, uno de los argumentos para avanzar con cambios en ciberseguridad es la reticencia de empresas privadas a denunciar ataques informáticos. Las autoridades señalaron que “las compañías evitan reportar incidentes por temor a exponer información sensible”, lo que dificulta el mapeo de amenazas. Seguridad busca que esa información pueda centralizarse bajo un organismo que coordine la respuesta frente a eventos que afecten servicios públicos o bases de datos críticas.

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Otra área incluida en el análisis es la formación de una Policía Migratoria, cuyo objetivo será reforzar la vigilancia en pasos fronterizos sin reemplazar las tareas operativas de Gendarmería Nacional o Prefectura Naval. La iniciativa busca reducir la posibilidad de fugas durante controles y uniformar criterios de actuación ante alertas internacionales. Fuentes del proyecto indicaron que “la presencia de personal civil en puestos sensibles genera dificultades cuando se detecta a personas con pedidos de captura”, por lo que se propone un cuerpo con entrenamiento específico.

La ministra Bullrich también revisó la estructura del Registro Nacional de las Personas, aunque finalmente el organismo permanece bajo Interior. Según detallaron funcionarios involucrados en el análisis, el sistema de identificación necesita mejoras técnicas para optimizar herramientas de reconocimiento. Esto forma parte de un paquete más amplio que será evaluado en etapas sucesivas.

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La sucesora de Bullrich en Seguridad, Alejandra Monteoliva, comparte la orientación del proyecto. El programa de reforma incluye contactos preliminares con referentes de distintos organismos para anticipar los requerimientos legislativos que permitan formalizar los cambios. El Gobierno prevé enviar propuestas al Congreso para actualizar normativas vinculadas a jurisdicciones y competencias federales, en un proceso que se extenderá durante el próximo año.

La articulación entre ministerios será central para definir los límites de cada organismo en la fase de implementación. La agenda contempla tareas asociadas a terrorismo, emergencias, delitos económicos, ciberincidentes y control migratorio. El esquema general sigue en análisis, aunque el objetivo es unificar información dispersa en estructuras que actualmente dependen de áreas distintas del Estado.

Fuente: Diario Clarín, x