Qué actividades realizará el buque de EE.UU. que entrará al Atlántico argentino

La llegada del Roger Revelle a aguas argentinas arrancará el 5 de marzo, pero el permiso quedó atado a una exigencia central sobre datos e informes. Habrá observadora del INIDEP.

La autorización para que un buque científico extranjero trabaje en aguas jurisdiccionales argentinas no se definió solo por el plan de investigación, sino por una condición que apunta al corazón del control estatal: qué información se genera, quién la recibe y en qué momento. En las últimas horas, el Consejo Federal Pesquero (CFP) dio luz verde al ingreso y operación del Roger Revelle, un barco estadounidense que iniciará su campaña el 5 de marzo. La decisión se tomó tras un pedido formal presentado por la Embajada de Estados Unidos y quedó sujeta a una entrega completa de datos y reportes.

El punto más sensible del permiso aparece en una frase que el propio organismo dejó asentada: “la totalidad de los datos básicos, así como los informes preliminares y finales, antes de cualquier publicación”. En otras palabras, el acceso argentino a lo recolectado durante el crucero no queda librado a acuerdos posteriores ni a la buena voluntad del equipo internacional. El CFP enmarcó esa exigencia como parte de la normativa vigente y la necesidad de evitar demoras o conflictos administrativos que suelen involucrar a múltiples áreas del Estado.

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El crucero se realizará dentro del programa internacional GO-SHIP, orientado a medir cambios de gran escala en el océano con campañas comparables en el tiempo. Según lo detallado en el acta, el objetivo central apunta a seguir la evolución de variables oceanográficas estratégicas, con foco en la temperatura del mar, los niveles de oxígeno y la concentración de dióxido de carbono de origen antropogénico en el Atlántico. La comparación se hará con los datos de la última campaña similar, realizada en 2014.

La operación del Roger Revelle corresponde a la Universidad de California en San Diego y el financiamiento proviene de dos agencias de Estados Unidos: NOAA y NSF, según se informó en la documentación analizada por el CFP. En la práctica, se trata de una misión con respaldo institucional fuerte y con estándares propios de investigaciones internacionales de largo aliento. Esa escala también explica por qué la discusión local no se limita a “dejar o no dejar” navegar, sino a asegurar el retorno efectivo de la información.

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En paralelo, el INIDEP expresó su conformidad para sumar presencia argentina dentro del barco: la investigadora Carla Berghoff participará como observadora. Esa figura busca garantizar acceso directo a lo que se mida y se procese durante el relevamiento, además de facilitar el vínculo técnico entre equipos. El esquema apunta a que el país no se entere por publicaciones futuras, sino que cuente con insumos propios desde el trabajo en el mar.

El CFP dejó constancia de que, dentro de su competencia, “no existen impedimentos para autorizar la investigación”, siempre que el operativo respete el marco regulatorio. Esa aclaración marca el tono de la decisión: no se trató de un cheque en blanco, sino de un permiso condicionado y con obligaciones explícitas. También incluyó un llamado a respetar los plazos reglamentarios en solicitudes de este tipo, para evitar idas y vueltas que traben expedientes y sumen intervención de organismos.

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La resolución instruyó a la Coordinación Institucional para que comunique lo decidido y devuelva las actuaciones a la Autoridad de Aplicación. Además, el Consejo fijó que su próxima reunión se realizará el 11 y 12 de febrero de 2026 en su sede, según el acta. En ese calendario, la autorización del Roger Revelle aparece como un tema ya resuelto, pero con condiciones que seguirán bajo seguimiento.

El trasfondo se conecta con una discusión más amplia que cruza ciencia, control y estrategia en el Atlántico Sur. El propio texto lo expresa al señalar que la autorización “vuelve a poner bajo la lupa el control, la supervisión y el acceso soberano a la información científica” que producen buques extranjeros en aguas argentinas. En un escenario de interés geopolítico, esa línea marca por qué el debate no termina en la firma del permiso, sino en cómo se cumplen los compromisos de entrega y trazabilidad de datos.

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Con el cronograma ya marcado para marzo, el foco inmediato pasa por el cumplimiento estricto de la condición impuesta: que la información básica y los informes lleguen al Estado argentino en tiempo y forma, antes de cualquier difusión pública. Ese requisito funciona como el principal resguardo práctico para que el conocimiento generado no quede afuera del país. Y, al mismo tiempo, instala una señal hacia futuras campañas: el permiso se discute tanto por el recorrido del barco como por el destino de sus datos.

Fuente: Crónicas Fueguinas