La Policía fueguina amenaza con un paro y expone su peor crisis salarial

Familiares y efectivos difundieron un mensaje por sueldos que no alcanzan, turnos extensos y atrasos a retirados. Convocan a una protesta con guardias mínimas el 20.

El malestar dentro de la Policía de Tierra del Fuego volvió a mostrarse en público en las últimas horas, después de que familiares de efectivos difundieran un mensaje con denuncias sobre salarios y condiciones de trabajo. El planteo apunta a que la situación dejó de ser un tema interno y ya impacta en la vida cotidiana de muchas familias vinculadas a la fuerza. En ese marco, comenzó a circular una convocatoria a una medida de fuerza que, de concretarse, rompería con la normalidad del servicio.

Según lo expresado por personal en actividad y policías retirados, los aumentos salariales dispuestos por decreto por el gobierno de Gustavo Melella resultan insuficientes frente a la inflación. En el texto que circuló, esas subas fueron calificadas como “aumentos de hambre”, una formulación que busca describir el deterioro del poder de compra. El reclamo se instaló con fuerza porque no se limita a una discusión técnica sobre porcentajes: presenta un cuadro de urgencias domésticas.

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En esa misma línea, quienes difundieron el mensaje remarcaron que “La situación económica del trabajador policial es cada vez más grave”. El señalamiento combina el impacto del salario con el desgaste de las jornadas y la carga horaria, que —según denuncian— achica la posibilidad de buscar otra fuente de ingresos. El resultado, plantean, es una presión creciente sobre quienes sostienen el trabajo operativo y administrativo día tras día.

El deterioro también aparece asociado al ritmo de trabajo y a los límites que impone la función policial. En el mensaje se advierte que la extensión de los turnos, sumada al cansancio acumulado, condiciona cualquier alternativa laboral fuera de la fuerza. En ese contexto, el reclamo sube el tono con una frase que apunta al extremo: “Hay compañeros que están pasando hambre”, un llamado de atención que busca interpelar a las autoridades.

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La situación se describe todavía más crítica en el caso de los policías retirados, que denuncian atrasos prolongados. Según el texto difundido, no cobrarían haberes ni aguinaldos desde hace más de seis meses, un lapso que agrava la incertidumbre en hogares que dependen de esos ingresos. Ese punto suma tensión porque incorpora a un sector que ya no está en funciones, pero mantiene vínculos directos con la institución y con el clima interno actual.

Otro eje del reclamo se concentra en la representación laboral y en lo que definen como desprotección frente a decisiones unilaterales. Los denunciantes sostienen que hay una ausencia total de una asociación civil policial que defienda derechos y canalice negociaciones. En su planteo, ese vacío de representación deja al personal sin herramientas colectivas para discutir condiciones de trabajo y recomposición salarial.

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En ese escenario comenzó a circular una convocatoria a un paro general policial para el 20 de febrero. La propuesta, según trascendió, incluiría una protesta pacífica con faltazos masivos, guardias mínimas y un acampe frente a la Jefatura de Policía. La iniciativa sumaría el acompañamiento de policías retirados, familiares y allegados, un dato que podría ampliar el volumen simbólico y territorial de la manifestación.

El conflicto, además, aparece presentado como parte de un clima más amplio dentro de fuerzas de seguridad de distintas provincias. En el texto se menciona que Santa Fe ya se encuentra autoconvocada y que otras jurisdicciones podrían acoplarse, lo que sugiere la posibilidad de reclamos coordinados. Esa proyección nacional, por ahora, funciona como advertencia: el malestar no se limita a un punto del mapa.

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Mientras tanto, la expectativa se centra en la respuesta del Gobierno provincial y en si habrá una instancia de diálogo que desactive la protesta. Los propios efectivos describen el momento con una frase que resume el límite que sienten haber alcanzado: “ya no da para más”. Con el calendario ya marcado para el 20 de febrero, la tensión crece y el desenlace dependerá de si se abre una negociación antes de que la medida se materialice.

Fuente: Crónicas Fueguinas