La mayor cuenca del país se secó y la disputa judicial por el agua quedó detenida

Mientras La Pampa insiste con reclamos y mesas de trabajo, la cuenca Desaguadero–Salado–Chadileuvú–Curacó sigue sin escurrimiento en territorio pampeano. En el fondo, chocan represas, riego y una Justicia que no mueve el expediente.

La imagen duele por lo que representa y por lo que falta: un sistema hídrico enorme que debería alimentar humedales, sostener suelos y terminar su recorrido en el Colorado, pero que en La Pampa hace años no llega. La cuenca Desaguadero–Salado–Chadileuvú–Curacó atraviesa varias provincias y abarca 315.000 km², y aun así aparece como un territorio “cortado” en el tramo pampeano. El conflicto, además, no se limita a la geografía: se mete en tribunales, en la política interprovincial y en la vida cotidiana de las zonas afectadas.

En ese escenario, el reclamo pampeano se apoya en presentaciones judiciales vinculadas a presas ya instaladas o planificadas en afluentes del Desaguadero, especialmente en San Juan y Mendoza. Sin embargo, desde el entorno de esas actuaciones describen una parálisis que condiciona todo el tablero. Fuentes consultadas por La Arena aseguraron: “no hay nada, porque la Corte con 3 miembros no funciona, no emiten sentencias, ni las más simples. No llegan a acuerdos y los tres tienen posturas muy diferentes”. En la misma línea, agregaron una lectura que, por cruda, también revela el nivel de desconfianza con el momento judicial: “sabiendo como piensan y la jurisprudencia de dos de los miembros, creo que hasta es mejor para La Pampa que no avancen en este momento”.

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El antecedente del río Atuel aparece como una sombra difícil de esquivar porque condensa una frustración previa. En La Pampa recuerdan que ya existe un fallo de la Corte a favor de la provincia, pero que nunca se hizo cumplir en los hechos. Esa experiencia alimenta la idea de que incluso un pronunciamiento favorable puede no traducirse en agua real. Y mientras esa memoria pesa, el Desaguadero y sus brazos siguen sin recuperar continuidad.

En paralelo, la provincia intenta construir una vía institucional por fuera del expediente judicial, aunque no resulte sencilla. El secretario de Recursos Hídricos pampeano, José Gobbi, contó que se buscó avanzar con un esquema de comité de cuenca junto a otras jurisdicciones y Nación. “Uno de los intentos de avance se dio conjuntamente con Nación, Río Negro, Catamarca, Mendoza y Buenos Aires, con quienes hemos tenido reuniones tratando de empezar a desarrollar un protocolo de comité de cuenca”, explicó. Y en la misma frase dejó marcado el nudo que traba cualquier acuerdo amplio: “fundamentalmente San Juan se resiste a participar”.

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Gobbi describió el argumento sanjuanino como una discusión que va a la raíz misma del mapa hídrico: si hay río o no hay río, si es interjurisdiccional o estrictamente provincial. “Ellos directamente no reconocen que el Desaguadero es un río”, señaló, y desarrolló la interpretación que, según indicó, sostiene esa postura. “San Juan, tiene un planteo que como el río San Juan está seco, desde la última represa hacia abajo… ellos dicen que el río San Juan es un río provincial que no es parte de la cuenca del Desaguadero”, explicó. Para el funcionario, se trata de “una interpretación torcida, pero que a ellos les es funcional para negarse a participar de un comité de cuenca”.

La explicación oficial pampeana apunta a una causa concreta: obras y usos que, acumulados, terminan por “comerse” el agua río abajo. Gobbi vinculó la desaparición del sistema a represas en San Juan y Mendoza con destino principal al riego. “La desaparición del Desaguadero, Salado, Chadileuvú, Curacó… se debe a las intervenciones antrópicas por medio de represas en San Juan y Mendoza, en las cuales utilizan absolutamente toda el agua para su oasis de riego”, afirmó. En esa línea, enumeró los afluentes que, según su descripción, quedan secos por debajo de la última obra: “el río Jachal, el río San Juan, el río Mendoza, el río Tunuyán, el río Diamante y el río Atuel”.

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En ese marco, el funcionario elevó el tono para caracterizar el impacto ambiental y político del problema. “La cuenca del Desaguadero, que es la mayor cuenca en términos de superficie de la República Argentina, está seca. Es el mayor desastre ambiental desde el punto de vista hídrico en Argentina, total y absolutamente”, sostuvo. Y añadió una frase que introduce otro elemento sensible, el de los intereses: “Es un desastre ambiental oscurecido, porque hay grandes intereses detrás de que se mantenga esa situación”. La expresión no solo describe un daño ecológico, también sugiere que la falta de solución no se explica únicamente por burocracia o demoras técnicas.

Cuando Gobbi baja el concepto al territorio, habla de costos repartidos de manera desigual. Planteó que el resultado del corte del escurrimiento convirtió a una parte de La Pampa en un espacio que paga el precio de decisiones tomadas aguas arriba. “La desaparición de la escorrentía… implica… la desaparición de la escorrentía del Salado-Chadiluvú-Curacó”, indicó al precisar el tramo pampeano afectado. Y lo sintetizó con una definición cargada de sentido político y social: “transformar a ese sector de la provincia en la zona de sacrificio de la cuenca del Desaguadero”.

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En su lectura, quienes “usufructúan” las represas concentran beneficios y trasladan daños a otros. “Aquellos que usufructúan las represas son San Juan y Mendoza, que se llevan los beneficios y nos imponen los costos a nosotros”, afirmó. Y completó ese razonamiento con el tipo de consecuencias que, según su mirada, se acumulan con el paso de los años: “tanto desde el punto de vista ambiental como desde el punto de vista social”. En esa frase aparece la idea de deterioro del territorio, pero también de efectos sobre comunidades, actividades productivas y formas de vida.

La discusión, entonces, no queda reducida a una pelea técnica por caudales o a una pulseada judicial por papeles. También se vuelve una disputa por reconocimiento de cuenca, por reglas comunes y por el derecho a que un río llegue a donde debe llegar. Entre mesas incompletas, provincias que se niegan a sentarse y una Corte que, según las fuentes citadas, no logra resolver, el sistema sigue seco en La Pampa. Y mientras ese punto muerto se prolonga, el costo se acumula donde el agua dejó de correr.

Fuente: Diario La Arena