
La pobreza en Argentina tiene rostro femenino y el último dato la vuelve más visible
Enfoques08/03/2026
REDACCIÓNUn informe económico por el 8M ubicó a las mujeres en el tramo más golpeado de los ingresos y sumó otros datos que exponen una desigualdad más profunda.

El 64,2% de las personas con menores ingresos en la Argentina son mujeres, según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) basado en datos de la Encuesta Permanente de Hogares al tercer trimestre de 2025. El dato no queda encerrado en una foto aislada sobre ingresos bajos, porque aparece junto con una suba de la desocupación femenina, recortes en políticas públicas y cambios normativos que, de acuerdo con el relevamiento, empujan a una desigualdad económica todavía mayor. La publicación, difundida con motivo del 8 de marzo, ordena esos indicadores dentro de una misma lectura: las brechas de género no se achicaron en el último año, sino que se profundizaron.
El estudio plantea que esa desigualdad se expresa con nitidez en los dos extremos de la estructura económica. Mientras las mujeres concentran casi dos tercios del universo de menores ingresos, el sector de mayores ingresos sigue dominado por varones, que representan el 63% de ese segmento. Esa distancia también aparece reflejada en el sistema tributario, donde las mujeres son apenas el 32,8% de quienes tributan Bienes Personales y el 30% de quienes pagan Impuesto a las Ganancias, una relación que expone una acumulación patrimonial y salarial claramente más favorable para los hombres.


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En el mercado laboral, el informe detecta otro punto de presión. La tasa de desempleo de las mujeres trepó al 7,4%, frente al 5,9% de los varones, una brecha que ya de por sí marca una diferencia sostenida en el acceso al trabajo. Pero el cuadro se vuelve más severo cuando se observa a las jóvenes de entre 14 y 29 años, donde la desocupación femenina casi duplica el nivel general y muestra que el problema no se reparte de manera homogénea dentro del universo de mujeres, sino que golpea con más fuerza a quienes buscan insertarse en las primeras etapas de su vida laboral.
Ese entramado es el que lleva al CEPA a hablar de “feminización de la pobreza”, una expresión que en este caso no aparece como consigna abstracta, sino como síntesis de varios indicadores duros. No se trata solo de que las mujeres ganen menos o estén más expuestas a la precariedad, sino de que ocupan de manera mucho más extendida el escalón inferior del ingreso en el país. Cuando esa realidad se cruza con las dificultades para sostener continuidad laboral, acceder a mejores salarios o consolidar patrimonio, el resultado deja de ser una desigualdad parcial y empieza a mostrar un patrón estructural.
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El informe también coloca el foco sobre el efecto del ajuste fiscal en las políticas destinadas a reducir brechas. Según el análisis del presupuesto 2026, 7,5 de cada 10 programas orientados a disminuir desigualdades de género sufrieron recortes o directamente fueron eliminados. Ese dato modifica el cuadro más allá del diagnóstico estadístico, porque ya no describe solo una desventaja económica existente, sino también una retracción estatal en herramientas que buscaban corregirla o al menos amortiguarla.
Uno de los puntos más sensibles aparece en la política previsional. La moratoria registró un ajuste real del 41,71% y, con la eliminación de esa herramienta, el informe estima que 9 de cada 10 mujeres no podrán acceder a una jubilación ordinaria. La proyección tiene un peso particular porque conecta la desigualdad presente en el mercado de trabajo con una exclusión futura en el sistema previsional, sobre todo en trayectorias laborales atravesadas por interrupciones, informalidad y tareas de cuidado no remuneradas.
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El retroceso también alcanza al sistema de cuidados, un terreno que suele quedar relegado en el debate económico pese a su impacto directo sobre la inserción laboral femenina. El programa de construcción de jardines de infantes fue eliminado y no contempla nuevas obras para 2026, una decisión que el informe ubica dentro de un proceso más amplio de retirada estatal. En esa misma línea, la línea 144 mostró una caída del 23% en el crédito ejecutado entre 2023 y 2025, otro indicador de reducción presupuestaria en dispositivos vinculados con la atención de problemáticas que afectan de modo directo a las mujeres.
El relevamiento agrega además un capítulo sobre la reforma laboral recientemente aprobada y su posible efecto sobre estas brechas. Allí advierte que la incorporación del “banco de horas”, que permite compensar horas extra con descanso en lugar de pagarlas, choca con la necesidad de previsibilidad que requieren las tareas de cuidado. Esa observación se sostiene sobre otro dato del propio informe: las mujeres destinan tres horas más por día que los varones al trabajo doméstico no remunerado, una diferencia que condiciona tiempos, disponibilidad y capacidad de sostener empleos formales bajo reglas más flexibles para las empresas y menos previsibles para quienes cuidan.
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En esa misma dirección, el CEPA cuestiona la derogación de la Ley de Teletrabajo, porque eliminó la única norma que reconocía de manera explícita las tareas de cuidado dentro de la relación laboral. La combinación entre menos regulación específica, menos políticas públicas y más carga de trabajo no pago en los hogares arma una secuencia que el informe considera regresiva para las mujeres. Dicho de otro modo, cuando el Estado recorta instrumentos de cuidado y el mercado de trabajo reduce protecciones, la absorción de esa carga vuelve a recaer sobre quienes ya estaban en posición más desfavorable.
El cuadro que deja el informe no se limita entonces a una diferencia salarial o a una brecha de empleo tomada por separado. Lo que aparece es una cadena más amplia en la que ingreso, patrimonio, acceso al trabajo, jubilación, cuidado y presupuesto público se conectan entre sí y empujan en la misma dirección. En ese mapa, el dato que abre la lectura —que las mujeres representan casi dos tercios del universo de menores ingresos— no funciona como excepción, sino como la expresión más visible de una desigualdad que atraviesa varias capas de la economía argentina al mismo tiempo.
















