Según datos recopilados en 2022, aproximadamente 16,5 millones de argentinos no tienen ingresos suficientes para adquirir una Canasta Básica Total, que incluye alimentos, ropa y transporte. Además, se estima que 3,8 millones de personas viven en situación de indigencia. Analizando los indicadores en un contexto más amplio, se observa una tendencia ascendente de la pobreza y la indigencia entre 2017 y 2019, con un incremento notable durante el año 2020 debido a la pandemia. Sin embargo, en el período posterior a la pandemia, se observa una ligera disminución en la tasa de indigencia, mientras que la tasa de pobreza se mantiene relativamente estable.

De acuerdo con los investigadores del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, los factores que han contribuido a atenuar o revertir esta tendencia creciente de la pobreza e indigencia no están principalmente relacionados con la calidad de los empleos o la evolución de las remuneraciones, sino con las estrategias familiares para obtener recursos y el incremento de la cobertura de políticas públicas. Estas estrategias, que implican un mayor esfuerzo productivo, han sido clave para contrarrestar el impacto negativo de la inflación y garantizar la subsistencia de los hogares.

Al analizar cómo estos indicadores de apagado a diferentes niveles socioeconómicos en áreas urbanas, se observa un crecimiento significativo de la pobreza y la indigencia en las villas y barrios populares, pasando del 9,3% al 22,8% de indigentes y del 57,6 % al 75,9% de pobres entre 2017 y 2020. Sin embargo, después del año 2020, estos indicadores disminuyen para esta población y aumentan para aquellos con un nivel socioeconómico medio-bajo, es decir, ubicados en el tercer cuartil de distribución. Este mismo patrón se repite al analizar los datos según el estrato ocupacional, donde se observa que los nuevos pobres en el período post pandemia provienen de sectores medios no profesionales.

La asistencia social del Estado ha desempeñado un papel fundamental en la contención de estas situaciones de deterioro. Durante el año 2022, el 51,7% de las personas recibieron algún tipo de ayuda o programa social implementado por el Estado. Es importante destacar que la eliminación abrupta de estos programas sociales podría generar un caos económico y social, según advierte Agustín Salvia, jefe del Observatorio de la Deuda Social Argentina. En 2021, en el contexto de la recuperación económica post pandemia, la asistencia social alcanzó al 44,7% de la población.

La presencia del Estado también se refleja en el acceso a servicios básicos, que ha mejorado en el período comprendido entre 2017 y 2022, principalmente debido a una mayor conexión a la red cloacal impulsada por inversiones públicas. Si bien se observa una mejora en todos los estratos socioeconómicos, los sectores marginales han experimentado una evolución más significativa en términos relativos, reducirá de manera considerable su déficit en acceso a servicios básicos. Salvia destaca que la problemática en materia de servicios no difiere significativamente entre aquellos que viven en villas o barrios pobres, lo que subraya la necesidad de abordar estas desigualdades en el acceso a servicios públicos.