NACIÓN DISUELVE LA SECRETARÍA DE VIVIENDA Y PASA A LAS PROVINCIAS

En el marco de la reestructuración del Estado, el Gobierno de Javier Milei anunció la disolución de la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda, mediante el Decreto 70/2025. La decisión se basa en la premisa de que la política de vivienda debe ser gestionada por provincias, municipios y el sector privado, minimizando la intervención del Estado Nacional.

La eliminación de esta Secretaría se produce tras el cierre de tres fondos fiduciarios que administraban programas habitacionales y que, según el Gobierno, registraron falta de controles, irregularidades en la ejecución y un mal uso de recursos públicos.

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El proceso de disolución comenzó con la eliminación del Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (PROCREAR), dispuesto en el Decreto 1018/2024. Una auditoría de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) había detectado demoras en la entrega de viviendas y problemas de habitabilidad en algunas unidades ya adjudicadas.

Posteriormente, el Ejecutivo avanzó con el cierre del Fondo Fiduciario para la Vivienda Social, a través del Decreto 6/2025. Desde el Gobierno señalaron que este instrumento fue utilizado con fines políticos y clientelistas, evidenciando incumplimientos en la ejecución de obras.

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En la misma línea, se trabaja en la disolución del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), lo que marca el final de la administración nacional sobre proyectos de urbanización en barrios populares.

Con la eliminación de la Secretaría de Vivienda, algunas de sus áreas fueron absorbidas por la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Economía. Entre ellas, la Subsecretaría de Integración Socio Urbana (SISU), liderada por Sebastián Pareja, y la Dirección Nacional de Arquitectura, que ahora operarán bajo una nueva estructura.

Para garantizar la transición ordenada de responsabilidades, el Gobierno dispuso la creación de una Unidad Ejecutora Especial Temporaria (UEET), que supervisará la liquidación de los programas hasta que sean absorbidos por las nuevas autoridades provinciales o municipales.

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Desde Casa Rosada justificaron la medida al sostener que el modelo estatal de vivienda fue un foco de corrupción y gestión ineficiente, y que será reemplazado por una estructura basada en el crédito privado y la desregulación del sector.

“El Gobierno Nacional está cambiando el modelo de la corrupción de sueños compartidos por el modelo del crédito privado y la libertad”, señaló un comunicado oficial.