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La Corte Suprema de Justicia resolverá este jueves si concede la licencia extraordinaria pedida por el juez federal Ariel Lijo para asumir en el máximo tribunal. La reunión de Acuerdo de Ministros contará con la presencia de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Manuel García-Mansilla, quien ya juró la semana pasada. Esta definición marcará el futuro del magistrado, que fue designado en comisión hasta noviembre próximo.
El juez Lijo, actual titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal N.º 4, obtuvo la aprobación de la Cámara Federal para tomarse licencia y ocupar su nuevo cargo. El decreto 137/2025 establece su nombramiento en la Corte hasta que el Senado ratifique o rechace su pliego. Sin esa confirmación, Lijo corre el riesgo de quedar en una situación incierta y tener que regresar a su función en Comodoro Py.
Desde algunos sectores judiciales sostienen que la licencia otorgada por la Cámara Federal carece de validez, ya que solo la Corte Suprema tiene la facultad de conceder permisos extraordinarios. En ese sentido, el máximo tribunal podría rechazar el pedido de Lijo y exigirle que renuncie formalmente a su juzgado antes de asumir. Esta postura gana fuerza entre quienes ven en la situación un conflicto institucional sin precedentes recientes.
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El ex juez de la Corte Juan Carlos Maqueda recordó antecedentes históricos que refuerzan esta posición. “En la década del 70, hubo un caso en el que la Corte determinó que un juez no podía pedir licencia en un cargo para asumir otro”, explicó en declaraciones a Radio Rivadavia. Maqueda considera que Lijo debería presentar su renuncia para evitar un vacío legal.
El caso más emblemático citado por Maqueda es el de José Francisco Bidau, quien fue designado en comisión como ministro de la Corte en la década del 60. Cuando el Senado rechazó su pliego, perdió tanto el cargo en el tribunal como su anterior puesto en la Cámara Federal. Para algunos juristas, la historia podría repetirse si Lijo no cuenta con respaldo legislativo.
La Corte Suprema viene manejando el tema con cautela y sin anuncios rimbombantes. La semana pasada, sorprendió con la jura de Manuel García-Mansilla sin mayores actos protocolares, cuando se esperaba una resolución simultánea sobre Lijo. La postergación de la decisión aumentó la incertidumbre y dejó abierta la posibilidad de que el juez federal deba tomar una decisión drástica.
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Mientras tanto, García-Mansilla ya comenzó a ejercer su nuevo rol en la Corte e hizo su primera aparición pública el sábado pasado en el Congreso. Fue uno de los primeros en llegar a la apertura de sesiones ordinarias y recibió saludos de legisladores, gobernadores y funcionarios. Su nombramiento fue más simple, ya que no tenía otro cargo en el Poder Judicial que generara conflictos administrativos.
El Gobierno sigue de cerca la situación y busca que Lijo consiga el aval sin complicaciones, ya que su designación responde a la estrategia del oficialismo de reformar la composición del tribunal. La postura del presidente Javier Milei es clara: la Corte debe funcionar con cinco miembros y el Senado tiene que definir los pliegos lo antes posible. Sin embargo, los tiempos legislativos no siempre coinciden con los deseos del Ejecutivo.
Dentro del propio tribunal existen diferencias sobre cómo manejar este tipo de nombramientos. Ricardo Lorenzetti mostró una actitud más conservadora respecto a la designación en comisión, mientras que Rosatti y Rosenkrantz buscan evitar conflictos internos. El desenlace de esta votación puede marcar un precedente para futuras incorporaciones a la Corte.
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