


La decisión del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) de flexibilizar la barrera sanitaria que protege a la Patagonia del ingreso de carne con hueso y otros productos cárnicos desde zonas con vacunación contra la fiebre aftosa desató un fuerte conflicto entre el Gobierno Nacional y los mandatarios de las provincias del sur del país. Luego de las duras críticas y advertencias de acciones legales por parte de los gobernadores patagónicos, el Ejecutivo decidió suspender la medida por 90 días y convocar a una mesa de diálogo con los actores involucrados.
La resolución, que en un principio permitía el ingreso de carne con o sin hueso desde regiones con vacunación, había sido defendida por el Senasa bajo el argumento de que en los últimos años los muestreos indicaban la ausencia del virus en todo el territorio nacional. Sin embargo, para las provincias patagónicas la medida ponía en riesgo su estatus sanitario, logrado tras más de dos décadas de trabajo.
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Fuerte rechazo y amenazas de medidas judiciales
La noticia de la flexibilización de la barrera sanitaria generó una inmediata y contundente reacción en la Patagonia. Los gobernadores, encabezados por Alberto Weretilneck (Río Negro) y Rolando Figueroa (Neuquén), manifestaron su oposición absoluta a la medida y denunciaron que no habían sido consultados antes de su implementación.
Weretilneck fue uno de los más críticos al calificar la decisión de “un atropello que destruye 20 años de esfuerzo de los productores patagónicos”. Desde su cuenta en la red social X, el mandatario rionegrino sostuvo que “un burócrata de Buenos Aires” pretendía “borrar de un plumazo” todo el trabajo de los ganaderos y frigoríficos del sur del país.
En la misma línea, el secretario de Producción de Neuquén, Juan Peláez, reveló que la medida no fue debatida en el Consejo Federal Agropecuario (CFA), que se reunió recientemente en Trelew con la presencia de autoridades nacionales. “Nos enteramos por los medios. No hubo comunicación previa ni debate en los espacios institucionales correspondientes”, aseguró el funcionario neuquino.
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Desde Tierra del Fuego, el subsecretario de Producción, Emiliano Olmedo, expresó que su provincia se oponía abiertamente a la medida, al igual que el resto de la Patagonia, y cuestionó la falta de diálogo con las provincias afectadas.
El único gobernador patagónico que respaldó la flexibilización fue Sergio Ziliotto, de La Pampa, quien celebró la resolución del Senasa como “el fin de una traba histórica” para la expansión económica de su provincia. Sin embargo, tras la marcha atrás del Gobierno, Ziliotto expresó su malestar y consideró que se trataba de una decisión política para evitar conflictos con los mandatarios patagónicos.
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Gobierno retrocede y abre mesa de diálogo
Frente al conflicto, el ministro de Economía, Luis Caputo, junto al secretario de Ganadería, Juan Pazo, acordaron con los gobernadores la suspensión de la medida por tres meses y la apertura de una mesa de trabajo que funcionará bajo tres ejes:
➡️Potenciar las economías regionales en conjunto con los productores.
➡️Establecer normas específicas para salvaguardar la sanidad y el estatus sanitario patagónico.
➡️Evitar perjuicios a los consumidores, garantizando coherencia en los precios de la carne.
Este giro en la postura oficial busca desactivar la tensión política con los gobernadores, especialmente en un contexto donde el Gobierno Nacional necesita respaldo en el Congreso para avanzar con reformas económicas y acuerdos internacionales.
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El impacto en el sector agropecuario
Las entidades agropecuarias de la Patagonia también manifestaron su descontento con la medida original. Enrique Jamieson, presidente de la Federación de Instituciones Agropecuarias de Santa Cruz (FIAS), advirtió que relajar la barrera sanitaria podría comprometer la actividad ovina en la región y poner en riesgo los mercados de exportación de carne con hueso, lo que afectaría seriamente a los productores.
Desde la Federación de Asociaciones Rurales de Chubut, expresaron que la medida se sumaba a otros problemas estructurales que enfrenta la producción en la región, como el incremento de costos, el impacto del tipo de cambio y la presión de especies silvestres sobre la ganadería.
“Es otro golpe a un sector que ya enfrenta muchas dificultades. No vamos a aceptar que se ponga en riesgo lo que tanto costó conseguir”, sostuvieron desde la entidad chubutense.
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¿Qué puede pasar en los próximos 90 días?
Con la suspensión temporal de la resolución, el conflicto entra en una etapa de negociación en la que el Gobierno Nacional y los mandatarios provinciales intentarán encontrar un punto de equilibrio entre la necesidad de flexibilizar el comercio de carne y la protección del estatus sanitario patagónico.
Mientras tanto, el sector productivo del sur del país espera garantías concretas de que la flexibilización no pondrá en riesgo los logros sanitarios alcanzados en las últimas décadas. Para los gobernadores, esta es una prueba sobre hasta dónde el Gobierno de Javier Milei está dispuesto a escuchar a las provincias y respetar los acuerdos sanitarios que han permitido a la Patagonia distinguirse en los mercados internacionales.



