ARGENTINA EMBARGADA EN US$ 209 MILLONES POR BONOS DEFAULTEADOS EN 2001
El fondo Attestor Master Value tomó posesión de activos argentinos en la Reserva Federal de Nueva York. La deuda pendiente asciende ahora a US$ 251 millones.
Actualidad19/03/2025
REDACCIÓN
Dólares
Argentina enfrenta un nuevo golpe financiero tras la ejecución de un embargo por US$ 209 millones, derivado de la derrota en un juicio por bonos emitidos en la década de 1990 y defaulteados en 2001. La medida, impulsada por el fondo Attestor Master Value, se concretó luego de que la jueza estadounidense Loretta Preska diera luz verde al reclamo de los acreedores, en línea con un fallo previo de la Corte Suprema de EE.UU. que había rechazado la apelación argentina.
Este embargo forma parte de una serie de litigios abiertos contra el Estado argentino por bonistas que nunca aceptaron ingresar a los canjes de deuda realizados en 2005, 2010 y 2016. En total, ocho fondos acreedores tienen fallos favorables por un monto de US$ 460 millones, de los cuales US$ 209 millones ya han sido ejecutados, dejando un saldo impago de US$ 251 millones.
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El litigio en cuestión se originó cuando bonistas que adquirieron Bonos Brady—instrumentos de deuda reestructurados en la década del ‘90—nunca ingresaron a los canjes posteriores y mantuvieron sus demandas contra el Estado argentino. En 2022, estos acreedores obtuvieron un fallo a favor que les permitía embargar activos argentinos depositados en la Reserva Federal de Nueva York.
Argentina apeló esta decisión, pero en enero de 2025, la Corte Suprema de EE.UU. rechazó su pedido, allanando el camino para que Preska ordenara la ejecución del embargo en febrero. Finalmente, el fondo Attestor Master Value tomó posesión de los activos, mientras otros acreedores buscan obtener parte de los colaterales embargados.
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El especialista en litigios internacionales Sebastián Maril, director de Latam Advisors, explicó en la red social X que el embargo se concretó sobre los activos argentinos asociados a los Bonos Brady que vencieron en 2023 y entraron en default en 2001. La reserva de estos activos había sido mantenida como garantía en la Reserva Federal de Nueva York.
El impacto de esta medida judicial es significativo. Por un lado, Argentina pierde acceso a estos activos en un contexto de extrema fragilidad económica y financiera. Por otro, la ejecución del embargo podría abrir la puerta a nuevas acciones de otros acreedores, que ven en esta situación una oportunidad para avanzar en la recuperación de sus créditos impagos.
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Uno de estos fondos es Bainbridge Fund, que solicitó acceder a una parte de los activos embargados. Sin embargo, la jueza Preska rechazó congelar todos los fondos, autorizando únicamente una ejecución parcial de US$ 100 millones.
Este desenlace también expone la vulnerabilidad de Argentina en los tribunales internacionales y la falta de una estrategia efectiva para resolver su endeudamiento. La deuda con acreedores privados sigue siendo un problema estructural para el país, que ya en 2014 enfrentó un conflicto similar con los denominados "fondos buitre", que derivó en embargos y negociaciones adversas para la nación.
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El saldo pendiente de US$ 251 millones podría derivar en nuevas ejecuciones de activos en el extranjero si el Estado argentino no presenta una solución a los bonistas. La falta de acuerdos y la continuidad de la vía judicial pueden agravar aún más la situación financiera del país, que ya enfrenta dificultades para acceder a mercados de crédito internacionales.
El gobierno deberá evaluar si busca una negociación directa con los acreedores o si continúa litigando en los tribunales estadounidenses, una estrategia que hasta ahora no ha dado resultados favorables. Además, se mantiene la incertidumbre sobre qué otros activos argentinos en el exterior podrían ser embargados en el futuro.
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