CAMMESA
La deuda de las distribuidoras de energía con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA) sigue creciendo y ha alcanzado una cifra millonaria. Un informe reciente revela detalles sobre el mecanismo mediante el cual las empresas retuvieron pagos intencionalmente, mientras los usuarios fueron obligados a cubrir el déficit a través de aumentos tarifarios y subsidios.
El documento, que explica la acumulación de deuda desde septiembre de 2023 hasta marzo de 2024, señala que las distribuidoras utilizaron el impago a CAMMESA como una estrategia financiera y política.
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A pesar de los aumentos tarifarios de hasta 320% en algunos casos, muchas compañías siguieron sin pagar lo que debían al mercado mayorista de energía. Ahora, gracias al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 186/2025, tendrán hasta seis años para regularizar su deuda, con un año de gracia y una tasa preferencial muy por debajo de la inflación.
El impacto de esta situación recae sobre los consumidores, quienes han pagado dos veces por el mismo servicio: una a través de sus tarifas eléctricas, y otra mediante los subsidios que el Estado destinó para cubrir el rojo financiero de CAMMESA.
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¿Quiénes son los mayores deudores?
El informe detalla que la deuda total de las distribuidoras asciende a una cifra billonaria y que las principales empresas privadas del sector encabezan el listado de incumplidores:
➡️Edenor: $282.910 millones.
➡️Grupo DESA (que controla EDEN, EDES, EDEA, EDELAP y EDESA en la Provincia de Buenos Aires): monto no especificado, pero en segundo lugar en el ranking.
➡️Edesur: $163.922 millones.
➡️Resto de distribuidoras y cooperativas: $451.340 millones (el 39% del total).
En total, la deuda con CAMMESA asciende a $1.158.988 millones, una cifra que pone en jaque la estabilidad del sistema eléctrico y genera dudas sobre la capacidad de pago real de las distribuidoras.
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Un plan de pagos hecho a medida de las distribuidoras
Con la deuda consolidada y legitimada mediante el DNU 186/2025, las empresas tendrán 72 meses para saldar su mora, con un año de gracia y una tasa de interés preferencial del 50% de la tasa del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). Esto implica que, con la tasa actual, pagarán apenas un 20% anual, cuando los aumentos tarifarios proyectados superarán ampliamente ese porcentaje.
Este esquema de regularización significa que las distribuidoras retuvieron el dinero que debían pagar, lo utilizaron para financiarse sin costo y ahora lo devolverán en cómodas cuotas, con una carga mínima sobre sus balances.
Un doble pago a cargo de los consumidores
Según el informe, los contribuyentes han financiado este déficit de dos maneras:
➡️A través del pago de impuestos, que el Estado utilizó para cubrir el rojo de CAMMESA y evitar el colapso del sistema eléctrico.
➡️Mediante el incremento de tarifas, que convirtió el precio de la energía en uno de los más elevados en términos reales de los últimos años.
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Los especialistas que analizaron el caso explican que el problema estructural del sistema eléctrico persiste, a pesar de los aumentos aplicados, porque las distribuidoras siguen reteniendo parte del dinero en lugar de saldar sus deudas.
Distribuidoras provinciales: la deuda como moneda de cambio política
Otro punto destacado del informe es la diferencia en el nivel de incumplimientos entre provincias. Según los datos analizados, los mayores retrasos en los pagos corresponden a empresas y direcciones provinciales de distritos alineados con el gobierno.
Las jurisdicciones con mayor incumplimiento incluyen: Corrientes, Salta y Santa Fe.
Este hallazgo refuerza la hipótesis de que el impago de la deuda con CAMMESA no solo fue un problema financiero, sino también una herramienta de negociación política.
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Silencio del sector y falta de transparencia
El informe resalta que muchos exfuncionarios del área energética y consultores prefieren no hablar del tema. Entre las pocas voces que han analizado la situación, se ha señalado que CAMMESA cubrió el déficit con ingresos corrientes, lo que significa que los usuarios terminaron asumiendo el costo sin saberlo.
Este panorama ha generado una fuerte controversia en el sector, ya que ninguna consultora ni organismo oficial se ha hecho cargo de la auditoría del proceso.
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