Bayer recibió un nuevo revés judicial en Estados Unidos. Un jurado de Georgia la encontró responsable por los efectos cancerígenos del herbicida Roundup.
Actualidad23/03/2025
Sergio Bustos
La empresa deberá pagar u$s2.100 millones a un demandante. Ya suma más de 60.000 demandas en el mundo.
El fallo sacudió los pasillos de la industria química global. Un jurado del estado de Georgia, en Estados Unidos, ordenó a Bayer pagar u$s2.100 millones a un hombre que aseguró haber contraído cáncer por el uso prolongado del herbicida Roundup. La sentencia representa una nueva derrota judicial para la multinacional alemana, que ya enfrenta miles de reclamos por el mismo producto.
La denuncia fue presentada por un ciudadano que usó Roundup durante años y desarrolló un linfoma no Hodgkin. La demanda apuntó directamente al glifosato, el componente principal del herbicida, como causante de la enfermedad. El jurado falló a su favor tras escuchar los testimonios médicos y las pruebas científicas acumuladas en la causa.
“El jurado envía un mensaje claro. Esta corporación necesita un cambio de arriba a abajo”, señalaron los abogados del demandante al conocerse el veredicto. Consideraron que la indemnización es ejemplificadora. En total, el fallo ordenó el pago de una suma multimillonaria, dividida en compensaciones por daños y perjuicios y sanciones punitivas.
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Bayer anunció de inmediato que apelará el fallo. La empresa insistió en que el producto es seguro cuando se utiliza correctamente. También volvió a citar estudios que lo avalan. Sin embargo, el jurado no aceptó esos argumentos. La acumulación de sentencias adversas empieza a pesar más que las explicaciones corporativas.
El Roundup no fue desarrollado por Bayer. El herbicida llegó a sus manos en 2018, cuando compró la empresa agroquímica estadounidense Monsanto. La operación se cerró por u$s63.000 millones. Desde entonces, la marca alemana arrastra el legado legal de Monsanto y enfrenta una lluvia de demandas por los posibles efectos cancerígenos del producto.
Solo en Estados Unidos, Bayer acumula más de 60.000 causas judiciales vinculadas al Roundup. Muchas de ellas aún están en trámite. Otras terminaron en acuerdos millonarios. Hasta ahora, la compañía ya pagó cerca de u$s10.000 millones para resolver reclamos individuales o colectivos. El costo de defender la herencia de Monsanto resulta cada vez más alto.
En algunos países, el producto está prohibido. En otros, como Argentina, se debate su regulación. La Organización Mundial de la Salud clasificó al glifosato como “probablemente cancerígeno” en humanos. Esa advertencia disparó el conflicto global en torno al herbicida. Desde entonces, los tribunales reciben cada vez más denuncias.
El caso reciente no es el único. En enero de este año, un jurado de Filadelfia también condenó a Bayer a pagar una cifra incluso mayor. La víctima fue John McKivison, un hombre de 49 años que usó Roundup durante más de dos décadas en su campo. Fue diagnosticado con linfoma no Hodgkin y responsabilizó al herbicida.
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La sentencia en Filadelfia ordenó una indemnización de u$s2.250 millones. El jurado coincidió en que la exposición prolongada al producto representó un riesgo no informado. También consideró que la empresa ocultó deliberadamente los posibles efectos adversos del glifosato. Ese juicio fortaleció otras causas en curso.
Las demandas argumentan que Bayer y Monsanto conocían los riesgos del glifosato y no advirtieron a los consumidores. En muchas etiquetas, el producto no mencionaba su potencial cancerígeno. “Sabían el riesgo y no hicieron nada”, acusaron los abogados en varios de los procesos judiciales.
El Roundup se convirtió en el herbicida más utilizado en el mundo. Su facilidad de aplicación y su efectividad para eliminar malezas lo convirtieron en una herramienta clave en el modelo agroindustrial. Se usó en campos, jardines, espacios públicos y hasta en zonas urbanas.
Con el tiempo, empezaron a acumularse estudios científicos que señalaban riesgos para la salud. Investigaciones médicas, trabajos universitarios y reportes ambientales coincidieron en que el glifosato podía afectar el sistema inmunológico y generar mutaciones celulares. La polémica creció en paralelo con la expansión del producto.
En 2023, Bayer registró pérdidas por 2.941 millones de euros. También redujo su facturación en más de seis puntos porcentuales. La caída se atribuyó en parte a los costos judiciales, las indemnizaciones y la baja en ventas del Roundup. La empresa ya no lo promociona como antes.
Para contener el impacto, Bayer decidió limitar su uso doméstico en algunos mercados. También creó un fondo especial para enfrentar los reclamos. Ese fondo destina dinero exclusivamente a acuerdos y sentencias. La idea es frenar la sangría económica sin admitir culpa legal.
A pesar de estos cambios, el Roundup sigue en circulación en gran parte del mundo. En sectores rurales, su uso continúa con normalidad. En entornos urbanos, algunos municipios lo prohíben por ordenanza. El debate crece en escuelas, hospitales y espacios públicos donde se aplicó sin control.
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Las organizaciones ambientales insisten en su prohibición total. Denuncian una estrategia de desinformación sostenida durante décadas. Acusan a Bayer de ocultar pruebas internas, manipular estudios y presionar a organismos reguladores. El Roundup se convirtió en símbolo de los excesos de la industria química.
Las nuevas condenas reactivaron esa discusión en América Latina. En Argentina, organizaciones como la Red de Médicos de Pueblos Fumigados volvieron a reclamar una revisión urgente de las autorizaciones vigentes. También señalaron que existen alternativas agroecológicas viables, pero no reciben el mismo respaldo.
Las escuelas rurales son parte central del conflicto. Muchos docentes denunciaron aplicaciones cercanas durante el horario escolar. También se detectaron residuos de glifosato en el agua, en frutas y hasta en sangre de pobladores rurales. “Los chicos conviven con los agrotóxicos todos los días”, denuncian desde esas zonas.
El Estado argentino mantiene habilitaciones para productos con glifosato. Algunas provincias establecen límites de distancia para su aplicación. Otras delegan la decisión a los municipios. La regulación avanza de manera desigual y con escasa fiscalización. Las comunidades afectadas exigen normas claras y urgentes.
Bayer intenta preservar su imagen en medio de la tormenta. En sus comunicados oficiales, reitera que el Roundup no genera cáncer y que cumple con todas las regulaciones. También acusa a los medios y a los abogados demandantes de generar pánico infundado.
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Los jurados populares en Estados Unidos no aceptan esos argumentos. Las sentencias recientes muestran una tendencia firme: la justicia comienza a responsabilizar a las grandes empresas químicas por los efectos de sus productos. Las víctimas se organizan, presentan pruebas y ganan causas millonarias.
La condena de Georgia no será la última. Hay cientos de juicios en curso. Cada sentencia abre la puerta a nuevas demandas. Bayer enfrenta una crisis estructural que no se resuelve con comunicados. El costo económico se vuelve tan alto como el daño a su reputación.
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